Nuestros bienes naturales representan una enorme oportunidad, antes de que se transformen en recursos, es decir antes de transformarlos en función de su utilidad o en un concepto de raíz económica útil para la comunidad.
Pero una oportunidad no es solamente aquello que tenemos. Es aquello que somos capaces de construir con lo que tenemos.
La verdadera riqueza de una sociedad no está únicamente en sus recursos, sino en su capacidad para transformarlos en conocimiento, bienestar y oportunidades para todos.
El litio puede ser solamente una materia prima que sale del país o puede convertirse en investigación, desarrollo tecnológico, industria y empleo calificado.
La energía puede limitarse a generar beneficios inmediatos o puede transformarse en una herramienta para impulsar infraestructura, ciencia y calidad de vida.
La producción de alimentos puede quedar reducida a la exportación primaria o puede convertirse en una oportunidad para agregar valor, fortalecer la industria y generar trabajo.
La diferencia no está solamente en lo que poseemos. Está en la decisión colectiva sobre qué hacemos con ello y en los territorios donde se transforman los bienes ambientales en recursos naturales.
Por eso es preocupante cierta visión secesionista, en estado larvario y económico por ahora, que se da en el territorio nacional. El noroeste con la explotación del litio, las zonas centrales con el avance de la frontera de la soja y el sur con su proyección vinculada a los hidrocarburos, establecen una tensión que no se compadece con un visón integral del desarrollo territorial. Si a eso sumamos, la libertad de extranjerizar la tierra, más allá de lo permitido actualmente, en zonas donde ya hay extranjería permitida, como la cordillera o el litoral fluvial de la Argentina, más el descuido de nuestro litoral marítimo, la Antártida, Malvinas e islas del Atlántico sur, debemos pensar hipótesis de innegable desmembramiento territorial. Algo a observar con preocupación.
La soberanía ambiental no pertenece a un sector determinado. Es una tarea de toda la sociedad. Incluye a quienes producen y a quienes investigan. A quienes trabajan y a quienes emprenden. A quienes enseñan y a quienes gobiernan. A quienes viven en las ciudades y a quienes habitan los territorios rurales. Porque el ambiente no es algo separado de la vida cotidiana.
Un río limpio es salud. Un bosque protegido es equilibrio. Una tierra cuidada es alimento. Un ambiente sano es una sociedad con más posibilidades de vivir mejor.
Por eso, proteger no debe entenderse solamente como limitar. Significa crear, por ejemplo, nuevas tecnologías, nuevas formas de producción, de empleos vinculados al conocimiento. Crear una relación diferente entre la sociedad y aquello que sostiene nuestra existencia. Una soberanía para encontrarnos. La soberanía ambiental no es una idea contra alguien. No es una barrera frente al mundo. No es una invitación al aislamiento.
De hecho, los países que hoy lideran la innovación tecnológica y la competitividad son, en muchos casos, los que más invirtieron en políticas ambientales. La clave no fue elegir entre ambiente o desarrollo, sino convertir el cuidado del ambiente en una ventaja competitiva.
Algunos ejemplos muy sólidos, que valen la pena mencionar:
Noruega convirtió la renta del petróleo en un fondo soberano de más de un billón de dólares para financiar jubilaciones e inversiones futuras. Al mismo tiempo, lidera la electrificación del transporte y el desarrollo de tecnologías para reducir emisiones. Extracción con valor agregado, ciencia y planificación.
Dinamarca: después de la crisis del petróleo apostó por las energías renovables. Hoy es una potencia mundial en energía eólica, exporta tecnología, genera miles de empleos calificados y tiene empresas líderes en el sector.
Alemania: la transición energética (Energiewende) impulsó industrias vinculadas a la eficiencia energética, las energías renovables, la ingeniería y la innovación. Aunque enfrenta desafíos, creó un enorme ecosistema de conocimiento y desarrollo tecnológico.
Países Bajos: siendo un territorio pequeño, es el segundo exportador mundial de alimentos gracias a una agricultura de alta tecnología. Produce más utilizando menos agua, menos fertilizantes y más investigación científica.
Finlandia: construyó una poderosa bioeconomía. Aprovecha sus bosques con manejo sustentable para fabricar papel, biomateriales, biocombustibles y productos de alto valor agregado sin destruir el recurso que les da origen.
Costa Rica: protegió más del 25% de su territorio, revirtió la deforestación y convirtió la biodiversidad en una fuente de riqueza mediante el turismo, la investigación y los servicios ambientales. Demostró que conservar también genera empleo y divisas.
Corea del Sur: lanzó un programa de “crecimiento verde” que combinó inversión pública, innovación, transporte limpio, eficiencia energética y nuevas industrias. La política ambiental fue concebida como una estrategia de desarrollo económico.
Todos estos casos muestran una misma enseñanza: el verdadero desarrollo ya no consiste en extraer más recursos, sino en generar más conocimiento a partir de ellos. El valor agregado está en la ciencia, la tecnología, la innovación y la industria.
China en su nuevo Plan Quinquenal, se plantea un avance sustancial en estos temas, después de haber sido uno de los grandes depredadores. Hoy ya son vanguardia en ciudades esponja, lugares donde el agua de lluvia es absorbida, almacenada, reciclada y reutilizada. La idea es sencilla, las ciudades deben volver a comportarse como un suelo natural.
La falsa discusión es “ambiente o desarrollo”. Los países más desarrollados demostraron que el ambiente no es una barrera para el crecimiento, sino el punto de partida de una nueva economía. La riqueza ya no se mide por la cantidad de naturaleza que se extrae, sino por la cantidad de conocimiento que una sociedad es capaz de incorporar a sus recursos. Cuidar el ambiente no frena el desarrollo; obliga a hacerlo mejor.
Hoy nuestras tierras penden de un cuarto intermedio en el Senado, también de lo que se denomina “El campo” y sus corporaciones, que ya exprimieron tierras y prefieren negocios financieros con su capital acumulado. Es interesante recordar los discursos patrioteros de ese sector, cuando los sucesos de la 125. Toma de bancos, cortes de rutas, derrame de leche, desfiles de patrones disfrazados de gauchos, un discurso hipócrita de orgullo soberano, que hoy no se proclama ante la enajenación de las tierras argentinas. La patria es lo más parecido a sus bolsillos que al pedazo de tierra que tienen y su puñado de valores, que resguardarán en algún casco de estancia, para vacacionar y para que sepan de su argentinidad de cotillón. Nuestra vieja oligarquía con olor a bosta ─como escribió Sarmiento─, hoy se extranjeriza, promueve y vende sus tierras.
En la Feria de la Sociedad Rural, han puesto el valor, que ya piensan para vender, según artículo de Leandro Renau, en Pagina 12 del domingo 26 de julio. Las 10 mil hectáreas se ofrecen a fondos extranjeros, en 300 millones de dólares. Se destaca el comentario de un pícaro ganadero, que desenmascara un pensamiento agonal, “la reforma agraria la hace la herencia familiar. Si no se vende ahora, en unos años se van a repartir pedacitos entre los nietos”.
Recordemos las tapas del diario La Nación, que promovían aquellas mujeres luchadoras del campo que trataban de impedir los remates de sus tierras. La solución llegó de la mano del gobierno de Nestor Kirchner, y nunca más se habló del tema.
Cristina Kirchner promulgó la Ley 26.737 de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de la Tierras Rurales” como una política de defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, sosteniendo que la tierra no debía ser tratada únicamente como una mercancía, sino como un bien estratégico para el desarrollo del país.
Con posterioridad, la norma fue modificada por el gobierno de Mauricio Macri mediante el Decreto 820/2016, que flexibilizó algunos de sus criterios de aplicación. Más tarde, el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737.
Ahora pendemos de las manos de los y las senadores y diputados, también de la movilización popular. Queda claro el trabajo hecho, en histórico tándem por el macrismo y el mileísmo libertario.
También queda claro cómo se pueden votar leyes para el saqueo de la nación y meter presa a quien lo impidió. La falta de lectura jurídica y política sobre los hechos solo demuestran una vez más cómo ha sido cooptado el Estado. El proyecto de país que CFK apuntaló al crecimiento nacional, desarrollando integración productiva, conocimiento, ciencia, empleo y promoviendo el cuidado ambiental. Ella lo enfrentó con la dignidad y la fortaleza de quien tiene claro el destino y la grandeza de su país.
Esperamos que nuestros/as senadores entiendan que la actual Ley de tierras, que se quiere modificar, no pone límites al desarrollo, pone límites a la entrega de nuestros bienes.
La Ley creada bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner restringe a cualquier extranjero, sea una persona o una empresa, que supere los límites impuestos.
El actual dictamen achica ese universo a un solo tipo de actor: los Estados extranjeros y sus empresas estatales. Todo el capital privado extranjero —fondos de inversión, corporaciones, fortunas personales— queda fuera de cualquier restricción. Libre para comprar. El problema es que la extranjerización de la tierra en Argentina la protagoniza exactamente ese capital privado, no los gobiernos de otros países comprando campos.
No se trata de volver al pasado. Se trata de imaginar un futuro mejor. Porque el futuro no está escrito. Se construye con las decisiones que tomamos hoy.
Quizás la verdadera soberanía del siglo XXI consista en comprender algo esencial: que cuidar aquello que nos sostiene también es una forma de construir juntos el país que queremos habitar. Por eso es un deber politizar el ambiente y ambientalizar la política, como reclamamos y practicamos no tantos aún.
También es un deber expresarse mañana en las calles para defender nuestra tierra.
