Fueron más de 15 años de una campaña de odio, desprestigio y acusaciones contra la expresidenta. La vendetta de Clarín, el rol de Washington y del halcón republicano Marco Rubio. “Si me pasa algo, miren hacia el norte”, había anticipado CFK. Dos semanas después de su condena, hubo fiesta en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
Fue el 30 de septiembre de 2014, en horario central y por cadena nacional. Cristina Fernández de Kirchner alertó: “Saben que soy la última barrera infranqueable para que vuelvan a endeudar al país o para que se caiga la reestructuración de la deuda o para que se haga cualquier cosa con los trabajadores”.
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La presidenta avisó: “Si me pasa algo, miren hacia el norte”.
Las declaraciones se dieron en el marco de la disputa entre la Argentina y los fondos buitres que, de la mano del juez de Nueva York, Thomas Griesa, buscaban tirar abajo la reestructuración de la deuda externa llevada adelante con los canjes de 2005 y 2010 por los gobiernos kirchneristas.
El plan sistemático de persecución contra Cristina ya había comenzado. Y no se detuvo más. Ni el martes 10 de junio de 2025 cuando los cortesanos confirmaron su condena a 6 años de prisión y la prohibición para ejercer cargos públicos nacionales de por vida. Léase: proscripción.
Los buitres al ataque
Cuando Griesa aceptó el pedido de los fondos buitre y declaró a la Argentina en “desacato”, para Cristina no hubo sorpresa: “Tal vez decidan ponerme presa si vuelvo a Nueva York. Pero voy a ir igual cuando tenga que ir”, desafió. A la vez, cuestionó el momento en el que se produjo la resolución judicial: “No soy ingenua, pues todo esto no es casual, no puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil de Nueva York: sería una ingenuidad, y no soy ni ingenua ni estúpida. Y los buitres se parecen también a las águilas, tienen el mismo perfil.”
La referencia al águila, uno de los emblemas de Estados Unidos, no fue inocente. El 8 de febrero de 2014 el bloque de diputados del Frente para la Victoria suscribió un proyecto de declaración en repudio a las afirmaciones de los legisladores norteamericano Marco Rubio y Bob Menéndez, en favor de los fondos buitres por resultar “agraviantes e irrespetuosas”. Y considerarlas “calumniosas y ofensivas”.
Rubio, representante de Florida en el Senado desde el 2010, era por entonces una estrella emergente entre los republicanos, líder del Movimiento del Tea Party, una de las alas más conservadoras del partido, abogó siempre por una política intervencionista de los Estados Unidos.
La American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de lobby de los fondos buitre contra la Argentina, lo felicitaba públicamente al tiempo que Paul Singer, el fundador de NML Capital, uno de los principales litigantes contra el país en los tribunales estadounidenses, lo invitaba a eventos organizados en su casa y le hacía abultados aportes de campaña para las elecciones a senador.
El 16 de noviembre de 2011 Robert Raben, director ejecutivo de la American Task Force Argentina señaló que “la negativa del gobierno argentino para pagar sus deudas pendientes no puede ser tolerada, no es posible que el país siga eludiendo sus responsabilidades financieras y espere que las instituciones financieras internacionales, de las cuales Estados Unidos es un importante contribuyente le siga prestando dinero”.
En 2012, durante una charla sobre política exterior en el Council of Foreign Relations en Nueva York, Marco Rubio cuestionó la falta de alineamiento del sur del continente: “Mire lo que pasa en Argentina. La presidenta argentina Kirchner nacionalizó instituciones y suele hablar muy mal de Estados Unidos”.
Un pacto con el diablo
En 2013, Argentina firmó un Memorándum de Entendimiento con Irán; el acuerdo buscaba establecer una “Comisión de la Verdad” para investigar el atentado a la AMIA (1994) e incluía la posibilidad de interrogar a los iraníes acusados por el atentado y el intercambio de información entre ambos países.
Por entonces, en los principales diarios europeos se publicaba un afiche que mostraba a Cristina junto al entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad y la pregunta: “¿Un pacto con el diablo?”.
La presidenta responsabilizó de esa campaña a los fondos buitres, las solicitadas eran pagadas por la Task Force Argentina. ¿Para qué? Para quebrarla con el objetivo de que pagase lo que reclamaban los representantes de la carroña del capitalismo financiero.
La “Justicia” argentina lo declaró inconstitucional en 2014, al igual que a la ley 26.843 sancionada en el Congreso nacional que lo aprobó. La decisión fue apoyada durante el trámite por el fiscal general Alberto Nisman (a cargo de la causa AMIA) que aparecería muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de Puerto Madero.
A los 10 días, Marco Rubio -la pata política de los buitres- emitió desde Washington un comunicado en el que consideró “sospechosa” la muerte de quien investigaba el rol de Irán en el atentado contra la mutual judía, en julio de 1994, en la ciudad de Buenos Aires.
“La Cámara de Representantes de los Estados Unidos invitó al doctor Nisman a testificar ante el Congreso el año pasado, pero su gobierno no le dio permiso. Tengo la intención de explorar formas de garantizar que la investigación exhaustiva del doctor Nisman sobre el papel de Irán en la AMIA y sus extensos informes sobre la penetración de Irán en América Latina reciban la atención que merecen”, expresó Rubio.
El senador venía siguiendo de cerca el trabajo del fiscal argentino, algo que narraban las crónicas de la época en la prensa extranjera. Dexter Filkins (The New Yorker) cuenta que “con un gran personal y un gran presupuesto, cultivó relaciones con analistas de inteligencia estadounidenses, grupos de expertos conservadores y el personal del senador Marco Rubio, que realizaba un seguimiento de su trabajo.”
Rubio calificó la reacción a la muerte de Nisman por parte de la presidente argentina como “extraña, cuando menos”; y aseguró -en una carta enviada a Barak Obama- que es “difícil” confiar en que el gobierno argentino lleve a cabo una investigación completa e imparcial sobre el suceso.
“Los intereses e implicaciones del caso van mucho más allá de Argentina e involucran a la comunidad internacional y, lo más importante, a la seguridad nacional de Estados Unidos”, insistió el senador.
“Es vital que Estados Unidos apoye a aquellos que en Argentina han optado, con valentía, por la justicia tanto en la muerte del señor Nisman como por su trabajo inacabado sobre el ataque terrorista de 1994 contra la AMIA”, añadió.
El triunfo de un aliado
Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015. Un día antes de que asumiera la presidencia, y ante una Plaza de Mayo desbordada por una multitud, Cristina advirtió sobre “el aleteo de los buitres” que sobrevolaban el país. Tras años de disputa internacional y defensa de la soberanía y los intereses nacionales, en los que Argentina consiguió el acompañamiento de muchos países logrando sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU, donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países, Macri ordenó a los funcionarios del área económica pagarle al contado a los fondos buitre.
Una pelea que en los tribunales llevaba catorce años. Pero el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, confiaba en destrabar el conflicto y envió a Nueva York a Luis “Toto” Caputo, flamante secretario de Finanzas con excelentes antecedentes en el sector financiero.
Primo de Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” del presidente Macri, “Toto” era considerado “el mejor trader de la Argentina” por su habilidad para conseguir ganancias a partir de la compra y venta de activos y bonos. Provenía del sector privado con la cucarda de haber logrado importantes rendimientos para sus clientes incluso en situaciones adversas.
Durante enero y febrero de 2016, Caputo viajó reiteradas veces a Nueva York. Conocía muy bien la ciudad en la que había trabajado para la banca privada. Junto a su equipo pasaba horas en las oficinas de Daniel Pollack, el mediador designado por la justicia de los Estados Unidos, a quien “Toto” consideraba un “aliado de la Argentina”.
En medio de las extensas jornadas que se extendían por cerca de diez horas, el secretario de Finanzas dialogaba con la prensa y transmitía tranquilidad asegurando que el objetivo del gobierno argentino era dejar atrás el litigio. Representantes de tenedores principales de bonos que no habían sido reestructurados, así como con abogados de los bonistas conocidos como “me too” pasaron por las oficinas ubicadas en el 245 Park Avenue de Manhattan. “Si los holdouts también tienen la misma intención, deberíamos llegar a un acuerdo”, afirmaba Caputo, mientras Pollack anunciaba arreglos con bonistas individuales.
El mayor tenedor de bonos en litigio era Paul Singer, quien encabezaba a los buitres que reclamaban en los tribunales neoyorquinos casi diez mil millones de dólares y no estaban dispuestos a aceptar ninguna quita. En ese contexto, Argentina recibió el apoyo de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. “Estamos muy animados de ver que el nuevo gobierno argentino ha tomado la iniciativa de negociar con sus acreedores”, señaló la titular del organismo.
El acuerdo conseguido por el equipo de Caputo estaba supeditado al fallo del juez Griesa, quien solicitó la derogación de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que en conjunto impedían la reapertura de las exitosas reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que se habían adherido el 93 por ciento de los bonistas.
El primero de marzo de 2016, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Macri anunció que se les pagaría a los holdouts todo lo que pedían. El proyecto del Poder Ejecutivo ingresó al Congreso y se convirtió en ley antes de que terminara el mes.
Caputo estaba contento, todo marchaba en base al plan. El objetivo de la negociación acelerada era poder endeudarse otra vez: “Si no tenemos un horizonte para financiarnos, si alguien no nos presta, no hay margen para el gradualismo en bajar el déficit fiscal”.
No era el único que celebraba. Macri había sido incluido dentro de la lista de los cien personajes más influyentes del mundo según la revista Time. Singer no escatimaba en elogios. A horas de comenzar a recibir los pagos acordados, dijo que presidente argentino era “el campeón de la reforma económica” y destacó que el mandatario había logrado “remover los controles monetarios en Argentina, permitiendo más libertad”.
El candidato de los buitres
En 2016 Rubio estuvo en el ojo de la tormenta nuevamente por su vínculo con Singer. Greg Palast, periodista especializado en los titulares de estos fondos a nivel global describió al senador como “el candidato de los buitres” y la esperanza del titular de NML Capital.
La llegada de Donald Trump a la presidencia y su amistad con Macri alegraron a Rubio, quien en abril de 2017 le pidió al presidente estadounidense, que aproveche a “revitalizar la alianza económica y de seguridad” con Argentina. Es tiempo de “reenergizar el liderazgo de Estados Unidos en el continente americano”, subrayó.
Como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y presidente del subcomité sobre las relaciones con Latinoamérica, Marco Rubio le planteó a Trump que Macri estaba “tratando de revertir las políticas económicas fallidas que azotaron a Argentina durante demasiado tiempo” y que era una oportunidad sin igual para “presionar a la Argentina para que reduzca las barreras comerciales, a la vez que puede ser “un fuerte socio” en materia de seguridad. Es hora de que Estados Unidos tome medidas audaces para ampliar el crecimiento económico en la región y garantizar un hemisferio más estable y seguro”.
Rubio nunca disimuló su interés en América Latina. En marzo de 2018 presidió la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que trató la nominación del juez Edward Prado para asumir en la embajada de Estados Unidos en la Argentina. Al finalizar, hizo declaraciones a la prensa argentina: “El presidente Mauricio Macri es un líder mucho más responsable con quien lidiar (…) hay una democracia comprometida con el Estado de Derecho, comprometida con la libre empresa. Creo que es la más fuerte que hemos tenido, ciertamente, en diez años”.
Un mes más tarde, en Perú durante la VIII Cumbre de las Américas, el senador norteamericano se reunió con el presidente argentino. Rubio tenía claro que la relación bilateral con Argentina implicaba un ingreso al continente y la posibilidad de un cambio profundo en las reglas de la Organización Mundial del Comercio para sancionar mejor y más rápido a China; celebró el Grupo de Lima y el aislamiento al que se sometía a Venezuela.
El regreso del FMI
En abril de 2018, Luis Caputo acudió al Congreso para rendir cuentas ante la bicameral de seguimiento de la deuda, donde dio definiciones sobre el plan económico macrista y explicó que reducir el déficit primario en cinco puntos iba a generar “un tremendo impacto en los que menos tienen”, por lo que se había tomado la decisión de reducir el déficit fiscal a razón de un punto del PBI por año. Para el ministro, la preocupación de la gente no debía ser el endeudamiento sino el cumplimiento de las metas fiscales.
Una vez más, las predicciones de Caputo fallaron.
El 7 de junio de 2018, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunciaron en medio de una crisis financiera autoinfligida que Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional tras 15 años.
El “Messi de las finanzas”, era considerado entonces por Javier Milei como un “ineficiente”. En diálogo con Mauro Viale, lo acusó de terminar en el FMI: “Vino Caputo, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva, irresponsablemente, ineficientemente dejándonos este despiole de las Leliqs. Es uno de los responsables del 28D; es uno de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central y lo hizo Caputo en solo tres meses”, explicaba en los estudios de América TV.
El préstamo político que el gobierno de Trump ayudó al presidente argentino a conseguir con el FMI no bastó para ganar las elecciones de 2019 y Macri se convirtió en el primer mandatario de la historia en no poder revalidar un segundo mandato.
El triunfo del Frente de Todos, con Cristina en la vicepresidencia, no alegró a Rubio. Si no todo lo contrario. La exmandataria seguía en la mira del senador republicano que no perdió tiempo en cuestionar en duros términos algunas decisiones del gobierno argentino como la de recomponer las relaciones con Venezuela y Rusia.
“En la Argentina se le da la bienvenida a la influencia del Kremlin en nuestra región, así como también reconocen al narco-dictador ilegítimo de Maduro en Venezuela. Este acto diplomático imprudente plantea una amenaza directa a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, planteó Rubio en su cuenta de Twitter.
El operador
Marco Rubio señalaba a Cristina como la responsable de la corrupción en Argentina. Durante más de una década, Rubio impulsó ataques constantes, campañas de desprestigio e injurias, y están probados sus vínculos con los buitres que financiaron operaciones en contra de la entonces vicepresidenta argentina. Todo muy obvio.
Durante el gobierno de Macri, el juez Claudio Bonadío reabrió la causa por el Memorándum y avanzó en la persecución judicial contra Cristina. El 16 de julio de 2022 desde su despacho en el Senado de la Nación, Fernández de Kirchner protagonizó una audiencia pública por dicha causa: “Estas solicitadas las pagaba la Task Force Argentina, grupo de choque de los fondos buitre para doblarme la mano. Quisieron doblarme la mano por años para pagarles cualquier cosa, y me negué”.
Tan solo dos semanas después, y mientras llegaba a su fin el juicio de Vialidad -iniciado en 2016 por el juez federal Julián Ercolini tras una denuncia del funcionario macrista Javier Iguacel- un grupo de senadores republicanos encabezados por Jim Risch y el mismísmo Marco Rubio, enviaron una carta al presidente Joe Biden para que frenase un préstamo para la Argentina del BID por 500 millones de dólares. La carta dirigida a la Casa Blanca cuestionaba los lazos de Argentina con países “parias” como Rusia, Irán y Venezuela, además del “historial de incumplimiento de pagos” que acarreaba el país.
El clima de odio generalizado
A minutos de las 21 del 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel gatilló una pistola Bersa calibre 32 a centímetros del rostro de Cristina. Disparó dos veces. La bala no salió.
Tan solo 24 horas después del fallido atentado, el senador Rubio dio una conferencia tras reunirse con “exiliados nicaragüenses”. El tema fue inevitable. Cuando le preguntaron por lo que había sucedido horas antes en Buenos Aires respondió que Cristina “quiere mandar en Argentina y encima está mal de la cabeza. Es una persona criminal. Una persona que por ejemplo tapó por años el involucramiento del gobierno de Irán de un asesinato en un centro judío. Y ella tapó eso y utilizó todas las armas que tenía de parte del gobierno para taparlo. Una persona que abiertamente se ha expresado en contra de los intereses de Estados Unidos repetidamente. Así que nada de lo que ella haga criminal o malo me sorprende”. La inversión de la carga. Había sido a Cristina a quien quisieron matar.
Años de violencia simbólica, mediática, política se plasmaron en violencia física. Campañas locales e internacionales financiadas por los amigos de Rubio y con la complicidad de los representantes locales de la embajada estadounidense generaron un clima de odio generalizado en contra de Cristina.
El propio Sabag Montiel repitió en el juicio oral a los autores materiales del intento de magnifemicidio: “Es corrupta. Roba. Hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas”. El eco de las acusaciones de Marco Rubio parecía resonar en la sala AMIA de Comodoro Py. El odio no es inocuo.
Muerta o presa
“Esto no es lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”. Esas fueron las palabras de Fernández de Kirchner tras conocer la sentencia a seis años de prisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 y el pedido de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos solicitada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio de Vialidad. La condena ya estaba escrita.
“Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios”, sostuvo y apuntó al mandamás del Grupo Clarín, Héctor Magnetto: “Nunca voy a ser una mascota del poder. Conmigo no”.
“El sistema que me condena es el que no va a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos dicen. Es el mismo que te cobra lo que quiere de internet y de prepaga. Es el poder económico y mediático que controla y coarta”, denunció al tiempo que apuntó: “Me condenan por reconocer los derechos del pueblo. La condena real no son los seis años de prisión, es la inhabilitación para ejercer cargos públicos cuando los cargos a los accedí fueron por el voto popular”.
“Que me metan presa, pero mascota de ellos no voy a ser jamás. Me quieren presa o muerta”, cerró.
Che Cristina
El 18 de marzo de 2025, el Partido Justicialista Nacional publicó un comunicado señalando que va a desconocer el endeudamiento con el FMI impulsado por el presidente Milei y su ministro Toto Caputo, por violar la normativa nacional vigente y hacerse de espaldas al pueblo Argentino.
Cinco días después, el secretario de Estado norteamericano de la administración Trump, Marco Rubio anunció la prohibición para Cristina y su familia a ingresar a los Estado Unidos. Clarividente Rubio: se anticipó casi tres meses a la decisión de la Corte Suprema del 10 de junio. El presidente argentino (de inmediato) compartió el comunicado y escribió en su cuenta de X “Che Cristina”, pretendiendo parodiar a la exmandataria.
La respuesta no se hizo esperar. Cristina le recordó el criptoescándalo de Libra y la estafa de la que fue parte al tiempo que lo acusó de salir a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump para ocultar el desastre de la economía argentina.
Los primeros días de junio de 2025, los medios cómplices adelantaron la confirmación de la condena a Cristina por parte de la Corte. La exmandataria acaba de anunciar que competiría en las elecciones provinciales bonaerenses y los demonios se desataron.
Meses antes, Milei -de estrecha relación con el actual secretario de Estado norteamericano Marco Rubio- ya les había mandado un mensaje a los ministros de la Corte Suprema. “¡Teléfono señores jueces!” respondió el presidente al grito de un puñado de partidarios libertarios, que en un acto de La Libertad Avanza, reclamaba por la detención de Cristina.
Brindis en la embajada
Hubo festejo anticipado. Habían transcurrido sólo 14 días desde la tarde del 10 de junio de 2025 en que la Corte Suprema, -con la firma de sus tres ministros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- confirmó la proscripción de Cristina, a quien inhabilitaron a ejercer cargos públicos de por vida y a una prisión de 6 años.
El 24 de junio una infrecuente imagen se inmortalizó en el Palacio Bosch durante la celebración del 249° aniversario de la independencia de los Estados Unidos: un Héctor Magnetto sonriente se exhibió ante las cámaras. Se dejó ver. Se dejó fotografiar. Tenía motivos. Un sueño cumplido. El 11 de septiembre de 2022, diez días después del intento de matar a la entonces vicepresidenta, desde la tapa de su diario lo había afirmado: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que si saldrá”. Muerta o presa. Por una casualidad inexplicable no está muerta. Por una causa amañada, presa.
La encargada de Negocios de la Embajada, Abigail Dressel, fue la anfitriona, en su discurso reconoció: “Me enorgullece que supimos aprovechar este momento único de alineamiento entre el presidente Trump y el presidente Milei para avanzar en nuestras prioridades compartidas”. Por esas horas, Cristina llevaba una semana en la prisión domiciliaria confirmada en su residencia de San José 1111, en el barrio de Constitución. Las “prioridades compartidas”.
La causa “Vialidad” fue abierta en 2016 durante el gobierno de Macri por el juez Julián Ercolini. Un proceso plagado de irregularidades, sin pruebas y con nula imparcialidad por parte de los jueces y fiscales intervinientes impedirá a la principal opositora al gobierno de Milei presentarse en elecciones. Proscripción. Una historia conocida por el peronismo.
Con una diferencia de tan solo 10 días, en 2016, Ercolini procesó sin pruebas a Cristina en una causa Vialidad, y sobreseyó al CEO del Grupo Clarín en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la dictadura cívico militar. No sólo zafó Magnetto, también fueron sobreseídos Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz.
Ercolini y Magnetto compartieron la gala del #felizcumpleUSA en los salones de la Embajada. No fueron los únicos de la trama político, judicial, empresaria que condenó a Cristina que brindaron la noche del 24 de junio por la Independencia de los Estados Unidos. Por el Palacio Bosch desfilaron los ministros Patricia Bullrich, Mariano Cuneo Libarona y Toto Caputo. También Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal Sergio Mola, y su jefe, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Parte de la matrix de la causa Vialidad. Y hubo más invitaos estelares: la jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado posó sonriente para las cámaras delante del cartel azul en el que se leía impreso en letras blancas: “U.S. Independence Day 2025”.
Horas más tarde, en la madrugada del miércoles 25 de junio, Arroyo Salgado comenzaba la cacería de militantes peronistas con la detención de la joven Alesia Abaigar, acusada de participar de escrache fecal en la puerta de la casa del diputado libertario José Luis Espert, otro de los que no se privó de celebrar la independencia de los Estados Unidos junto a Magnetto. Prioridades compartidas, ya lo dijo Abigail Dressel. Sólo faltó Marco Rubio al festejo.
Por esas horas, la discusión que pretendió instalar la prensa macri-mileista pasaba por si Cristina, con su tobillera electrónica, podía salir o no al balcón a saludar a los miles de militantes que se acercaban hasta su casa. Mientras los buitres vuelven a carroñar los recursos soberanos, el país está endeudado como nunca en su historia, la represión es una postal cotidiana y la persecución política a opositores, un deja vu atroz de los años más oscuros. Un presente entre el anarco colonialismo y la deriva autoritaria que se parece demasiado al terrorismo de Estado de baja intensidad.
* Publicado en la edición impresa de revista Contraeditorial Nº 58, julio de 2025.
