Entre el 6 y el 8 de julio de 1977 un grupo de tareas de la dictadura cívico militar, produjo la desaparición, tortura y muerte de un grupo de abogados y abogadas de trabajadores, entre ellos el propio redactor de la Ley de Contrato de Trabajo, Dr. Norberto Centeno. La Ley fue sancionada en septiembre de 1974. Esa misma Ley que este año cumple 50 años de vigencia, fue alterada en su finalidad protectora en abril de 1976 por esa misma dictadura y sus beneficiarios económicos y financieros. La miseria planificada tenía un propósito claro, modificar para siempre la matriz productiva y con ello el proceso de acumulación del capital, que optará, con alguna interrupción durante los gobiernos nacionales y populares de 2003 a 2015, por acumular ganancias de la renta agraria y financiera; para lo cual era necesario destruir las leyes laborales y masacrar a trabajadores y a sus defensores.
No fue la única vez que pretendieron cristalizar en reglas la liquidación de normas protectorias suplantándolas por modos cada vez más rudimentarios e ilegales de destrucción de derechos laborales, así lo hicieron entre los años 1990 y 2001 y en 2017, aunque Macri no pudo convertir su deseo en realidad parlamentaria porque la calle se lo impidió. Lo que no impidió fue empeorar las condiciones de trabajo y provocar la destrucción grave del poder adquisitivo del salario. En la nueva versión de la misma política económica, el gobierno iniciado hace algo más de 6 meses arremetió con dos textos, el primero con el DNU 70/23 y el otro con la reciente aprobación del esperpento de la Ley Bases. Las inconstitucionales reformas, no son lo peor que atravesarán los trabajadores y trabajadoras de nuestra Patria.
Cuando algo más del 30% de los sectores de trabajo gozan hoy de alguna protección legal, cuando los datos arrojarán pronto un 40% de trabajadores no registrados, cuando los monotributistas y autónomos aumentan a ritmo acelerado, cuando hay trabajadores y trabajadoras asalariados que no alcanzan a cubrir la Canasta Total y son pobres y mientras otra porción no llega a cubrir la Canasta Básica y están en la línea de indigencia, las modificaciones que agreden la legalidad constitucional solo son una porción menor del problema que viven los trabajadores actualmente. Cuando dejamos de generar derechos para quienes están afuera de todo sistema, cuando dejamos a monotributistas y autónomos alejados de políticas públicas y laborales inclusivas, cuando sometemos a trabajadores y trabajadoras autogestionados y quienes se insertan en Cooperativas de Trabajo a la mirada compasiva de políticas sociales paupérrimas y no laborales, cuando no dimos mínima protección a las cientos de miles de mujeres al frente de comedores comunitarios y realizando a diario tareas de cuidado no reconocidas por los gobiernos nacionales desde 2015 en adelante, cuando solo miramos al asalariado privado y abandonamos a su suerte al asalariado público; cuando todo esto sucede, le firmamos partida de defunción a nuestra querida e histórica Ley de Contrato de Trabajo.
No es de extrañar que los gobiernos usureros y bandidos lo hagan, es parte de su programa de saqueo, lo grave es que desde los espacios propios sigamos mirando para otro lado. Cada vez que dejamos de lado a un trabajador o trabajadora y la alejamos de la protección de la Ley, lo que hacemos es convertir la Ley general en un módico beneficio para unos pocos. Es repudiable e ilegal cuando lo hacen los gobiernos inescrupulosos, es preocupante cuando lo hacemos desde los actores sociales que nos dedicamos al derecho laboral. “El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador (…)” dice el recitado artículo 14 bis de la Constitución Nacional en 1957, Constitución que no aplaudimos ni reivindicamos porque dejó al peronismo perseguido, torturado y proscripto, pero que está vigente.
Pues es hora de honrar seriamente la memoria de nuestros mártires abogados y abogadas de trabajadores y no cesar hasta que todos los trabajadores y trabajadoras alcancen los derechos laborales en condiciones de dignidad, derechos a la Seguridad Social y pleno acceso a una vivienda digna, bregar sin descanso por la modificación definitiva de la matriz productiva y repensar un país donde las alternativas productivas sean del sector empresario privado, pero también con trabajadores y trabajadoras que gestionen los medios de producción con capacidad para discutir la distribución de las riquezas con los sectores del poder real y comenzar a rediseñar los límites del derecho de propiedad, por una Patria Socialmente Justa, Económicamente Libre y Políticamente Soberana, como creían nuestros mártires a los que recordamos hoy.
Abogado laboralista de Fetraes
