Ya sabemos lo que pasó el 3 de enero de 2026 en Venezuela. Asistimos a un nuevo tiempo de relaciones internacionales en el que aún está por verse qué acciones asumirán los liderazgos vigentes de la política latinoamericana frente al secuestro del presidente Nicolás Maduro, la diputada Cilia Flores y la invasión a la soberanía venezolana.
Escribo estas líneas para examinar un patrón alarmante en dichas relaciones globales: cómo la impunidad sistemática ante violaciones graves del derecho internacional ha allanado el camino para acciones cada vez más audaces y peligrosas.
Mi argumento central es el siguiente: para que el presidente estadounidense Donald Trump se sintiera con la libertad de bombardear Venezuela y secuestrar al presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro, la comunidad internacional tuvo que haber ignorado previamente una serie de abusos flagrantes. Estos incluyen las violaciones a los derechos humanos cometidas por Nayib Bukele en El Salvador, la invasión a la embajada de México ordenada por Daniel Noboa en Ecuador, el genocidio en Gaza perpetrado por Israel, los abusos cometidos por los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei en Argentina – incluyendo los casos de violencia institucional ejercidos por Patricia Bullrich -, y una multitud de otras transgresiones al derecho internacional en los últimos años que han quedado sin consecuencias legales significativas. Esta erosión gradual del no tener que rendir cuentas, no sólo debilita el orden global, sino que invita a potencias como Estados Unidos a actuar con arrogancia imperial, como hemos visto en el ataque de la madrugada del 3 de enero pasado a Venezuela.
Permítanme comenzar por el caso de El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele. Desde que asumió la presidencia en 2019, Bukele ha implementado un estado de emergencia que ha resultado en detenciones masivas, torturas y muertes extrajudiciales en su cruzada contra las pandillas. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado miles de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el encarcelamiento arbitrario de más de 70.000 personas, muchas de ellas inocentes, y el reemplazo de la violencia de las pandillas por violencia estatal. A pesar de las condenas de grupos como Human Rights Watch y el Departamento de Estado de EE.UU., no ha habido sanciones internacionales contundentes ni procesos judiciales en foros como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hayan detenido estas prácticas. Bukele ha sido recibido en cumbres internacionales y ha mantenido alianzas con potencias occidentales, lo que envía un mensaje claro: los abusos masivos pueden ser tolerados si se disfrazan de “seguridad nacional”. Esta impunidad ha normalizado el uso de la fuerza estatal excesiva sin rendir cuentas, un precedente que Trump podría haber interpretado como licencia para sus propias intervenciones.
Pasemos ahora a la invasión de la embajada mexicana en Quito por parte de las fuerzas ecuatorianas bajo el presidente Daniel Noboa en abril de 2024. Esta acción, que atropelló la inviolabilidad de las sedes diplomáticas consagrada en la Convención de Viena de 1961, resultó en la detención del exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político de México. La incursión armada fue condenada por gobiernos latinoamericanos como México, Brasil y Colombia, y organizaciones como la OEA y la ONU, que la calificaron como una violación flagrante del derecho internacional. Sin embargo, las repercusiones fueron mínimas: México rompió relaciones diplomáticas, pero no hubo sanciones económicas globales ni intervenciones de la Corte Internacional de Justicia que impusieran consecuencias reales. Noboa justificó la acción como necesaria para combatir la corrupción, y aunque generó aislamiento temporal, Ecuador no enfrentó un boicot internacional sostenido. Esta brecha entre la retórica de condena y la acción concreta ha erosionado la santidad de las normas diplomáticas, facilitando que líderes como Trump ignoren fronteras soberanas en nombre de “justicia” unilateral.
Uno de los casos más devastadores es el genocidio en Gaza, donde Israel ha sido acusado por múltiples organismos internacionales de crímenes contra la humanidad. Desde octubre de 2023, la Comisión de Investigación de la ONU y grupos como Amnistía Internacional han concluido que las operaciones militares israelíes en Gaza constituyen genocidio, con miles de civiles palestinos muertos, destrucción masiva de infraestructura y un bloqueo que ha exacerbado el hambre y las enfermedades. La Corte Internacional de Justicia emitió órdenes provisionales en 2024 para detener las hostilidades, pero Israel ha continuado sus acciones con el apoyo incondicional de Estados Unidos, que ha vetado resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Human Rights Watch ha documentado actos de exterminio y genocidio sin que haya arrestos de líderes israelíes o sanciones que alteren el curso. Esta falta de consecuencias ha demostrado que, con el respaldo de una superpotencia, se pueden ignorar tratados como la Convención sobre el Genocidio de 1948, estableciendo un estándar de impunidad que Trump ha explotado en su agresión contra Venezuela.
Estos no son incidentes aislados. En los últimos años, hemos visto una serie de violaciones al derecho internacional sin repercusiones reales: abusos sistemáticos bajo los gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y Javier Milei (desde 2023) en Argentina, donde se han documentado casos de violencia policial, detenciones arbitrarias, tortura en prisiones y represión de protestas, exacerbados por políticas de seguridad que priorizan la fuerza sobre los derechos humanos llevándolo al extremo con la profusa instalación pública de discursos de odio. Como dijo el propio tribunal que condenó a los responsables del fallido intento de magnicidio de la principal dirigente opositora, dos veces presidenta y vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, hubo una trama en la que fueron mencionados grupos y funcionarios vinculados al expresidente Macri, para que luego llegara la proscripción y cárcel de la ex mandataria, una condena cuya autoría se atribuyó públicamente el presidente Milei.
Bajo Macri, se registraron también abusos como el encarcelamiento prolongado (10 años) de la activista Milagro Sala sin debido proceso, vigilancia ilegal a familiares de víctimas de tragedias y leniencia hacia crímenes históricos de derechos humanos, junto con condiciones precarias en prisiones y violencia contra mujeres.
Bajo Milei, estas tendencias han continuado y empeorado, con comentarios despectivos contra la comunidad LGBTQ+, desmantelamiento de políticas de salud reproductiva, aumento de la violencia contra mujeres y una resolución sobre armas de fuego que abre puertas a abusos policiales, además de ataques a la independencia judicial.
Particularmente, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien sirvió en ambos gobiernos, ha sido vinculada a casos de violencia institucional, como la represión brutal de protestas – incluyendo la de jubilados en 2025, que resultó en lesiones graves -, aumento de torturas en cárceles federales durante su gestión, protocolos anti-protesta considerados ilegales por organizaciones de derechos humanos, y abusos de autoridad como allanamientos a medios periodísticos. Ejemplos emblemáticos incluyen las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017 bajo represión de fuerzas de seguridad, sin consecuencias internacionales significativas pese a condenas de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
A todo esto se suman ataques cibernéticos y bloqueos económicos sin autorización de la ONU; y el uso excesivo de fuerza en conflictos como el de Yemen o Libia. La comunidad internacional ha emitido declaraciones, pero rara vez ha impuesto sanciones vinculantes o procesos judiciales. Este patrón culminó en el bombardeo de Venezuela y el secuestro de Maduro, una operación que Trump justificó como una “misión de rescate” contra un “narco-estado”, pero que viola la Carta de la ONU y el principio de no intervención. Sin una respuesta unificada, Trump declaró que EE.UU. “administraría” Venezuela, un eufemismo para intervención imperial.
En conclusión, la impunidad no es un vacío; es un permiso implícito. Si la comunidad internacional continúa ignorando estas violaciones, acciones como la de Trump se multiplicarán, socavando la soberanía global y el derecho internacional. Debemos exigir inmediatamente: sanciones, procesos judiciales y reformas en instituciones como la ONU. Solo así restauraremos un orden mundial basado en la justicia, no en el poder.
*Ex parlamentario del Mercosur, ex embajador de Argentina ante la República de Honduras 2022-2023, analista internacional.
