Del neoliberalismo financiero al desarrollismo: la estrategia permanente de los grupos económicos
El modelo económico de Javier Milei está destinado al fracaso, no por diferencias ideológicas, sino porque su propia arquitectura vuelve insostenible el funcionamiento del sistema. Desarma las condiciones que sostienen a la economía argentina en el largo plazo: empleo formal, entramado productivo, un mercado interno con capacidad de tracción y un Estado capaz de coordinar inversiones y expectativas. Puede mostrar cierta “estabilización de precios” en el corto plazo, mostrar un supuesto equilibrio fiscal en términos contables o exhibir un rebote estadístico después de una caída profunda. Sin embargo, lo hace deteriorando la base material que sostiene cualquier economía de mercado y apoyándose en una creciente dependencia financiera externa que profundiza su fragilidad. La combinación de destrucción productiva y necesidad de endeudamiento para sostener la estabilidad convierte este esquema en un camino sin salida.
Durante 2024 la actividad económica cayó 1,8%. En los peores meses, la industria registró retrocesos interanuales cercanos al 17% y la construcción al 37%. El rebote acumulado de 2025 del 4,4%, respondió en gran medida al arrastre estadístico tras la contracción previa y se concentró en sectores primarios y exportadores, mientras la industria manufacturera continuó en terreno negativo, con una caída interanual del 3,9% hacia diciembre y si tomamos como base 2023 la industria, el comercio y la construcción permanecen entre 8pp y 20pp abajo.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
Entre noviembre de 2023 y fines de 2025 se perdieron aproximadamente 193.600 puestos formales privados en 22 de las 24 jurisdicciones del país. La industria manufacturera perdió más de 60.000 empleos y la construcción alrededor de 66.000. En paralelo, se registró el cierre neto de 21.938 empresas hasta noviembre de 2025, mayormente micro y pequeñas empresas.
Estas cifras no describen una simple recesión cíclica. Describen un proceso de desarticulación productiva. Cada empresa que cierra es una red que se rompe. Cada empleo formal que se pierde es una relación social que se precariza. Cada cadena de proveedores que se desintegra es capacidad tecnológica y organizativa que desaparece. La utilización de capacidad instalada en ramas como la textil cayó por debajo del 50%.
En 2025, la evolución de los salarios volvió a expresar con claridad el deterioro del cuadro económico. Tras el fuerte desplome de fines de 2023, el poder adquisitivo del empleo registrado no logró recomponerse y registró una nueva contracción del 4,3 %, consolidando una tendencia regresiva que dejó de ser coyuntural para adquirir rasgos estructurales. En el sector público, la situación fue todavía más crítica: desde la asunción de Javier Milei, la pérdida acumulada del salario real alcanza los 20 puntos porcentuales, evidenciando la magnitud del ajuste sobre los ingresos de los trabajadores estatales.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
En materia de finanzas públicas, el modelo libertario puede exhibir cierto “orden macroeconómico” en el corto plazo. Sin embargo, ese presunto orden se sostiene en la reducción del tamaño de la economía, en una creciente dependencia del endeudamiento externo y en un deterioro social cada vez más profundo. Otro punto que no puede pasar desapercibido es cómo la propia dinámica recesiva del plan económico de Milei está erosionando la base fiscal del Estado. En las últimas mediciones oficiales, la recaudación tributaria viene cayendo en términos reales frente a la inflación por séptimo mes consecutivo. En febrero de este año, por ejemplo, los ingresos del fisco aumentaron nominalmente, pero en términos reales los recursos bajaron cerca de 9 % interanual, afectando especialmente a los tributos vinculados al comercio exterior y al IVA, mientras que solo unos pocos impuestos, como Ganancias o combustibles, mostraron subas insuficientes frente a la inflación. Esta caída sostenida de la recaudación, agravada por reducciones fiscales y menores derechos de exportación, lleva al gobierno a ajustar aún más el gasto público para intentar cumplir metas fiscales. Es un círculo vicioso: menos actividad y consumo significa menos ingresos tributarios, lo que presiona para que el Estado contraiga su gasto, profundizando la recesión y debilitando aún más sus recursos.
En esta misma línea, el programa económico que impulsa el gobierno desde su asunción vuelve a colocar en el centro la venta de empresas públicas, una estrategia que tampoco resulta novedosa en la historia económica argentina. Un antecedente claro se encuentra en el período del menemismo, cuando una parte sustancial de los ingresos que permitieron sostener el régimen de convertibilidad provino de las privatizaciones y de la transferencia de activos públicos al sector privado. Bajo el discurso de la modernización del Estado, se enajenaron empresas estratégicas y muchas otras fueron progresivamente desarticuladas, abandonadas o directamente desaparecieron, con consecuencias profundas sobre la estructura productiva y la capacidad de intervención del Estado en la economía.
Por otro lado, una economía bimonetaria como la argentina, es ampliamente reconocido que el precio del dólar influye de manera decisiva en la dinámica de los precios. Después de la mega devaluación del 15 de diciembre de 2023, el tipo de cambio comenzó a avanzar muy por detrás de la inflación y esto derivó en una apreciación cambiaria persistente. En términos reales, el dólar quedó barato.
Esta apreciación distorsiona los precios relativos, erosiona la competitividad y aumenta la demanda de bienes y servicios importados. Aunque estas distorsiones son relevantes, el problema más serio aparece en la estrategia utilizada para sostener artificialmente ese nivel del tipo de cambio. Esa estrategia se apoya en un aumento del endeudamiento externo que incluye al FMI, pero que también se extiende a otros organismos multilaterales, a fuentes bilaterales de financiamiento y a acuerdos especiales con gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos.
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA
A su vez la Formación de Activos Externos (FAE) del sector privado no financiero, es decir, la dolarización de excedentes por parte de empresas e individuos crece de manera sostenida a lo largo de 2025, superando los niveles de la corrida cambiaria de 2018. Este comportamiento refleja la percepción de atraso cambiario y la desconfianza sobre la sostenibilidad del esquema. Los dólares que ingresan por préstamos o medidas extraordinarias no permanecen en el sistema y una parte significativa se transforma en salida neta de capitales.
En conjunto, estos procesos describen un modelo que no estabiliza, sino que erosiona sus propios fundamentos. La caída de la actividad, el cierre masivo de empresas, la destrucción de empleo formal, la pérdida de salario real y la reducción de la recaudación se combinan con una dependencia creciente del endeudamiento externo para sostener el tipo de cambio, la fuga de capitales y evitar un salto inflacionario. Nada de eso configura un sendero sostenible.
No se trata de un fenómeno novedoso. Cada intento de instalar en la Argentina un proyecto neoliberal financiero termina erosionando las bases mismas de la economía y dejando, una y otra vez, un saldo similar: bajos niveles de empleo y de salarios, procesos de privatización, aumento del endeudamiento externo, primarización productiva y deterioro social.
Fuente: Elaboración propia en base a Ferreres 2005, BCRA y INDEC.
Si se repasa brevemente la historia reciente, puede observarse que desde 1976 este es el cuarto intento de imponer este modelo en el país; primero durante la última dictadura militar (1976-1982), luego en la etapa de la convertibilidad (1989-2001), más tarde durante el ciclo macrista (2016-2019) y, nuevamente, en la actualidad. En todos estos episodios, el comportamiento de variables clave como el empleo, los salarios, la inversión, el PBI y la deuda publica muestra un patrón recurrente, y es que cuando estos esquemas se agotan y finalmente colapsan, no dejan bases sólidas para el desarrollo, sino una economía más frágil, desindustrializada y socialmente deteriorada.
Entonces, que aumenten el desempleo y la deuda pública mientras caen la inversión y los salarios no es una anomalía ni un accidente, es el resultado esperable del funcionamiento del modelo neoliberal financiero. Estos esquemas terminan chocando con sus límites y explotando. No es casual que, como suele señalar Cristina Fernández de Kirchner, “este modelo tiene fecha de vencimiento, como el yogurt”.
Disyuntiva del peronismo: modelo desarrollista o estrategia justicialista
La cuestión estratégica es qué ocurrirá cuando este esquema agote su capacidad de sostenerse. Porque el final de un ciclo neoliberal financiero no implica automáticamente una transformación estructural. Muchas veces implica una recomposición.
Tras el colapso de 2001, la salida inicial (Duhalde – Lavagna) combinó devaluación, tipo de cambio alto y salarios deprimidos como mecanismo de recomposición de la rentabilidad. Se reconstruyó actividad sobre la base de costos laborales bajos y mejora de competitividad cambiaria. Esa etapa permitió recuperar producción y empleo, pero su lógica inicial fue la restauración de la tasa de ganancia empresaria luego del derrumbe financiero. Fue una transición de reorganización por parte de la elite económica. Es decir, una salida desarrollista.
Tampoco se trata de un fenómeno novedoso, ni exclusivo de la experiencia posterior a 2001. A lo largo de la historia económica argentina, el desarrollismo ha funcionado en varias ocasiones como una válvula de escape frente a las crisis del liberalismo/neoliberalismo.
Si se observa el proceso en perspectiva histórica, el primer intento desarrollista surge tras el agotamiento del modelo agroexportador, precipitado por la crisis internacional de 1929. Este proceso se desarrolla además en un contexto político particular, marcado por el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en el Golpe de Estado en Argentina de 1930 y el posterior período conocido como la Década Infame en Argentina, caracterizado por la restauración conservadora, el fraude electoral y una fuerte reconfiguración del poder económico y político.
Frente al derrumbe del comercio mundial y a la caída de la rentabilidad del sector exportador, parte de la élite económica encontró en el desarrollismo una alternativa que permitía recomponer la acumulación sin alterar de manera profunda la estructura social. La apuesta consistía en impulsar una transformación de la matriz productiva —orientada a la industrialización— con el objetivo de recuperar niveles de rentabilidad en un contexto internacional que ya no garantizaba los beneficios del viejo esquema agroexportador. Sin embargo, para amplios sectores de esa élite, dicha estrategia tenía un carácter fundamentalmente transitorio: la industrialización funcionaba como una respuesta coyuntural frente a la crisis internacional y no como un proyecto estructural de largo plazo. La expectativa era que, una vez superada la crisis del comercio mundial, pudiera retomarse el patrón tradicional basado en la exportación de materias primas.
Este esquema, sin embargo, se vio profundamente alterado con la irrupción del Juan Domingo Perón y el surgimiento del peronismo, que transformó esa industrialización defensiva en un proyecto político y económico más amplio, orientado a consolidar un proceso de desarrollo industrial con fuerte intervención estatal y con una centralidad inédita de la distribución del ingreso y la organización del trabajo.
Luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón se abre un largo período de 18 años, en el que distintos gobiernos impulsaron un modelo económico que volvió a colocar al desarrollismo como eje de la estrategia de acumulación. En ese marco se promovió la industrialización, se buscó recomponer la rentabilidad empresaria, se recurrió al endeudamiento externo como fuente de financiamiento y se sostuvo un esquema de salarios relativamente deprimidos en relación con la etapa previa.
De este modo, este modelo volvió a funcionar como una salida para reorganizar la economía, consolidándose ahora como el patrón de acumulación de una élite económica que había reorientado sus intereses hacia la actividad industrial. La expansión manufacturera, en ese contexto, no implicó necesariamente una transformación profunda de la estructura social o la distribución del ingreso, sino más bien una nueva forma de recomponer la acumulación y la rentabilidad del capital.
La experiencia más cercana puede observarse durante el gobierno de Alberto Fernández, con Matías Kulfas en el área productiva y Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Tras el final de la gestión de Mauricio Macri y en el contexto excepcional de la pandemia, la estrategia económica buscó estabilizar la economía priorizando la recomposición de la rentabilidad empresaria, en un escenario en el que los salarios permanecieron relativamente deprimidos.
Si a esto se suma el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, el resultado fue un esquema que reprodujo varios rasgos típicos de estas salidas: una economía con sesgo industrialista basada en la contención del ingreso de los trabajadores y en compromisos financieros externos. En ese sentido, no se trata de un fenómeno que aparezca de manera accidental, sino de un modelo que tiende a repetirse como parte de una estrategia persistente de determinados sectores de la élite económica para reorganizar el proceso de acumulación.
Estas experiencias muestran algo importante dado que después de un colapso del modelo neoliberal financiero, la élite económica no siempre busca profundizar el ajuste. En muchos casos intenta reconstruir su capacidad de acumulación mediante un enfoque que incorpora elementos del desarrollismo, un enfoque que reconoce el valor de la industria, del empleo y de cierto grado de intervención estatal, aunque mantiene la distribución del ingreso subordinada al crecimiento. Es un esquema donde el Estado actúa como coordinador sin disputar de manera estructural el excedente.
Ya hoy se observan señales de articulación política en esa dirección. Algunos gobernadores “peronistas” acompañan medidas del gobierno nacional en nombre de la modernización, la estabilidad o la responsabilidad fiscal. Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua aportaron los votos que el oficialismo de Javier Milei no tenía garantizados para aprobar la reforma laboral. El cordobesismo de Juan Schiaretti y Martín Llaryora inclinó la balanza para sostener el Fondo de Aportes Laborales (FAL). En el Senado, Carolina Moisés contribuyó a consolidar una mayoría funcional. Más allá de la coyuntura, ese posicionamiento puede interpretarse como una pieza funcional a la estrategia del poder económico. Este sector del “peronismo”, al colaborar con el gobierno de Javier Milei, opera en los hechos como una rueda de auxilio del modelo vigente. Su rol no es necesariamente garantizar la continuidad indefinida del experimento neoliberal financiero, sino evitar que, cuando ese esquema se agote, la crisis derive en una ruptura abrupta como la que desembocó en la crisis argentina de 2001. De ese modo, contribuye a construir las condiciones políticas para una transición ordenada hacia una eventual salida desarrollista que preserve la gobernabilidad y administre el conflicto social, pero sin alterar de manera sustantiva la estructura económica y social existente.
A esto se suma la presencia de los llamados “economistas racionales”, que aun reconociendo el deterioro salarial de los últimos años, proponen reconstruir la economía sin discutir de manera inmediata la distribución del ingreso. Una línea evidente aparece en el planteo del periodista Pablo Ibáñez, quien en una nota reciente en Cenital (https://cenital.com/la-peor-version-de-milei-la-amenaza-de-maximo-y-un-orden-fiscal-peronista/) planteó la idea de un “peronismo” fiscalmente disciplinado que, en la práctica, deja fuera del debate la cuestión distributiva aun en un contexto de ingresos golpeados. En la misma dirección pueden leerse las reflexiones de Martín Rodríguez (https://www.lanacion.com.ar/conversaciones-de-domingo/martin-rodriguez-un-peronismo-de-pura-pulsion-distributiva-que-sube-impuestos-es-un-peronismo-que-no-nid14092025/), quien cuestionó la idea de un peronismo definido por la “pulsión distributiva”, sugiriendo que un proyecto político centrado en la redistribución del ingreso —por ejemplo a través de mayores impuestos— resultaría inviable. A este conjunto de posiciones se suman también algunas voces provenientes del propio campo económico heterodoxo. En una entrevista reciente en La Nación, Matías Kulfas sostuvo que el ciclo político de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra concluido, dando por terminada esa etapa del peronismo. En términos políticos, este tipo de planteos tiende a desplazar del centro del escenario a la experiencia que más claramente articuló crecimiento con mejora distributiva en las últimas décadas.
Este enfoque no se limita a figuras puntuales, sino que forma parte de una corriente más amplia que pretende una salida “ordenada” de la crisis dejando fuera del debate la cuestión salarial y el reparto del excedente. Bajo la idea de que la estabilidad macroeconómica debe alcanzarse antes de discutir la distribución, se naturaliza que el salario permanezca rezagado aun después de una década de deterioro y pérdida de densidad productiva. Así se consolida un consenso político y tecnocrático que acepta la reconstrucción industrial, pero con la condición implícita de que el costo recaiga sobre el trabajo mediante ingresos deprimidos y condiciones laborales más inestables.
A ese consenso se le agrega un componente político decisivo: un proyecto desarrollista de orientación conservadora tiende a requerir un sistema político acotado, con menor capacidad de disputa social y con liderazgos populares neutralizados. En esa lógica se inscribe la persecución, el encarcelamiento y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que no aparecen como hechos aislados sino como condiciones de posibilidad del propio esquema económico. Sin ese desplazamiento, una estrategia de crecimiento apoyada en salarios deprimidos y menor participación de los trabajadores en el ingreso enfrenta mayores resistencias y pierde sustentabilidad política.
La idea de un orden macroeconómico “racional”, entonces, no es neutral: presupone una determinada correlación de fuerzas. Exige una sociedad con menor nivel de conflicto abierto y con menor capacidad de los trabajadores y sus organizaciones para disputar el excedente, redefinir la distribución del ingreso y condicionar las prioridades del desarrollo.
Frente a ese horizonte, la discusión del peronismo es cuál será el modelo de salida. Una alternativa propone restaurar rentabilidad y recomponer capacidades productivas sin modificar la distribución, lo que deriva en un desarrollismo de salarios contenidos que reproduce desigualdades estructurales. La otra es el modelo económico justicialista que entiende que no puede haber reconstrucción sin recomponer el salario, las condiciones laborales, la densidad productiva y la autonomía económica. Un proyecto que recupere la producción, pero también el poder adquisitivo, los derechos laborales y la soberanía para orientar el excedente hacia el desarrollo y no hacia la financiarización, un modelo que no se supedite a la elite económica, si no al bienestar de la clase trabajadora.
En ese marco, la libertad de Cristina Fernández de Kirchner no es solo una consigna partidaria, sino una condición democrática elemental para que esa discusión pueda darse en plenitud. No puede hablarse de un modelo de desarrollo con justicia social mientras que la principal referente política del campo popular permanece encarcelada y proscripta. Su liberación implica restituir derechos, pero también restablecer el equilibrio democrático necesario para que el pueblo pueda elegir sin condicionamientos el rumbo económico del país. Sin participación plena y sin garantías políticas para quienes representan a las mayorías, cualquier debate sobre el modelo de salida estará incompleto.
