La Cámara de Diputados tratará este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, en una sesión especial que también abordará otros temas sensibles para el Gobierno libertario. La votación será clave: de rechazarse, el veto pasará para su tratamiento en el Senado; de lo contrario, quedará vigente y va a empeorar una situación que ya es crítica.
La vigilia se inició el martes por la tarde en la Plaza de Mayo, con luces y velas. Ni la lluvia ni el temporal frenaron el pedido de personas con discapacidad, sus familias, profesionales y prestadores que reclaman al Congreso un “No al veto” y ponerle un límite a lo que definen como un “ajuste brutal” sobre este colectivo.
“Sería tan triste si Diputados no pone un freno al veto. Significaría que todo sigue igual, pero más grave todavía: el colapso total. El cierre de instituciones, la pérdida de las terapias de nuestros hijos, gente que no puede pagar los medicamentos porque no recibe las pensiones”, aseguró la actriz Lola Berthet, madre de un niño de 11 años con autismo, que en los últimos meses se convirtió en una de las voces de la lucha. “Sería desgarrador, deshumanizador, una respuesta política frente a una palabra que me escucho decir todo el tiempo y no me gusta: sería una especie de exterminio”, sintetizó. En este escenario, su “primera esperanza” es que en la cámara baja “haya quórum”.
Lo que se vote será apenas un paso. Si Diputados logra rechazar el veto, será el turno de las senadoras y los senadores. Ambas cámaras tienen que dar su voto para echar por tierra la decisión de Javier Milei, quien ya adelantó que si el Congreso lo desafía recurrirá a la justicia.
En la previa, una medida judicial sacudió el tablero. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana declaró inconstitucional el veto presidencial y ordenó garantizar los tratamientos que necesitan dos niños con discapacidad. El fallo no solo da un respiro a una familia, también desmonta muchos de los argumentos libertarios.
Ni la lluvia ni el temporal frenaron el pedido de personas con discapacidad, sus familias, profesionales y prestadores que reclaman al Congreso un “No al veto” y ponerle un límite a lo que definen como un “ajuste brutal”.
Para la abogada Elizabeth Aimar, especialista en derecho a la salud y presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), este antecedente podría ayudar si Milei cumple con su amenaza, ya que “adelanta, de alguna manera, cuál sería el criterio que debería tomar la justicia”. ¿Por qué? “Es simple: se trata de un fallo con un criterio ajustado a derecho”, explicó Aimar, en tanto que sostiene que “Argentina debe cumplir las obligaciones contraídas al ratificar e incluir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto implica una responsabilidad muy grande para los jueces, porque es muy difícil hacer un fallo contra la ley”.
Un ajuste demoledor
El militante por los derechos “disca” Jonathan Yeferley, conocido como “Jony de la silla”, lo sintetizó con crudeza: “El fallo es un buen precedente, pero ahora necesitamos que el Congreso vote en contra del veto. Le pedimos a los diputados que, más allá de la grieta, vean nuestras necesidades”. Como advirtió Jony, “si no se logra frenar, las consecuencias van a ser terribles”.
En las familias la angustia es cotidiana. Muchas ya perdieron prestadores, otras vieron suspendidas las terapias o tuvieron que empezar a pagar diferencias. Aimar, que además de abogada es madre de un joven con discapacidad, lo puso en números: “Los pagos extras de cuatro tratamientos básicos, como kinesiología, fonoaudiología, psicopedagogía y apoyo escolar, implican entre $800.000 y $1 millón al mes. Hay familias que hacen un esfuerzo enorme, pero en algún momento las prestaciones se van a terminar suspendiendo”.
“En mi caso –contó Lola Berthet– tengo que agradecerle, y me da orgullo, a la obra social de los actores, que también está sufriendo, porque como no hay tanto trabajo hay menos aportes. Están haciendo un gran esfuerzo para que los prestadores de mi hijo, que son sus terapeutas, su maestra integradora, su acompañante terapéutico, no estén tan retrasados en los pagos”.
Para la actriz, el problema, además de económico, es político y cultural: “Estamos hablando de derechos. Y si a esto le sumamos los discursos de odio, los decretos en los que hablaban de ‘débiles mentales’ o ‘inútiles’, el maltrato al niño autista Ian Moche, lo que vemos es una violencia explícita contra el colectivo. Si hay diputados que lo convalidan, es gravísimo”.
En las familias la angustia es cotidiana. Muchas ya perdieron prestadores, otras vieron suspendidas las terapias o tuvieron que empezar a pagar diferencias.
Jony también describió un cuadro insostenible: “Las personas con discapacidad lo estamos pasando mal. Nos cortaron apoyos, las pensiones son una miseria, nos están obligando a quedarnos encerrados. Es un gobierno muy cruel, que con sus achiques condena a la muerte”.
Otro tanto advirtió Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Los prestadores de servicios –sostuvo– atraviesan la peor crisis desde que se creó el sistema, en 1997. Hablamos de centros de día, hogares, escuelas especiales, residencias, transportes, todos al borde de la quiebra. Si este veto no se da vuelta, será empujar a miles y miles de personas a su suerte”. El dirigente de este espacio que nuclea a diferentes prestadores del sector no baja los brazos, aunque el castigo acumulado es mucho: “Seguiremos peleando, pero la crueldad de este ajuste es innegable”.
En medio de tantas dificultades, la presidenta de RALS destacó un aspecto positivo: “Surgió una cosa interesante como movimiento, pese a las diferencias que teníamos entre muchas organizaciones, con las cuales uno pensó que nunca se iba a poder sentar”, señaló. “Esto es tan grave que hizo que no quede otra que salir, porque no tenés nada más para perder. Ese es el espíritu que se ve en la plaza”, sintetizó Aimar.
Lola Berthet se siente orgullosa de tener la posibilidad de ir a pelear por los derechos de su hijo. “Pero hay gente con discapacidad que no puede ni marchar, porque capaz que está sola, no puede subirse a un colectivo. Me escribe gente por Instagram que no tienen ni para la SUBE”, se lamentó. Y brindó otro ejemplo concreto: un trabajador con discapacidad que asiste a talleres protegidos, con jornadas de cuatro horas diarias, apenas cobra $28.000 por mes.
“Prefiero estar en la plaza, abrazada con otros, compartiendo historias, conteniéndonos, antes que quedarme en mi casa viendo tele y llorando”, resumió la actriz Lola Berthet.
“Yo prefiero estar en la plaza, abrazada con otros, compartiendo historias, conteniéndonos entre prestadores, familiares y personas con discapacidad, antes que quedarme en mi casa viendo tele y llorando”, resumió la actriz. Y fue tajante ante la indiferencia: “Si no te interpela el tema de discapacidad o la lucha del Garrahan es porque ya como humano no sos nadie”.
Jony coincidió en la importancia de que la sociedad acompañe: “Argentina es muy solidaria y nos tendríamos que movilizar todos en la calle, porque es una cosa que no se aguanta más. Realmente lo estamos pasando mal las personas con discapacidad, por eso nos estamos organizando”.
El futuro es incierto, pero la plaza se llena de una certeza: el colectivo de personas con discapacidad no se resigna y lucha. “Estamos muy confiados en que el veto se impugne, porque entendemos que los legisladores comprendieron la importancia que tiene para la gente, no para el Excel, que esta ley sea una realidad”, concluyó Maidana.