Decenas de referentes de derechos humanos y del feminismo denunciaron penalmente a la senadora del radicalismo PRO. Especialistas en salud mental enviaron una carta al Senado para advertir que la iniciativa puede desalentar denuncias y profundizar la impunidad.
Mientras avanza en el Senado el proyecto de ley impulsado por la senadora nacional por la provincia de Santa Fe Carolina Losada para endurecer las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra niñas, niños y adolescentes, crece también la resistencia.
El exjuez Carlos Rozanski, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) y una extensa lista de referentes de los derechos humanos, el feminismo, la academia y la cultura presentaron una denuncia penal contra Losada y “todos aquellos que resulten cómplices o partícipes penalmente responsables” de la maniobra.
La presentación judicial, patrocinada por el constitucionalista Eduardo Barcesat, sostiene que la senadora estaría encabezando una operación de “coacción e intimidación” dirigida a psicólogas, psiquiatras y otros profesionales que asisten a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, con el objetivo de desalentar tanto la atención clínica como la realización de denuncias.
Entre quienes firman figuran Nora Schulman, Dora Barrancos, Nelly Minyersky, Taty Almeida, Diana Maffía, Alberto Kornblihtt, Nora Merlin, Sandra Russo y el Padre Paco, entre muchas otras personalidades. La denuncia fue presentada ante la justicia federal y alcanza también al senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto (LLA) –en la foto de apertura de la nota junto a Losada– y al exministro Mariano Cúneo Libarona.
Una advertencia al Senado
Casi en simultáneo, el Centro de Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CePASI), presidido por la psiquiatra infantojuvenil Silvia Ongini, envió una carta a todos los senadores y senadoras nacionales con datos clínicos, científicos y jurídicos para advertir sobre las consecuencias del proyecto.
“No venimos a obstruir un debate legislativo. Venimos a aportar elementos que permitan tomar decisiones más justas, más informadas y más respetuosas de los derechos de quienes menos pueden defenderse por sí mismos”, señala el documento.
La carta recuerda que:
• 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años.
• En Argentina, de cada 1.000 abusos sexuales infantiles, solo 100 se denuncian y apenas uno llega a condena.
• Las denuncias deliberadamente falsas representan un ínfimo porcentaje de los casos. Según el informe “Análisis del Consejo Federal de Política Criminal sobre falsas denuncias” , sobre más de ocho millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones del país durante tres años, las falsas denuncias representan apenas el 0,09 por ciento del total.
• El 84,6% de los agresores pertenecen al entorno de confianza de la víctima.
Para Ongini y el equipo de CePASI, endurecer las penas en estos casos no protege a las víctimas: agrega un nuevo obstáculo en procesos que ya son extremadamente difíciles.
La falsa denuncia ya está contemplada en el Código Penal. Lo que propone Losada es agravar la pena cuando se trate de denuncias vinculadas con violencia de género, abuso sexual o delitos contra menores.
El problema, como señalan quienes cuestionan la iniciativa, es que coloca el foco sobre las denuncias más difíciles de probar: aquellas que suelen ocurrir en la intimidad, sin testigos y, muchas veces, sin evidencia física.
En esos casos, la falta de condena no significa necesariamente que el hecho no haya ocurrido. Sin embargo, el proyecto introduce una amenaza adicional sobre quienes denuncian y sobre los profesionales que las acompañan.
La legislación argentina establece que por tratarse de delitos de acción pública, cualquier ciudadano está facultado a denunciar ante una sospecha de abuso sexual contra una niña, un niño o un adolescente y, en el caso de los profesionales, es una obligación como lo indica la Ley Lucio.
Lo que comenzó como una advertencia de organizaciones feministas y especialistas en infancias hoy suma a juristas, organismos de derechos humanos, científicas, periodistas y referentes sociales. La denuncia presentada en la Justicia y la carta enviada al Senado expresan una misma preocupación: que el mito de las “falsas denuncias” termine convirtiéndose en una herramienta para disciplinar a las víctimas, desalentar denuncias y reforzar la impunidad.