La recuperación de la democracia, tras más de 40 años, no logró revertir del todo la profunda fragmentación social que dejó la última dictadura. El miedo, el “no te metas”, el “algo habrán hecho” siguen presentes, alimentados por un modo de hacer política que se mantiene cerrado en viejas prácticas en lugar de abrirse a mayor participación y que hoy vuelve a enfrentarse a lo que muchos denominan una “crisis de representación”.
Lejos de ser una novedad, esta crisis viene siendo advertida desde hace años por organizaciones y redes que impulsan formas de democracia participativa. La falta de legitimidad de las instituciones representativas, la distancia entre representantes y representados y la desilusión ciudadana con las promesas incumplidas son síntomas de un modelo que no logra regenerarse.
Ya tuvimos momentos en la historia reciente donde esa crisis se hizo evidente. El más emblemático: el estallido del 2001 y el grito de “¡Que se vayan todos!”. Las asambleas barriales y otras experiencias que emergieron entonces no alcanzaron a consolidar una alternativa duradera. Quizás porque aquella consigna no expresaba un horizonte claro: si se iban todos, ¿quién venía? ¿qué modelo alternativo se proponía? La oportunidad histórica se diluyó sin lograr transformar la bronca en una propuesta transformadora.
Desde la política se generaron herramientas para dar respuesta al reclamo emergente y canalizar la participación social. Algunas, como el presupuesto participativo, fueron implementadas en varios municipios, pero de forma limitada, con escasos recursos y sin construir diagnósticos participativos reales. En muchos casos se promovieron competencias individualistas, replicando lógicas que se pretendía superar.
Las audiencias públicas, si bien institucionalizadas, dieron claros ejemplos de que su carácter no vinculante, frustra las expectativas y alimenta la desconfianza ciudadana. La descentralización porteña —con Juntas Comunales y Consejos Consultivos— es otra muestra de una herramienta que, en lugar de consolidarse, se ha ido vaciando año tras año, aumentando la decepción.
Hoy, nuevamente, la “crisis de representación” reaparece con fuerza en un escenario donde un gobierno elegido por las urnas impulsa el desmantelamiento del Estado y combate principios básicos como la justicia social. Este contexto exige repensar con urgencia qué significa realmente este momento histórico. ¿Se trata simplemente de reemplazar a los malos representantes por otros buenos? ¿O el problema es más profundo?
La respuesta parece evidente: no alcanza con “mejorar” la representación. Ya no hay margen para nuevas decepciones. La salida no vendrá solo por las vías institucionales tradicionales. Es necesario avanzar hacia una democracia participativa que recupere el protagonismo de la ciudadanía que construya confianza y fortalezca los lazos sociales.
Para ello, hay que mirar y aprender de las múltiples experiencias que ya existen en muchos movimientos sociales, organizaciones y redes. Espacios donde la verticalidad se reemplaza por la horizontalidad, donde la “mesa chica” da lugar a procesos abiertos y diversos. Donde las decisiones no se bajan desde arriba, sino que se construyen colectivamente desde los territorios, con reglas claras y espíritu de servicio.
Boaventura de Sousa Santos propone “democratizar la democracia”: ampliar los mecanismos de participación, multiplicar los escenarios de construcción colectiva. En América Latina hay valiosos antecedentes: La Ley de Participación Popular (LPP) de Bolivia fue promulgada en 1994, y su característica esencial es reconocer a las comunidades el derecho a operar y administrar los recursos económicos de las obras y servicios de sus planes locales; los Consejos Consultivos Locales vinculados al Sistema Nacional de Planeación Territorial (SNPT) en Uruguay, desde la reforma constitucional de 2008; las Plataformas de Participación en Colombia (1994); la Secretaría de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC) adscripta a la Presidencia de la República de Ecuador mediante decreto 133 de 26 de febrero de 2007, con el propósito de aglutinar a diversas organizaciones y promover su participación en las decisiones fundamentales del país; el Ministerio de Participación y Protección Social y los Consejos Comunales en Venezuela en la Ley Orgánica de 2006 para promover y consolidar la democracia participativa y protagónica, mediante la organización y fortalecimiento de las comunidades, gobiernos locales y todas aquellas instancias que propicien la corresponsabilidad social en la gestión pública.
Dentro de lo que tenemos que estar discutiendo, para dejar atrás este periodo tan oscuro y cruel, es necesario avanzar en un programa que incluya mecanismos de participación efectivos de un futuro gobierno.
A la representación entendida como un cheque en blanco se la supera con participación real y sostenida. A la fragmentación social, con prácticas colectivas que reconstruyan el tejido comunitario. La gestión asociada aparece como una vía clave para recomponer el vínculo entre Estado y sociedad, promoviendo políticas públicas construidas con participación popular y ancladas en los territorios. En muchos rincones del país y nuestra américa ya se viene avanzando en esa dirección. Es tiempo de reconocer esas experiencias, darles visibilidad, espacio y protagonismo. Un camino necesario para recuperar la esperanza.
