Por Roberto Álvarez Mur
En un nuevo aniversario del intento de su propio asesinato, Cristina Fernández de Kirchner transcurrirá un nuevo 1 de septiembre en San José 1111, donde permanece detenida. La imagen de la líder que, habiendo sido víctima de un atentado de alta gravedad, termina por ser criminalizada y encerrada, tiene menos de contradicción que de continuidad.
Y es que el pacto político-judicial que hoy la mantiene cautiva en su departamento no es más que el corolario de una avanzada revanchista que plantó sus semillas durante el macrismo y alcanzó su pico de violencia material y simbólica aquella tarde de 2022. “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, tituló Clarín días después, un mensaje sobre el golpismo de este siglo, que ha sabido reemplazar los secuestros nocturnos en centros clandestinos por despachos judiciales que garantizan impunidad a plena luz del día.
Una comparación: en la última semana, la Justicia boliviana tuvo a disposición de manera inmediata la información del celular del ex asesor de Javier Milei, Javier Cerimedo, acusado de atentar contra la vida de la activista Nadie Beller, episodio ocurrido hace dos semanas. En cambio, desde 2022 permanece pendiente el acceso a la información del celular de Fernando Sabag Montiel, autor material del intento de magnicidio contra CFK. El motivo: tras la detención del joven, los mensajes del celular “se borraron”. Suerte similar corrió la causa que investigaba el financiamiento de la familia Caputo a grupos de ultraderecha que instigaban a la violencia contra el peronismo.
“¿Milman sobreseído por el mismo Poder Judicial que proscribió y secuestró a Cristina, que le impone peores condiciones de detención que a genocidas y torturadores, que perdió el contenido del celular de Sabag Montiel y que nunca los investigó en serio ni a Caputo ni a vos (Patricia Bullrich) por el atentado? Qué sorpresa”, descargó días atrás la diputada Lucía Cámpora en relación al sobreseimiento del legislador macrista, Gerardo Milman, en la causa. El mismo Milman que, días antes del atentado, sentado en una mesa del bar Casablanca dijo que cuando Cristina “estuviera muerta” él iba a estar en la Costa.
Durante el juicio por el intento de asesinato, la defensa de Sabag Montiel relacionó el atentado con los alegatos del fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad. La abogada Fernanda López Puleio habló de “un clima de odio creciente” en aquel entonces, además de comparar el atentado con el propio alegato de Luciani por su “impronta tan especial, atípica, rimbombante, histriónico, enardecido”. El fiscal enardecido y el vendedor callejero armado. Violencia de guante blanco que opera desde arriba y se reproduce abajo con mano de obra lumpenizada.
En octubre de 2025, Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión. Meses antes, en junio de ese año, Cristina Fernández de Kirchner había iniciado el cumplimiento de su condena en prisión domiciliaria. Ambas decisiones coincidieron con el año electoral en que Javier Milei plebiscitaba sus primeros dos años de Gobierno y donde se jugaba la chance de una posible candidatura de la líder peronista. En tiempo récord, el Poder Judicial logró garantizar que eso no ocurriera. Hoy, CFK continúa detenida e impedida de participar en elecciones. Este 1 de septiembre vuelve a juntar organizaciones políticas, sindicatos, grupos de jubilados, estudiantes, vecinos y familias en la esquina de su casa. Contra la memoria del pueblo no hay bala ni fallo posible.
Fuente: Diario Contexto
