Decretos que retrotraen a viejos paradigmas, auditorías que causan angustia y una resolución estigmatizante exponen la mirada retrograda del gobierno y su ajuste sobre este colectivo. Como respuesta, avanza el proyecto de ley para declarar la emergencia.
Las barreras en el acceso a derechos para las personas con discapacidad no son nuevas, tampoco lo es la pelea por recursos y la poca visibilidad de sus reclamos. Pero desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada se sumaron nuevas complejidades y angustias. A contramano del trabajo constante de familias, profesionales y organizaciones que nuclean a este colectivo para hacer efectivo el “modelo social” y respetar las leyes locales y tratados internaciones, el mileismo decidió retroceder 100 años, volver a conceptos como “invalidez laboral” e, incluso, a emplear términos como “débil mental”, “inútil” e “idiota”. “Se vuelve a considerar a la discapacidad como una enfermedad y esto es gravísimo porque es anticonstitucional”, sintetizó Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Si bien las políticas de ajuste son múltiples, uno de los puntos críticos tiene que ver con las pensiones. Justamente, los términos discriminatorios aparecieron en la resolución 187/2025 y su anexo emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se definieron los criterios a utilizar para medir la “invalidez laborativa”, la cual, a partir del decreto 843/2024, del presidente de la Nación, volvió a ser un requisito para percibir pensiones no contributivas por discapacidad. La resolución 187 apareció en el Boletín Oficial del 14 de enero pasado, con la firma del titular de la Andis, Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei y sin mayores antecedentes en la materia.
La “invalidez laborativa” volvió a ser requisito para percibir pensiones por discapacidad.
El reclamo de las organizaciones del sector –recogido desde el primer momento por Contraeditorial– fue inmediato y se basa en tres argumentos principales: que el uso de criterios puramente médicos para medir la “invalidez” contradice el modelo social adoptado por Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; que la resolución utiliza términos discriminatorios y estigmatizantes; y tercero, que no contó con la participación de personas con discapacidad, lo que viola estándares internacionales.
Por esto, el pedido a Spagnuolo es para que derogue la norma, por considerarla ofensiva, pero sobre todo porque significa el retorno al modelo médico de la discapacidad y, por lo tanto, un grave retroceso para los derechos de este colectivo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entiende que la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología, sino que nace de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras presentes en los entornos que habitan.
Sin embargo, después de la publicación y durante 45, Andis no dio ninguna respuesta, hasta que a fines de febrero, alertado por la viralización del tema en redes sociales, Spagnuolo usó su cuenta de X y la de la Andis para ensayar una explicación. Dijo que se trató de “una grave equivocación” y se comprometió a volver atrás con algunos conceptos, pero aclarando que “esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”.
“Ponen ‘idiota’, pasa por 5, 6 o 7 controles antes de salir en el Boletín Oficial y no les hace ninguna mella todo eso, ni las condiciones que incluyen. Realmente, creen que las personas con discapacidad son incapaces. La Convención habla justamente de ‘persona’ porque en la persona la capacidad está implícita. Es una diferencia conceptual total, muy profunda”, explicó Troiano.
Por eso, aunque modifiquen las palabras empleadas en la resolución, el problema de fondo persiste. “Van a sacar esas expresiones peyorativas o en desuso pero la evaluación médica de la invalidez laborativa continúa. Entonces, lo que tenemos es un maquillaje. Los criterios de evaluación médica siguen siendo los mismos pero con otras palabras”, detalló Celeste Fernández, directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), para quien el objetivo es claro: quitar y otorgar menos pensiones.
“Si se piensa desde el modelo social, no hay personas inválidas para trabajar, lo que tenés son entornos laborales que son invalidantes”, explicó Fernández. ¿Qué significa? Que en muchos casos las barreras no se deben a los diagnósticos, por lo que no se trata de determinar si la persona puede o no trabajar por sus características individuales, sino de analizar si las condiciones estructurales en las que vive le permiten realmente hacerlo. Por eso, Fernández planteó que, “para definir quién debe cobrar una pensión y quién no, el Estado debe evaluar las barreras económicas y sociales que cada persona enfrenta, en lugar de mirar las etiquetas médicas que pesan sobre ellas”.
La directora de ACIJ aportó un ejemplo contundente: “Sos una persona con síndrome de Down, quizás no tenés lo que el médico de Andis considera un 66% de invalidez laborativa, que es lo que establece el decreto para cobrar la pensión, pero igualmente nadie te contrata. La exclusión del mercado laboral no conoce de porcentajes”.
El derecho laboral es uno de los más vulnerados para este colectivo. Los números son elocuentes: según el INDEC, el 75% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no accede a un empleo en la Argentina.
“Cuando le advertimos a Andis de lo publicado, no dieron bolilla. Solo cuando el tema se viralizó en las redes sociales tomaron nota. No les preocupó el dolor de las personas, el sufrimiento, la sensación de angustia, de verse reflejados en una cosa tan brutal. Sí les molestó perder la conversación en las redes”, sostuvo el diputado nacional Daniel Arroyo en una reunión de la Comisión de Discapacidad, el 20 de marzo, en la que se logró firmar un dictamen de mayoría para declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto también tiene dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública –con 21 firmas sin las de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO y la UCR– y solo le restaba pasar por Presupuesto y Hacienda, comandada por el ahora mileista José Luis Espert, quien ya había sido emplazado para que trate el tema. Ante la inacción, se resolvió hacer un plenario de comisiones el 30 de abril, con el objetivo de emitir finalmente un dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto en la segunda quincena de mayo.
Además de diversas medidas de protección y promoción de derechos, la emergencia contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores básicos y que se garantice el presupuesto de la Andis y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.
En paralelo, otra iniciativa parlamentaria propone cambios estructurales en la Ley Marco sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de actualizar al modelo social una norma creada hace más de 40 años, durante la dictadura. Entre otros puntos, busca cambiar el sistema de pensiones por una asignación universal.
Es todo lo contrario al rumbo del gobierno, cuya política se resume en ajustar, estar ausente o poner excusas, como lo hizo la diputada Lilia Lemoine, quien repitió ante la Comisión de Discapacidad las explicaciones de Andis: dijo que se trató de un “lamentable error”, que “no fue voluntario”, que “hay dos personas afuera por esto” y que “va a estar corregido en dos días”. Sin embargo, al cierre de esta nota, el documento aún no había sido enmendado.
“Andis nace para impulsar el acceso a derechos, al modelo social, y se da vuelta y escribe esto. Desde lo simbólico, es insólito”, señaló Javier Lioy, experto en inclusión y director de La Usina, quien consideró que no hubo desconocimiento ni error, sino que lo ocurrido “está anclado, por un lado, en la búsqueda de instalar un discurso ‘capacitista’ y, por el otro, en la reducción del gasto público en las políticas de inclusión”. Sucede que el modelo social implica realizar las adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma plena su derecho. “Significa inversión en accesibilidad, en apoyo, en adaptaciones”, detalló.
“En el ámbito de lo real –agregó Lioy–, donde las personas se están jugando el día a día, no termina de haber una verdadera conciencia del impacto que tiene esta resolución o lo que hay por detrás”. Incluso, se preguntó: “¿No será el primer paso para empezar a instalar que Andis no funciona? Muchas de las personas que eran idóneas ya fueron desvinculadas”.
En esa línea, Troiano planteó dos cuestiones: el vaciamiento de la Agencia, de la que hasta el momento fueron echadas 334 personas, y su traspaso a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, lo que “deja en claro cuál es la postura del gobierno”. Para una mirada transversal como lo plantea la Convención de la ONU, este organismo debería depender directamente de la Jefatura de Gabinete o de la Secretaría General de la Presidencia, como venía pasando desde su creación en 2017.
Ajuste y persecución
Desde hace más de un año, el gobierno nacional busca instalar la idea de que la Argentina tiene “una cantidad estrafalaria” de pensiones por discapacidad y que son un “curro”. Muchas de esas expresiones salieron del vocero presidencial, Manuel Adorni, y son replicadas por funcionarios. Lemoine, por caso, lo repitió en la mencionada reunión de la Comisión de Discapacidad: “Nadie le hizo más daño a las personas con una discapacidad en este país que aquellos que utilizaron esas pensiones, que son, en realidad, no pensiones por discapacidad, sino por invalidez laboral”. Y agregó: “El daño más grande que nos lleva hoy a tener que auditar 1 millón de pensiones es que se entregaron como si fueran ayudas sociales”.
En relación a qué proporción de la población tiene acceso a este derecho, las cifras contradicen el discurso libertario. Teniendo en cuenta la prevalencia de la discapacidad, que según el Censo 2010 es del 12,9% y la población actual, ACIJ estimó que hay aproximadamente un 20% de beneficiarios. Según este cálculo, hay más de 5.000.000 de personas con discapacidad en Argentina y se pagan 1.200.000 pensiones. “No es nada para el para el nivel de exclusión que tienen del mercado laboral. La mayoría de las personas con discapacidad en edad activa no trabajan”, reiteró Fernández. Además, los beneficiarios incluyen personas en situación de vulnerabilidad, de todas las edades y con diferentes situaciones.
“En vez de cambiar la ley, cambiaron el criterio de admisión. Pero no aclaran cómo van a permitirle a ese niño, a ese joven, a ese adulto que está en situación de vulnerabilidad, garantizar su atención. Lo que buscan es achicar un gasto, no solucionar el problema”, aseguró Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa, entidad que nuclea a instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Hay un retorno al modelo médico de la discapacidad y un ajuste del gasto público en inclusión.
Maidana le puso números a la discusión: “Estamos hablando de una pensión de aproximadamente $240.000 al mes, cuando hay medicamentos que salen $150.000. No tienen la menor conciencia de lo que significa para una familia tener un miembro con una condición de discapacidad”. También planteó una gran incógnita: “¿Qué va a pasar con la pensión no contributiva que cobran niños y niñas menores de 18 años, teniendo en cuenta que los menores de 14 no pueden trabajar? ¿Cómo van a medir la incapacidad laboral?, ¿les van a quitar esa atención?”.
Para Troiano es importante aclarar que si bien el monto recibido no permite autonomía, la pensión sí habilita el acceso a un programa de salud y atención a través del programa Incluir Salud, aunque explicó que “cada vez hay menos acceso a medicamentos y rehabilitaciones”. De hecho, según la presidenta de REDI, mucha gente utilizaba la pensión para pagarse una prepaga que les garantice los tratamientos.
Como en otras áreas del Estado, los libertarios justifican los recortes hablando de “graves hechos de corrupción” y repitiendo la palabra “auditoría”. “Tiran datos sin documentación respaldatoria, como cuando salieron a mostrar la radiografía de un perro”, indicó Troiano. Por eso, tanto ACIJ como REDI hicieron pedidos de acceso a la información para ver la metodología de las auditorias, pero no tuvieron respuesta. Todos los especialistas consultados coinciden en que si hay irregularidades deben detectarse, “pero –como enfatizó Fernandez– por diez casos no pueden quedar millones de personas sin pensión”.
Además de revisar las pensiones otorgadas, hay un freno a las nuevas solicitudes.
Una de las principales quejas es que las notificaciones de citación para las auditorías, que comenzaron a llegar en enero, se remiten al primer domicilio desde donde se pidió la pensión –al hospital Estévez, por ejemplo, llegaron unas 280.000– y que se ponen plazos perentorios que hacen que, automáticamente, la ausencia en una entrevista dé de baja el beneficio.
Troiano describió la angustia y ansiedad que esto genera en las familias: “Hace que la gente se desespere. Te dan un mes para que te presentes con un montón de papeles. En ese tiempo, tenés que pedir un turno médico para tener un informe y estudios actualizados; turnos que muchas veces demoran entre tres o cuatro meses. Y hacen todo digital, cuando hay personas que no tienen acceso a un celular con Internet ni saben escanear un documento”.
Otra de las incertidumbres, señaló, es qué parámetros se van a tomar para decir si las pensiones están bien o mal otorgadas, “porque fueron dadas bajo un criterio y ahora van a ser auditadas con los parámetros de este decreto”. Desde REDI están ayudando y colaborando con las consultas que reciben.
En el modelo social, explican los expertos, es una junta evaluadora y no solo médica la que determina el acceso a este derecho, que además de la patología de la persona tiene en cuenta el lugar donde vive, las condiciones sociales y hasta su educación.
Además de esta revisión intempestiva sobre lo ya otorgado, también hay un embudo que impacta sobre quienes solicitaron la pensión por primera vez. Según detalló el diputado Arroyo, “hay 500.000 personas que hicieron todos sus trámites. Son personas con discapacidad, que tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Hicieron todo el proceso y solo entraron 586”.
“Estamos pidiendo –enfatizó Maidana– que el Estado cumpla su rol, que la Agencia cumpla su rol, que es justamente generar inclusión, estar atenta a las personas con discapacidades en situación de vulnerabilidad. Pero para hacerlo tienen que comprender sus problemas cotidianos”.
Para Lioy, “muchas veces se olvidan que atrás de una estadística hay seres humanos”. Por su trabajo cotidiano, sabe que muchas de estas personas nunca tuvieron ni siquiera una entrevista laboral en toda su vida; que cuando la discapacidad irrumpe en hijas e hijos, el contexto social no facilita ninguna gestión en esa maternidad y paternidad, y que muchas madres y padres terminan renunciando a un puesto de trabajo porque la demanda de acompañamiento terapéutico de estimulación no es compatible con las exigencias laborales. “El impacto es terrible. Ni hablar de personas que además están en situación de vulnerabilidad económica, porque ahí aparecen un montón de otras problemáticas”, describió el director de La Usina.
La calidad de vida de estas personas y su entorno se juega en las instituciones que acompañan. El acceso a la salud es entre 15 y 20 veces más complejo para alguien en situación de discapacidad. “En uno de cada cuatro hogares, hay alguien con discapacidad en la Argentina, por eso es tan importante visibilizar esta problemática”, remarcó Lioy.
“El cambio de paradigma –recordó Maidana– fue una construcción que se hizo desde la familia, las organizaciones, los profesionales. Yo viví la época en que los pibes estaban adentro de su casa y no salían. Vos tenías un vecino con síndrome de Down o con una discapacidad grave y no lo conocías. Y ahora, de pronto, quieren tirar todo abajo”.
