En la Argentina de los últimos años, la vida cotidiana se volvió un camino cuesta arriba incluso para quienes tienen empleo formal registrado. El deterioro salarial se viene agravando desde hace años: comenzó en los inicios de la gestión de Mauricio Macri, se profundizó con Alberto Fernández y se agudizó bajo el gobierno de Javier Milei. El 72% de los trabajadores no llega al millón de pesos mensuales y queda lejos de cubrir las necesidades básicas del hogar, aun teniendo más de una ocupación. El dato expone un fenómeno que se expande más allá de la informalidad: el empobrecimiento creciente de la clase trabajadora. Una realidad que en la historia argentina resultaba impensable, aunque en otros países de América Latina es moneda corriente: se puede tener un empleo estable y eso ya no excluye la posibilidad de ser pobre.
Mientras tanto, el Congreso de la Nación trabaja en una reforma laboral elaborada por La Libertad Avanza, un proyecto de ley que muchos califican como “regresivo” y “perjudicial” para el conjunto de los trabajadores. El Senado tiene cita el 10 de febrero para su tratamiento. El cóctel podría ser explosivo.
En la misma línea, sobre el fleje, el Congreso aprobó el Presupuesto 2026, con una bancada violeta fortalecida por las elecciones de medio término, los habituales partidos colaboracionistas y algunas voluntades seducidas por el reparto de ATNs. “Este presupuesto lo que hace es priorizar el pago de la deuda en un contexto de fuga de capitales. Todo queda subordinado a esto. Además, el Congreso está cediendo facultades relacionadas a la toma de deuda. Se preparan para incumplir la ley porque deberían mejorar al menos dos de tres condiciones: bajar los intereses, extender plazos o reducir capital. Nada de eso parece estar en los planes y un canje beneficiará a una minoría rentista y parasitaria”, señala el economista Horacio Rovelli. Mientras tanto, para los trabajadores, en el Presupuesto sólo hay ajuste. La cuesta se empina más.
Los trabajadores pobres como fenómeno
Según un informe publicado a principios de diciembre de 2025, una de cada cinco personas que trabaja 40 horas semanales percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, mientras el Gobierno celebra una baja nominal en la cantidad de pobres (siempre en comparación con el fuerte aumento del inicio de la gestión Milei producto de una devaluación del 118%), esa cifra convive con una realidad que las mediciones por ingresos no siempre terminan de captar y que no reflejan la experiencia cotidiana de las mayorías.
El INDEC muestra una tasa de informalidad creciente que, según el organismo, trepa al 42%. Esto representa unos 9 millones de trabajadores. Las cifras se calculan a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos del país, que concentran 29,8 millones de personas.
La pobreza medida y la pobreza vivida
¿Cómo se explica entonces que el Gobierno festeje una baja de la pobreza? El legislador porteño Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, lo atribuye al criterio de medición, ya que, al basarse únicamente en ingresos, una desaceleración de la inflación puede mejorar el indicador sin reflejar la situación cotidiana. “El INDEC toma solo el parámetro de los ingresos”, señala.
En la misma línea, Mariana González, economista del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), plantea que esa baja debe leerse en relación con el salto posterior a la devaluación de diciembre de 2023: el indicador mejora, en parte, por comparación con ese pico. “Estamos en un período donde el empleo es de peor calidad y con destrucción del trabajo registrado. Además, el Gobierno no tiene intención de que los sueldos suban”, analiza González.
“En 2024 medimos que un 45,6% de la población se encontraba en situación de pobreza, mientras que en 2025 disminuyó a un 36,3%”, dice Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. “Parecería un éxito, pero hay que tener en cuenta que se está utilizando una canasta que es del 2004/2005, donde los gastos que tenemos actualmente en impuestos y servicios, colegios privados, prepagas y medicamentos tienen relativamente poco peso en la medición. Igual, que casi cuatro de cada diez argentinos sean pobres sigue siendo un índice alto para un país como Argentina”, explica.
La UCA propone una medición multidimensional de la pobreza que incorpora al estrés económico como un indicador subjetivo. Para relevarlo, se formulan preguntas como “¿Considera que en el hogar alcanzaron los ingresos para vivir en la forma que estaban habituados en un pasado reciente?”. “Actualmente, lo que siente la población y es real es que paga estos gastos fijos en primera instancia y después no les queda plata para vivir. De esto da cuenta el indicador de estrés económico que solo bajó del 50% en 2024 a casi un 47% ahora, lo que marcaría casi el mismo nivel de gravedad entre un año y el otro”, explica Donza.
El informe Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición, presentado el 4 de diciembre, subraya además que el registro de pobreza e indigencia sería muy distinto si se la evaluara sin transferencias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que funcionan como amortiguadores: sin esos ingresos posiblemente subiría alrededor de 10 puntos.
Entre los límites que mencionan los especialistas consultados aparecen sesgos del organismo al diseñar la medición, sin incorporar variables que impactan en la economía real de los hogares. Por ejemplo, hoy los impuestos y servicios representan más del 20% de los ingresos. Si solo se pone la lupa en los servicios básicos, estos aumentaron un 578% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.
El peso del alquiler tampoco se ve reflejado en el cálculo oficial. No es un dato menor: en CABA el 40% de las personas alquila. Pero también hay inconsistencias en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para captar ingresos inestables o difíciles de declarar, en especial, entre cuentapropistas. Respecto de esto último, agrega González: “La pobreza se mide con una consulta y eso presenta problemas: no necesariamente es porque se mienta cuando responden los encuestados, sino porque en muchos casos no se tiene en claro cuánto se gana”.
Itai Hagman, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, agrega que el problema no es necesariamente un “engaño” sino qué captura la medición: “La EPH mide solo ingresos”. Y subraya que hay costos que no entran en ese cálculo: “Claramente hoy estamos peor. Para que un trabajador viva como hace 10 años tiene que trabajar más horas y en más de un empleo. Esto es empobrecerse, porque hay un tiempo y un desgaste que no contabiliza la EPH”.
En Argentina, el INDEC mide la pobreza por ingresos a partir de una línea definida por la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Si los ingresos del hogar no son suficientes para cubrir la CBT, se considera que está en situación de pobreza; si no alcanzan para adquirir la CBA, se lo clasifica como indigente.
La discusión por los números también alcanza a la actividad
El debate sobre qué capturan —y qué dejan afuera— los indicadores no se limita a la pobreza. En las últimas semanas también hubo cuestionamientos en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), luego de que el INDEC informara una suba interanual cercana al 5% y publicara revisiones en series recientes mostrando números de crecimiento alentadores. Sin embargo, ninguna consultora privada —desde la más conservadora hasta la más “nac&pop”— registra ese crecimiento. El bloque peronista de Diputados denunció que dicha maniobra fue la razón de la mejora sustancial de los números.
Los mismos denunciantes mostraron que el INDEC también mejoró los números de junio (de -0,6% a -0,4%), abril (de 1,2% a 1,1%), febrero (de 0,7% a 0,8%) y enero (de -0,1% a 0,1). Marco Lavagna, titular del INDEC, debió dar explicaciones y publicó un documento donde dice que las series del EMAE “se construyen con información parcial, provisoria e incluso con algunas fuentes diferentes de las utilizadas en la estimación del PIB trimestral”. Y agregó: “Los cambios observados en la serie desestacionalizada y en la serie de tendencia-ciclo no responden a las pequeñas correcciones de la serie original sino, fundamentalmente, a la incorporación del valor de septiembre. Esto es especialmente relevante porque septiembre completa un trimestre y, al hacerlo, introduce una revisión mayor al conciliar los datos del EMAE con la proyección del PIB desestacionalizado para el tercer trimestre del año”. Que los números digan solo lo que se quiere de ellos es un principio fundamental en política.
Estos permanentes retoques que realiza el INDEC para favorecer el relato que pretende instalar el Gobierno le valieron a Lavagna el apodo de “mago”. Con ellos, se favorece el esfuerzo oficial por evitar reconocer que Argentina se encuentra transitando su segundo período de recesión en tan solo dos años, lo que el presidente Milei, que se describe a sí mismo como un “economista especialista en crecimiento con y sin dinero”, no podría explicar. A la vuelta de la esquina hay 4.500 millones de dólares por pagar de vencimientos de deuda. La soga del FMI aprieta cada vez más.
Mercado de trabajo y precarización
Estos números, por sí solos, no alcanzan para reflejar las cifras reales de pobreza. El retroceso en el consumo convive con transformaciones del mercado laboral que ahora se aprestan a quedar grabadas en letra de molde con el avance de una reforma que, según advierten algunos especialistas, profundizará la inestabilidad y precarización laboral.
Luego de casi una década de estancamiento del empleo formal y de la expansión de plataformas que generan ingresos fluctuantes, menor estabilidad y niveles crecientes de precarización e incertidumbre, también hay otro indicador preocupante: el crecimiento del desempleo. Así es como se amplía la distancia entre quienes aún perciben remuneración suficiente y quienes deben hacer malabares para llegar a fin de mes.
Incluso voces cercanas al oficialismo sugieren la gravedad de la escena. El economista Carlos Rodríguez, ex asesor del presidente Milei, publicó en X un posteo en el que expresa que la combinación de apertura importadora con un tipo de cambio atrasado y un mercado laboral distorsionado empuja despidos y podría agravar aún más el cuadro: “Como estamos ahora, el desempleo y la informalidad están en las puertas de explotar, como pasó con la Tablita y la Convertibilidad”, señaló.
A principios de diciembre de 2025, un informe elaborado por un equipo del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA) introdujo la noción de “recomposición laboral regresiva” para explicar un fenómeno de precariedad creciente durante los primeros 18 meses de la actual gestión. En ese período, señala el documento, se perdieron más de 407 mil puestos formales, se crearon 226 mil nuevos puestos y, de estos, alrededor del 90% fueron informales, precarios y flexibles.
Según ese mismo informe, si bien la informalidad no es nueva en Argentina, lo que aparece como novedad es el modo de combatirla: con trabajo de menor calidad y mayor fragilidad. En contraste, luego de la crisis que puso fin a la convertibilidad, el país experimentó una tendencia de crecimiento del empleo registrado. Esa tendencia en desmedro del trabajo de calidad se venía observando desde hacía algunos años, pero la actual gestión la exacerbó, con señales de alarma que sugieren un cambio de modelo. Entre ellas aparece la caída del empleo industrial, que desde 2023 habría perdido 200 mil puestos. Otros sectores muy afectados en este período son el estatal y el de la construcción. En el primero ya se perdieron alrededor de 220 mil puestos de trabajo y, en la construcción, el freno a la obra pública no fue compensado por la iniciativa privada, algo que el Gobierno decía que iba a suceder.
En ese marco, el diagnóstico sobre la estructura ocupacional también es contundente. De la población actualmente activa, la mitad se encuentra en la informalidad. De ese total, la mitad son asalariados no registrados (un 85% trabaja en pequeños comercios o se desempeña como único empleado de esa unidad de negocio). La otra mitad son cuentapropistas —incluida una porción de pequeños empresarios— y la mayoría realiza tareas de baja calificación y escasa productividad, lo que complica cualquier estrategia para la formalización.
Las ocupaciones que más crecieron están ligadas a comercio y gastronomía, sectores de baja productividad. Mientras tanto, en el sector industrial —y en actividades de mayor rentabilidad— se advierte un retroceso.
Eduardo Molina Chávez, director del Grupo de Estudios sobre Movilidad y Desigualdad Social que elaboró el informe, señala que a la recomposición laboral regresiva se le suma una crisis de ingresos. En un contexto donde la línea de pobreza ronda los 1,3 millones de pesos, ni siquiera el pluriempleo alcanza. La extensión de las jornadas genera incertidumbre, agotamiento e impacto en la salud física y mental, en un sistema de salud que, además, se contrae.
En términos simples, el informe lo resume así: nueve de cada diez nuevos puestos generados en el período no tienen ningún tipo de protección social ni estabilidad, lo que consolida una “recomposición laboral regresiva”. El documento contabiliza más de un millón de desocupados y advierte que dos de cada tres personas en edad económicamente activa enfrentan problemas de empleo, ya sea por desocupación, subocupación o inserciones precarias.
Avanza la precarización en forma de Ley
Luego de las elecciones de medio término a fines de octubre, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma laboral. Sobre este punto, el abogado laboralista Luis Campos advierte que la reforma no trae nada bueno para los trabajadores. Asegura que agravará la situación de los sectores más vulnerables y generará un “derrame inverso”, ajustando aún más a quienes hoy mantienen una situación laboral más protegida.
El Gobierno propone el desarrollo de sectores que no generan puestos de trabajo calificados, algo que resulta clave para generar productividad y mayores ingresos. Así, pretende dinamizar la minería, el petróleo, el agro y el sector financiero. Ninguno de esos rubros requiere mano de obra intensiva, no necesitan mucha masa trabajadora y sí generan subcontrataciones o empleo lateral a la cadena, por lo que no se generará trabajo registrado. Se trata de una reforma que intenta pulverizar el trabajo genuino, desfinanciar la seguridad social y desarticular todo intento de reivindicación colectiva. Y de la que hasta sus mismos diseñadores reconocen que no generará nuevos puestos.
Todo esto se da en un contexto donde la producción nacional, a su vez, se encuentra afectada por la recesión y por las importaciones. Molina Chávez advierte que adicionalmente la reconversión tecnológica modificará el stock ocupacional.
En contraposición al intento oficialista de precarizar y desproteger a los trabajadores, Fuerza Patria se prepara para hacer una propuesta más a tono de las legislaciones de otros países: Salario Mínimo Vital y Móvil por encima de la Canasta Básica Total; integralidad del salario (no permitir pagos parciales en tickets, por ejemplo); y reducción de la jornada laboral de forma paulatina hasta llegar a las 6 horas diarias. Más trabajo para todos, menos horas. Una fórmula que ya fue probada con éxito en países como Francia y Dinamarca. Y abordar con seriedad la problemática del trabajo no registrado y precarizado, como es el caso de los trabajadores de las plataformas de delivery.
Jubilaciones, una variable del ajuste
Si entre quienes trabajan el pluriempleo no resuelve las necesidades básicas, para los que dependen de un ingreso fijo el problema es aún mayor. En los últimos años, la pérdida de poder de compra golpeó con fuerza a las jubilaciones y recortó consumos simples que hasta hace poco formaban parte del día a día.
Estela Sesarego vive en Flores. Se jubiló a los 62 años como acompañante terapéutica y ahora tiene 82. “Con mis amigas íbamos seguido a comer afuera o al teatro a ver un espectáculo lindo. Ahora, no digo que lo dejamos de hacer por completo, pero si vamos a ver una obra buscamos alguna que no sea tan cara y a almorzar ya casi no salimos. Si nos queremos encontrar, vamos a tomar un cafecito o un té. Si no, nos juntamos en la casa de alguna y cada una lleva algo”. Cuenta que puede sostener ciertos gustos porque tiene casa propia y completa su jubilación con el ingreso de un alquiler.
Pero para la mayoría de las personas jubiladas, la realidad es bastante más dura y obliga a privaciones incluso en alimentos o medicamentos. En diciembre, el haber jubilatorio mínimo alcanzó los $340.879,59. A eso se le suma el bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo de $170.439,79. El total asciende a $581.319,38. En noviembre, los jubilados de la mínima cobraron apenas $403.150 y en octubre $396.298.
La distancia entre ingresos y gastos de ese grupo poblacional es pronunciada. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en octubre la canasta para un hogar con dos personas en edad jubilatoria que paga un alquiler fue de $1.932.067.
Los salvavidas
“En términos de política pública, lo único que se está haciendo de manera sostenida y consecuente es fortalecer la AUH —que tuvo actualizaciones por encima de la inflación— y la Tarjeta Alimentar”, explica Diego Masello, director del Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y Acción Sindical (ITRAS), un centro de investigación y formación gestionado entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Fundación UOCRA. Masello agrega que quedaron algunos planes de empleo, “residuos del Potenciar Trabajo”, pero a una escala más pequeña.
Su lectura no es ideológica sino práctica. Sostiene que el Ministerio de Capital Humano mantiene la AUH como un piso de contención para evitar que la conflictividad se vuelque a las calles. “Independientemente de la mirada política, el Gobierno no come vidrio. Sostener la AUH tiene que ver con mantener un mínimo de paz social”, afirma. Y remarca que esa lógica atravesó a todas las administraciones más allá del signo político: “Mauricio Macri tampoco desarmó esa política; al contrario, la mantuvo bien. Creo que existe un entendimiento transversal de que algo de asistencia monetaria sobre los sectores que peor están hay que tener”.
Los números acompañan ese diagnóstico. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó en noviembre que, sin la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Apoyo Alimentario del Plan 1.000 Días, habría un 10% más de pobres y un 82% más de indigentes, sobre todo en hogares con menores. Mientras que el Gobierno insiste en que la inflación quedó atrás, en noviembre el índice de precios volvió a acelerarse y marcó 2,5% mensual (31,4% interanual), según el INDEC.
Pero mientras esas transferencias se sostienen, el salario mínimo se desangra. Perdió más de la mitad de su poder adquisitivo en la última década y hoy vale apenas una quinta parte de lo que permitía comprar en los años 90. Según CIFRA (CTA), desde que asumió Milei ya perdió otro 35,2% adicional. La estadística es brutal. En este contexto de pauperización, el Gobierno sale a “vender” una ley de reforma laboral con la premisa de la generación de empleo. “Es una falsedad. En primer lugar, porque con Milei y sus políticas se perdieron más de 250 mil puestos. Además, una ley no genera empleo ni mejora las condiciones de los laburantes. Y esta mucho menos”, resume la diputada Sabrina Selva. “El tratamiento quedó para febrero, pero de avanzar sería un golpe para el conjunto de los trabajadores, que ya hoy están viviendo una situación difícil, con salarios que no alcanzan”, explica Selva.
Industria, empresas y despidos
En el sector privado, el deterioro del poder de compra produce una pronunciada caída del consumo que se traduce en cierres, suspensiones y despidos. Economistas y referentes del sector productivo advierten que la dinámica actual es compatible con un industricidio, o sea una destrucción acelerada del entramado productivo nacional que retrotrae la situación a momentos dramáticos de la historia reciente.
“Fue una semana durísima, despidieron a tres compañeros de ventas. El resto ganamos el mínimo, sin premios, y buscamos otras alternativas”, relata un vendedor de insumos para impresión con 30 años de experiencia en el rubro. “Y eso que comercializamos productos importados, pero las empresas compran cada vez menos”, agrega desde una oficina en Avellaneda.
El retroceso en las ventas aparece como una clave para entender este proceso de deterioro. Los registros de actividad muestran un retroceso persistente, asociado tanto a la reducción de los recursos del hogar como a cambios en la demanda de bienes y servicios. El Banco Central registra un incremento mensual del endeudamiento para enfrentar gastos corrientes. Así, la morosidad en el pago de tarjetas, los créditos de corto plazo a través de billeteras virtuales y el financiamiento de alimentos o servicios se vuelven prácticas extendidas que evidencian la fragilidad económica de amplios sectores que ya no logran equilibrar sus cuentas.
Los datos son contundentes: 6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras virtuales en un promedio de 5,6 millones de pesos, equivalente a U$S 3.800 o 17,3 salarios mínimos, es decir un nivel de endeudamiento inédito para amplios sectores de la población.
En paralelo, el impacto en el tejido productivo es cada vez más notorio. En los últimos dos años cerraron alrededor de 20 mil empresas, a un ritmo cercano a 30 por día. Al menos 143 de ellas iniciaron concursos preventivos de crisis. Durante ese período, unos 275 mil trabajadores perdieron su empleo, sin contar los últimos despidos y suspensiones temporarias que se repiten en todas las ramas de la economía.
Whirlpool, la fábrica de electrodomésticos modelo, que exportaba parte de su producción, cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores. Desde la empresa dijeron que la decisión se tomó por la caída de ventas y el aumento de las importaciones. Una lógica similar se repite en otras grandes empresas. Newsan —que recibió con algarabía a un Milei en campaña— recortó su producción en Tierra del Fuego y dejó a su planta con 150 trabajadores menos. La empresa de electrodomésticos Electrolux suspendió su producción en Rosario y puso en riesgo 400 puestos. Mabe, la fábrica de lavarropas ubicada en Córdoba, achicó su producción y despidió a 200 trabajadores. Dana, autopartista, cerró su planta de San Luis dejando sin sustento a 50 familias. Essen, la fábrica de ollas y sartenes de aluminio, ubicada en Venado Tuerto, redujo turnos y sumó una nueva tanda de despidos, esta vez 35.
En el rubro textil, TN Platex de Monte Caseros despidió a 20 operarios. Por su parte, Luxo contabilizó 50 despidos al cerrar su planta de La Rioja y Textilana agregó 250 suspensiones en Mar del Plata. La producción de alimentos tampoco se salva: Georgalos mantiene 660 puestos en riesgo. La Suipachense, histórica empresa láctea, quebró dejando a 150 personas en la calle. El ajuste llegó también a la fintech preferida del presidente, Ualá, de Pier Paolo Barbieri, que desvinculó a 135 personas bajo el argumento de “automatización de tareas”, un eufemismo tecnológico que es la contracara de la burbuja de la IA, a punto de estallar.
Lejos de tratarse como episodios aislados, este panorama da cuenta de un proceso estructural que combina caída del consumo, apertura importadora, fin de la obra pública y pérdida de capacidad productiva. Un proceso en el que crecen la desocupación y la pobreza, se destruye el aparato productivo y se profundiza la dependencia externa, con un impacto directo sobre la soberanía.
Los excluidos
Mientras el deterioro del empleo y los ingresos empuja a sectores cada vez más amplios hacia los márgenes, otros directamente quedan fuera del sistema. Ese es el universo de quienes ya no logran sostener ningún tipo de inserción laboral estable y sobreviven sin redes ni derechos.
Juan Porres trabaja con parte de esa población que quedó excluida. Desde hace dos años dirige el Hogar Santa María, en el barrio porteño de Bajo Flores, un espacio que recibe a personas en situación de calle, mujeres con hijos y adultos mayores atravesados por el consumo de drogas.
Las historias con las que se cruza a diario le dieron una definición que va más allá de las estadísticas: “Hay algo del ser pobre que tiene que ver con perder derechos, pero sobre todo la libertad. Es quedarse atado a un montón de cosas oscuras y difíciles que lastiman, que duelen y que rompen a la persona. Hay un reducto último de libertad que no se pierde nunca, pero la pobreza determina un montón esa libertad y coarta opciones y posibilidades”, explica Porres.
En el hogar viven unas 80 personas. Aunque el trabajo se enfoca en la recuperación del consumo problemático, también reciben a adultos mayores con problemas de alcohol. “Les decimos abuelos porque la vida los pasa por encima. Una vez tuve que hacer un informe y me pidieron relevar a los mayores de 70. Fui convencido a buscarlos y no había ninguno. Tienen entre 50 y 70 años, pero parecen abuelitos. Es por la vida que tuvieron”.
Una sociedad fracturada: saluden a la clase media que se va
Los testimonios y datos relevados a lo largo de esta investigación permiten observar una fotografía social fragmentada. El fenómeno de los trabajadores pobres, en plena expansión; el deterioro de los ingresos fijos, la destrucción del trabajo de calidad y el aumento del endeudamiento en los hogares no aparecen como sucesos aislados, sino como dimensiones de un mismo proceso.
A diferencia de otros momentos de crisis, esta dinámica es multidimensional y no se restringe únicamente al mercado de trabajo. Alcanza a jubilados y golpea a los sectores productivos, dinamizadores históricos de la economía. Esa distancia se vuelve tangible en la cotidianeidad. Los anuncios de baja de la pobreza conviven con ingresos que no alcanzan, con más horas de trabajo, con más ocupaciones y con una reorganización de la vida cercada por el ajuste.
El retroceso del entramado productivo, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo refuerzan este escenario. La consiguiente pérdida de empleo limita la posibilidad de una recuperación futura a corto plazo y profundiza un esquema de dependencia externa. Todo esto configura un proceso de debilitamiento de los mecanismos de integración social asociados al trabajo.
Lo que se observa no remite a una situación transitoria, sino a un modelo en el que se consolida la precarización. En él, trabajar más no garantiza vivir mejor, y amplios sectores de la población van quedando atrapados en estrategias de supervivencia cada vez más frágiles.
Diego Masello describe la consolidación de una grieta estructural entre tres mundos que ya casi no se tocan. En un extremo, empresas de alta productividad y salarios competitivos, vinculadas a la exportación. En el medio, un universo amplio de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores registrados que, aún con empleo formal, son pobres. En la base, un sector estructuralmente informal, masivo y situado al borde del abismo.
Esa fractura también se lee como un corrimiento regional. Perú, modelo que funciona como faro para el neoliberalismo, muestra hasta qué punto la informalidad puede volverse estructural: allí más del 70% de la masa trabajadora se desarrolla en la informalidad y solo la mitad de las familias tiene heladera en sus hogares. No se trata de una comparación lineal, pero apunta a una dirección que enciende alarmas.
Para graficarlo, Masello apela a una imagen contundente: “Vivimos en Belindia: la mitad del país se parece a Bélgica y la otra mitad, a la India.” Pero incluso esa metáfora parece quedar corta. El porcentaje de la población que disfruta las mieles de este modelo no supera el 15%, según las estadísticas oficiales.
Los datos acompañan esa apreciación. Según la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, los ingresos mensuales necesarios para sostener distintos niveles de vida exhiben brechas notorias. Mientras la clase alta requiere alrededor de 12 millones de pesos por mes y la clase media alta 5,2 millones, la clase media baja necesita 2,4 millones. Ya en la base de la pirámide, la llamada clase baja no pobre ronda los 1,85 millones, y la clase baja en situación de pobreza apenas alcanza los 750 mil pesos mensuales.
La brecha no es solo estadística. Es vital, cotidiana y material. El presupuesto se estrangula cada día un poco más, incluso entre quienes trabajan.
Un modelo que consolida la precarización
Lejos de ser el resultado de desajustes coyunturales, lo que se observa es que se están implementando decisiones políticas que delinean un modelo de país. La contracción del salario, el deterioro de las jubilaciones, la fragilización del empleo y el retroceso del entramado productivo no son efectos colaterales, sino más bien componentes centrales de una estrategia para redefinir el rol del Estado, del trabajo, la producción y la composición social.
En nombre del equilibrio fiscal y la estabilización macroeconómica, el ajuste recae continuamente sobre los ingresos del sector trabajador y altera las condiciones de vida de amplios sectores sociales. Mientras se sostienen algunos mecanismos mínimos de contención para evitar un estallido social, se avanza en una reorganización regresiva de la estructura económica, con pérdida de empleo de calidad, cierre de empresas y mayor dependencia de actividades de baja productividad.
Esa tensión se vuelve tangible en la experiencia diaria. Trabajar más horas, aceptar ocupaciones cada vez más precarias o recurrir al endeudamiento usurario dejan de ser estrategias transitorias y pasan a constituirse en prácticas de supervivencia impuestas por el ajuste permanente.
En este escenario, el empobrecimiento de quienes trabajan para vivir deja de ser una anomalía para convertirse en una condición estructural y se consolida una sociedad cada vez más desigual, marcada por la gestión de la incertidumbre y la escasez creciente.
El proceso en curso remite a experiencias del pasado reciente. La combinación de apertura importadora, endeudamiento, caída del salario y destrucción del sistema productivo evoca a los años menemistas, aunque con una velocidad y crudeza mayores. No se trata de una historia repetida, sino de una versión acelerada, atravesada por una feroz toma de deuda y una pobreza laboral que se extiende a nuevos sectores. Ese corrimiento hacia empleo más frágil y peor pago no es un daño colateral: es la base social de un programa que recuerda a los 90.
Las señales se acumulan. Detrás de los indicadores que algunos celebran irónicamente mientras le dan la espalda a un país desesperado, se profundiza un modelo que deja a amplios sectores sin red y expone los límites de una estrategia que promete estabilidad mientras deteriora las condiciones materiales de vida. Así, no solo cambia la economía, sino también los términos de la integración. Cuando el trabajo deja de garantizar condiciones mínimas para vivir con dignidad, se erosionan los lazos que sostienen la vida en común y se amplían los márgenes de exclusión.
El debate que queda abierto no es técnico ni estadístico, sino profundamente político y humano. La respuesta no se encuentra en una cifra, sino en cómo se reorganiza la vida cuando el empleo formal deja de sostener derechos y la precarización se vuelve norma. En ese país que está cada día más cerca, la incertidumbre se instala y el ascenso social queda como un recuerdo guardado en los libros de historia.
*Universidad Nacional de La Plata – Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación. Seminario Periodismo de investigación.
