Se cumplió un año de gestión libertaria que será recordado por la entrega de la soberanía comunicacional y la nula defensa del desarrollo nacional, a contramano de la tendencia mundial. Las políticas implementadas, teñidas con un discurso de modernidad, dejan de lado las necesidades reales de la población y se concentran en potenciar los beneficios a grupos extranjeros. A pesar del relato oficialista, cada vez se retrocede más en materia comunicacional.
Una serie de eventos desafortunados
El marketing de la revolución en conectividad tuvo su protagonismo a días de iniciado el gobierno con el famoso DNU 70/23: Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina. El mismo flexibiliza los requisitos para brindar servicios satelitales, limitando al Estado nacional al rol de un simple coordinador del uso de las frecuencias radioeléctricas. En desmedro de la capacidad decisora de la Nación, la medida facilita el desembarco de empresas como Starlink, propiedad del magnate y amigo del presidente Elon Musk, quien rápidamente consiguió la autorización para explotar el servicio.
La segunda medida de impacto fue la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el mes de enero, la cual persiste hasta el día de hoy y se extiende a julio de 2025, con el objetivo de desarticular el organismo que ejercía controles sobre el sector y seguir apostando a facilitar los negocios de los grandes jugadores.
La seguidilla de medidas continuó con la paralización del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FSU), cuyo objetivo es invertir en ampliar la conectividad y así posibilitar el acceso de todos los habitantes del país a los servicios TIC. Este fondo se conforma con los aportes de prestadores de servicios de telecomunicaciones, quienes deben contribuir con el 1% de la totalidad de los ingresos devengados por su prestación, por lo que no requiere de fondos del tesoro.
También se desarticuló el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), destinado a los medios comunitarios establecido en el artículo 97 de la ley 26.522 de servicios de Comunicación Audiovisual. A ello se suma el nulo control de precios sobre los servicios TIC, que fue coronado con la derogación en abril del decreto de necesidad y urgencia 690/20 que declaraba servicio público a los servicios TIC y establecía la regulación de los precios del sector.
En materia institucional, la intervención de ENACOM implicó borrar la participación de la oposición en el directorio del organismo. El achicamiento también se reflejó en el cierre de todas las delegaciones que en las provincias, lo cual se encuentra establecido en la Ley 26.522, con el objetivo de facilitar el vínculo entre la ciudadanía y el organismo, con una impronta federal del país.
ARSAT transita el mismo camino de despojo. Al fracasado intento privatizador, plasmado en el proyecto original de la Ley Bases, se suma la falta de un plan claro para el funcionamiento de la empresa y el congelamiento de los sueldos de sus empleados, expulsando a cientos de recursos humanos calificados. Además, el gobierno prometió que licitará los 100 megahertz (MHz) del espectro que estaban reservadas a ARSAT para comunicaciones móviles.
La embestida alcanza además al sector audiovisual. Los medios públicos estuvieron en la mira desde el primer día de gestión. Así lo manifestó el presidente en su discurso de asunción cuando notificó su intención de cerrar Télam. Finalmente, luego de meses de intervención la Agencia de Noticias del Estado fue disuelta por decreto en julio y convertida en Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.).
A su vez, en febrero se dispuso la intervención de Radio y Televisión Argentina S.E., que nuclea a la Televisión Pública y Radio Nacional, desplazando a la oposición del directorio. La intervención implicó la disminución de personal en ambos medios y un impacto en los contenidos que se refleja en la suma de enlatados del exterior y la reducción de noticieros. El vaciamiento de medios públicos abarcó también a los canales Encuentro, Paka Paka, y DeporTV. El cine también sufrió la motosierra: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) tuvo una reducción de personal y un vaciamiento en la política de promoción del cine nacional.
La fascinación del presidente con la tecnología ha llevado a prometer que el país se convertirá en un hub global de inteligencia artificial para lo cuál se esperan medidas que fomenten inversiones para el sector. Por ahora es sólo un deseo del mandatario.
Un año bisagra
Mientras el oficialismo insiste en hablar de logros, lo cierto es que en el sector de la comunicación no se perciben mejoras para la población: cada vez se paga más por los servicios TIC, los problemas de conectividad no se han solucionado, y seguimos perdiendo: menos derechos, menos soberanía, menos control, menos despliegue.
Sin dudas, el retiro del Estado como actor regulador del sector ha tenido impacto en la vida cotidiana. En materia de precios, el aumento en el rubro comunicaciones se mantiene sostenido desde hace varios años. Sin embargo, hay un salto cualitativo durante 2024 debido a la falta de controles.
De acuerdo a datos del INDEC1, la variación acumulada de noviembre de 2024 con respecto a diciembre de 2023 fue de 172,7%, llegando a casi el 180% en regiones como Cuyo y Patagonia. Estas cifras están muy por encima de la variación del IPC, que fue del 112%
La variación interanual, que compara noviembre de 2024 con el mismo mes de 2023, llegó al 215,20% en materia de comunicaciones, superando ampliamente la variación interanual del IPC, que se encuentra en un 166%.
Con respecto a la conectividad, los datos que arroja ENACOM2 muestran que se paralizaron los esfuerzos para que cada vez más personas estén conectadas. A su vez, el aumento de las tarifas, muy por encima del aumento general, no significó una mejora en la velocidad del servicio.
Así las cosas, en un contexto de desregulación y pérdida de soberanía en la gestión de políticas públicas, los efectos comienzan a sentirse en todos los niveles. El aumento sostenido de precios sin un marco regulatorio que lo contenga, sumado a la eliminación de mecanismos de control fundamentales, expone a la ciudadanía a mayores desigualdades y falta de pluralidad de voces.
Las decisiones parecen responder más a una improvisación y a un deseo de destruir las funciones reguladoras del Estado que a un plan estratégico diseñado para enfrentar los desafíos estructurales de manera ordenada y sostenible. En este escenario, y pese al discurso libertario de terminar con la casta, los más vulnerables cargan con el peso de políticas que priorizan intereses particulares por encima del bienestar colectivo.
1 Fuente:https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_24109214519B.pdf
2 Fuente: https://indicadores.enacom.gob.ar/Informes
