El 1 de julio entrará en vigor un reglamento que supervisará a más de 50.000 empresas en 190 países y, además, facilitará la aplicación de “contramedidas” ante la discriminación de inversiones chinas. De las sospechas por la seguridad a la geopolítica y el factor Taiwán.
Cada vez que una constructora china mueve una excavadora para levantar un puerto, una represa eléctrica o un complejo industrial en algún rincón del Sur Global, el guión suele repetirse como un mantra. Para algunos países, atrapados en el eterno dilema del déficit de infraestructura y la falta de financiamiento, la oferta china aparece como uno de los pocos pasajes disponibles para subirse al tren del desarrollo. Para otros, esas mismas obras despiertan interrogantes sobre dependencia tecnológica, seguridad nacional e influencia política. En ese terreno, claro, el debate rara vez permanece dentro de los límites de la economía.
Las autoridades chinas conocen bien el escenario. Por eso, más allá de las controversias puntuales que acompañan algunas de sus obras de infraestructura internacionales, el próximo 1 de julio pondrán en marcha un nuevo Reglamento del Consejo de Estado sobre Inversiones en el Extranjero, una norma que establecerá por primera vez un sistema unificado de supervisión, instalando un virtual chip de seguimiento a las más de 50.000 empresas chinas que operan en 190 naciones.
El nuevo esquema incorpora procedimientos de registro, obligaciones de reporte y mecanismos de control. También contempla evaluaciones sobre riesgos políticos, financieros y de seguridad, una señal de que las autoridades buscan ejercer una vigilancia mucho más estrecha sobre una red empresarial que durante años creció a una velocidad difícil de seguir, incluso para los organismos encargados de supervisarla.
La necesidad del reglamento responde a la maduración de un proceso histórico que comenzó con las políticas de Reforma y Apertura y se aceleró durante los años noventa con la denominada Estrategia de Salida al Exterior. La llamada “fábrica del mundo” terminó convirtiéndose en uno de los mayores exportadores de capital del planeta.
Los números ayudan a dimensionar esa transformación. Según el Boletín Estadístico de la Inversión Extranjera Directa de China 2024, las compañías instaladas fuera del país generaron ingresos por 3,6 billones de dólares, pagaron 82.100 millones en impuestos en los mercados donde operaron y emplearon a 5,02 millones de personas, en su mayoría trabajadores locales.
La percepción global comenzó a cambiar cuando China dejó de exportar únicamente manufacturas para convertirse también en un actor decisivo del financiamiento internacional y del desarrollo de infraestructura estratégica. Lo que para numerosos gobiernos representaba una oportunidad de crecimiento fue observado por otros como una posible fuente de dependencia económica o influencia política.
Frente a una presencia cada vez más visible en regiones tradicionalmente vinculadas a Occidente, se multiplicaron los cuestionamientos políticos, regulatorios y mediáticos centrados en la seguridad nacional. Donald Trump convirtió esas sospechas en uno de los pilares de su estrategia hacia China. Bajo esa mirada, cada inversión china parecía venir con una segunda intención oculta: un puerto podía transformarse en una base logística encubierta, una red tecnológica en una invitación al espionaje y una obra de infraestructura en el capítulo inicial de una operación geopolítica mucho más ambiciosa.
Los críticos de Beijing sostienen que el problema no radica únicamente en el origen de los capitales, sino en la creciente presencia de empresas estrechamente vinculadas al Estado chino en sectores considerados sensibles. Puertos, redes energéticas, centros de datos o corredores logísticos suelen aparecer en el centro de esas preocupaciones. Investigadores como Jonathan Hillman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), advierten que determinadas infraestructuras pueden generar dependencias difíciles de revertir y convertirse en instrumentos de influencia geopolítica de largo plazo.
Beijing rechaza esas interpretaciones. Las autoridades sostienen que algunas restricciones que enfrentan sus empresas responden a criterios políticos discriminatorios antes que a evaluaciones técnicas homogéneas. Desde esa perspectiva, muchas de esas controversias exceden largamente una discusión sobre seguridad o economía.
Es allí donde, en ocasiones, aparece Taiwán.
Según la postura china, algunas críticas a determinadas inversiones suelen convivir con discursos políticos favorables a un mayor acercamiento hacia la isla, una asociación que Beijing considera parte de una disputa más amplia por influencia y reconocimiento internacional.
La controversia parece lejos de resolverse. La respuesta oficial de Beijing, sin embargo, es la de siempre: el principio de una sola China constituye una línea roja innegociable y, desde esa posición, ningún país puede mantener relaciones oficiales simultáneas con la República Popular China y las autoridades taiwanesas, independientemente de la forma que adopten esos vínculos.
Académicos como Austin Jordan, investigador del Fairbank Center de Harvard, suelen advertir sobre el peligro intelectual de evaluar los proyectos exclusivamente por el origen nacional de quienes los financian. A su juicio, cualquier iniciativa de gran escala combina éxitos, errores y resultados dispares, por lo que las generalizaciones suelen ocultar más de lo que explican.
Sin embargo, en Beijing parecen haber perdido la paciencia con los debates académicos. La discusión podrá seguir en Harvard, pero la respuesta llegará desde el “Boletín Oficial” chino, con el anuncio de la vigencia del nuevo reglamento de inversiones.
Como suele ocurrir con las normas que parecen técnicas, la política aparece donde menos se la espera: en los artículos 24 y 25 se institucionaliza un mecanismo de contramedidas que funciona como un virtual botón de pánico legal. Si un gobierno decide rescindir un contrato estratégico alegando razones de seguridad que China considera injustificadas, la norma habilita respuestas económicas y regulatorias amparadas en la legislación china. El que avisa no traiciona, reza un antiguo refrán popular.
Pero el reglamento no mira solamente hacia afuera. También busca ordenar la propia casa.
Las autoridades buscan evitar que empresas con estándares deficientes, prácticas irregulares o problemas de cumplimiento normativo terminen dañando la reputación internacional construida durante décadas. Para ello, la nueva regulación incorpora controles más estrictos sobre el movimiento transfronterizo de datos, refuerza los mecanismos de supervisión y establece sanciones para quienes oculten información o presenten documentación falsa. Las multas pueden oscilar entre el 0,5% y el 1% del monto invertido, mientras que determinadas infracciones podrían impedir nuevas operaciones durante años.
La norma difícilmente cierre por sí sola los debates sobre la influencia económica china ni las disputas geopolíticas que la acompañan. Pero después de años de expandirse mediante puertos, ferrocarriles, centrales energéticas y corredores logísticos en distintos continentes, China parece decidida a dotar esa presencia de un nuevo escudo: una muralla jurídica destinada a supervisar, resguardar y disciplinar la red de inversiones que se convirtió en uno de los principales instrumentos de su proyección global.
