El debate que se dio en la Cámara Alta esta semana sobre la nueva moratoria previsional que finalmente obtuvo la media sanción, estuvo cargado de cuestionamientos mezquinos en torno a la idea de que no hace falta este beneficio para los adultos mayores, pese a la pérdida de vigencia de la actual moratoria que vence el próximo 23 de julio.
El proyecto impulsado por el Frente de Todos tuvo 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Uno de los principales argumentos de la oposición para no acompañar la iniciativa fue que el proyecto del oficialismo fue presentado a principios de mayo y solo se trató en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es decir, un argumento de forma más que fondo.
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Los datos de la Anses que revelan que de no sancionarse esta ley, sólo 1 de cada diez mujeres podría jubilarse y solo tres de cada diez varones, no parecieron conmover a parte de la oposición que aprovechó la circunstancia para poner en valor la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
“Quienes hoy no tengan aportes, no están descubiertos porque existe la PUAM”, señaló el Senador radical Victor Zimmermann, y en la misma línea se expresó Martin Lousteau.
La PUAM es una prestación que creó el macrismo que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima, y que no da derechos hereditarios a los familiares. Es decir, un plan social para adultos mayores o como la caracterizó el senador por el Frente de Todos, Mariano Recalde “una jubilación de segunda”.
Pero, ¿por qué insiste el oficialismo con una moratoria? Principalmente porque el peronismo no puede dejar caer un derecho, y porque hay una necesidad real de atender la situación de las personas que no van a estar en condiciones de poder acceder a una jubilación.
El proyecto de Ley de Pago de Deuda Previsional propone por un lado, que las personas en edad jubilatoria, que deban aportes puedan pagar su deuda previsional en cuotas. A su vez, permite que las personas que todavía no tienen la edad jubilatoria, pero que saben que no llegarán con los aportes cuando cumplan la edad de jubilarse puedan anticipadamente comenzar a pagar su deuda. La iniciativa prevé que puedan pagar hasta 30 años adeudados en hasta 120 cuotas.
Otro argumento que deslizó la oposición giró en torno a que los posibles beneficiarios de la nueva moratoria nunca aportaron nada. Un dato que es erróneo. La moratoria prevé que quien acceda a jubilarse tenga que pasar un examen socioeconómico, por lo tanto quienes nunca trabajaron y están en buena situación económica no podrían acceder al beneficio.
Además, el sistema previsional argentino no solo se sostiene gracias a los aportes patronales, sino que también lo hace con impuestos. Es decir, cuando cualquier persona compra un paquete de cigarrillos o carga nafta, está aportando al sistema previsional.
La iniciativa, presentada por los senadores Anabel Frendez Sagasti y Mariano Recalde busca alcanzar a quienes, de alguna manera, fueron víctimas de la situación socioeconómica del país. Es decir, aquellas personas que tuvieron empleos no registrados, o que realizaron trabajos que no fueron remunerados y que por estas razones no tuvieron los aportes necesarios.
La nueva moratoria no atenta contra la sustentabilidad del sistema previsional, otro cuestionamiento presente en el recinto. Lo que atentó contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de los jubilados fue la decisión del macrismo de jugar en la bicicleta financiera con esos ahorros.
La gestión del ex presidente Mauricio Macri dilapidó 28 mil millones de dólares del FGS. En el 2015 el kirchnerismo dejó el FGS con 68.105 millones de dólares, al finalizar el gobierno Macri, los ahorros de los jubilados solo eran 39.896 millones de dólares.
Durante el debate en el recinto, el pasado jueves, el oficialismo también habló de cómo fortalecer un sistema previsional. El senador Recalde enumeró seis ejes claros: generar más empleos de calidad, combatir la informalidad , aumentar los salarios, no impulsar la reducción de aportes patronales, y no fomentar contratos basura.
Varios de estos ejes parecen formar parte de las propuestas de campaña de Juntos por el Cambio, que habitualmente suele plantear la necesidad de una reforma laboral.
La nueva moratoria, una iniciativa inclusiva y distributiva, viene a atender las necesidades de 742 mil adultos mayores que no tienen los aportes suficientes para acceder a una jubilación, y rescatar a cientos de miles de trabajadores de caer en la PUAM.
Se estima que otras 552 mil personas estarán en la misma situación en los próximos años de no sancionarse la iniciativa.
La media sanción le da paso a que la ley continúe su debate en la Cámara de diputados, donde los números para el oficialismo son más ajustados. Allí, también se debate el proyecto de la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Gisella Marziotta que propone que se prorrogue la moratoria vigente.
Quedará pendiente debatir en algún momento una iniciativa que le permita a quienes cayeron en la PUAM, esta jubilación de segunda, poder llegar a obtener una jubilación real, porque como dijo el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, “compartiendo se agranda, el mezquino cree que es al revés”.
