Cuáles son las regiones y actividades más golpeadas por el ajuste económico de Milei. El creciente rechazo a un modelo que, en el bolsillo de la gente, ya entró en default.
El intenso panorama cotidiano de conflictos sectoriales y regionales es expresión del cambio de tendencia en el apoyo ciudadano al programa de ajuste de Javier Milei.
Cuando el gobierno festeja que la economía “está creciendo” se refiere a tres sectores que se expanden a una tasa más o menos estable del 20% (agro, petróleo/minería y el financiero) pero representan sólo el 11% del empleo registrado. El resto de los sectores relevantes para la demanda doméstica, después de 18 meses siguen cayendo al 2% (industria, construcción, comercio, servicios personales, entre otros). En línea, los datos de alta frecuencia de la actividad y el consumo de junio fueron malos.
Más temprano que tarde esa dualidad del régimen económico se desplazó al mapa de opiniones y apoyos que se registra en el seno de la sociedad. La mediocridad en materia de actividad, empleo e ingresos y el ajuste fiscal que impacta de manera cada vez más extendida ponen un límite de hierro a la capacidad electoral del oficialismo.
La frecuencia diaria de conflictos por despidos y reclamos salariales es un indicador cierto de que en junio la situación política social y económica se modificó cualitativamente: el gobierno tiene inmovilizada su base de apoyo y hay una expresiva consolidación opositora, que tuvo un hito determinante en la masiva movilización contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.
La coordinación paulatina y la solidaridad entre las acciones de resistencia que se vienen dando desde los ámbitos más diversos que componen la vida comunitaria fueron para la oposición una fuente de demandas a representar y articular. Esos colectivos en conflicto van desde los trabajadores de la industria hasta los clubes de barrio.
La industria, la construcción y el comercio caen al 2% tras 18 meses de gobierno.
Sobre ese magma se imprimió la condena a Cristina y el amague de escalar a una violencia mayor sobre ella y su espacio de representación. Pero la expresidenta se sumó como un eslabón fuerte de la cadena de demandas y provocó una movilización de masas, que a la vez frenó el ataque contra ella y promovió un espacio de encuentro para todos los sectores agredidos por el Gobierno.
La polarización paulatina y sostenida en las adhesiones de la ciudadanía tiene como sustrato la división tajante que hay frente al programa de ajuste del Gobierno. La contracción del mercado interno, la mediocridad en materia de salarios, la destrucción de puestos de trabajo en la industria y la construcción, y la compresión de los márgenes empresarios en los sectores que generan empleo, son la contracara inevitable del programa económico, que no admite la ampliación del mercado interno.
Esto no quiere decir que el gobierno pierda su base de apoyo en forma crítica; mantendrá las adhesiones que normalmente tienen los programas de ajuste y apreciación cambiaria, con eje en el anti peronismo; base que languidecerá a medida que se cristalicen sus consecuencias en materia de empleo, y mayor cantidad de trabajadores reconozcan en sus propias condiciones de vida la imposibilidad práctica que tiene este programa para cumplir con los requerimientos de bienestar que exceden por mucho la simple baja de la tasa mensual de inflación.
Por un plazo determinado de tiempo este régimen puede sostenerse con el apoyo internacional que se manifiesta en préstamos financieros, pero la misma dinámica exige por un lado una contracción fiscal cada vez mayor, y por otro un incremento sostenido de la tasa de interés que garantice el ingreso de capitales. Y es inevitable que ese programa engendre una oposición creciente que se alimenta de la solidaridad entre los afectados.
La novedad para seguir de cerca es cuánto de ese malestar se representa en opciones abiertamente opositoras con eje en el peronismo y cuanto se desafecta de la participación ciudadana por caso no yendo a votar. Cuanto de polarización activa y cuánto de desafección, se verá en la persistencia o no de la inquietante baja en la participación electoral.
La economía está sometida a una jibarización de su capacidad productiva y su demanda doméstica; la política económica promueve a un conjunto delimitado de sectores que emplean sólo al 11% de los trabajadores registrados en el ámbito privado. El objetivo de la política es reducir todo lo posible la absorción de divisas, bienes y servicios para la producción y el consumo local, y hacer más “dolarizable” la economía.
Ya suman al menos cinco los casos de grandes empresas que entraron en default este año.
El cambio en los precios relativos posterior a la devaluación de diciembre de 2023 y el ajuste fiscal, salarial y monetario de 2024 crearon las condiciones para un agudo desplazamiento de producción local por importada. Con persistencia de salarios reales mediocres y compresión de los márgenes brutos en los sectores más vinculados con la demanda doméstica (y que más empleo generan) se fue achicando la capacidad de absorción interna de la economía, hasta un nivel crítico que está desencadenando destrucción en el empleo y la trama empresaria.
El Gobierno se defiende apoyándose en la eventual recuperación estadística de la actividad, pero en eso hay una dualidad: los sectores más vinculados a la demanda interna (industria, construcción, comercio y servicios excluidos los alquileres y el sector financiero) están todavía -2,2% abajo respecto de abril de 2023; las actividades primarias y financieras, en el mismo período, crecieron 21%. Este esquema con prioridades claras en materia sectorial va formando la fisonomía de la economía de Milei, en cuyo equipo económico nadie habla de la producción.
El deterioro de los indicadores productivos ya desborda hacia la esfera financiera de las empresas, y para la deuda del sector privado también son semanas con alta sensibilidad, sacudido por una cadena de defaults empresariales que amenaza con extenderse a otros sectores de la economía. Lo que comenzó como un fenómeno aislado en el sector agroexportador en 2024, se consolidó en 2025 como un patrón creciente de cesaciones de pagos, con consecuencias directas sobre el crédito, la inversión y la estabilidad macroeconómica.
En total, ya suman al menos cinco los casos de grandes empresas que entraron en default este año. La lista la encabezan compañías del sector agropecuario como Los Grobo, Agrodina, Surcos y Campo de Avanzada, fuertemente golpeadas por la caída del precio internacional de los commodities, el encarecimiento del financiamiento y la retracción del consumo interno. Pero el fenómeno no se limitó al campo.
Durante el primer semestre también se registraron incumplimientos en sectores clave como el energético y el industrial. Celulosa Argentina, especializada en la producción de papel; la eléctrica GEMSA; y la petrolera Aconcagua Energía se declararon en default, al igual que Generación Mediterránea y Central Térmica Roca, ambas pertenecientes al Grupo Albanesi, que no pagaron los intereses correspondientes a sus obligaciones negociables.
Lo que ocurre no es nuevo, pero sí alarmante. El conflicto laboral existe, y está extendido. Se observa en las plantas lácteas paralizadas en Córdoba y Santa Fe; en las industrias alimenticias asfixiadas por la caída del consumo, las empresas petroleras de suministros a Vaca Muerta que caen en default y en la competencia importada; en los yerbateros de Misiones que resisten la desregulación del sector; en los papeleros despedidos en Pilar y en los obreros de la construcción de Luján que ven evaporarse sus ingresos por el ajuste en la obra pública. Sin embargo, esos focos permanecen aislados, sin alcanzar el estatuto de “problema nacional”.
Paradójicamente, los empresarios sí parecen compartir un discurso común. Desde empresas del sector agroexportador, la industria alimenticia, la construcción o la minería, se repiten las mismas explicaciones para justificar el recorte: achicamiento de márgenes de ganancias, caída de ventas por el consumo deprimido, contexto económico incierto y falta de políticas favorables del gobierno. Estas justificaciones, aunque varían en tono o matices, funcionan como una cadena equivalencial invertida: una forma de articulación entre sectores del capital que legitima el ajuste y naturaliza la desprotección laboral.
La radiografía de la crisis
La crisis económica que atraviesa Argentina no impacta de manera homogénea en todo el territorio. Un análisis de la dimensión regional revela una narrativa marcada por focos de conflictividad localizados en los principales centros productivos del país. Agroindustria, energía, manufactura, minería y servicios enfrentan una combinación letal de retracción del mercado interno, caída del financiamiento, presión importadora y falta de respuestas coordinadas a nivel nacional.
Región Centro: corazón productivo bajo presión
La Región Centro, núcleo agroindustrial del país, concentra altos niveles de productividad agrícola, ganadera e industrial. Sin embargo, la concentración empresarial y el sesgo contractivo de la política económica nacional han convertido a esta zona en uno de los focos más intensos de conflicto. En Santa Fe, se registran problemas graves en tres sectores claves:
- Maquinaria agrícola: La emblemática Vassalli, de Firmat, volvió al centro de la escena. Tras su quiebra en los 90 y varios cambios de manos, en 2024 fue adquirida por el empresario avícola Eduardo Marsó. Hoy enfrenta severos atrasos salariales y falta de aportes patronales.
- Industria láctea: Verónica, con plantas en Totoras, Lehmann y Suardi, solo cubrió el 30% de los salarios a sus 700 empleados. Acumula más de 100 cheques rechazados y una deuda de $344,5 millones. El gremio ATILRA paralizó la actividad en señal de protesta.
- Industria del mueble: El sector, que emplea a más de 5 mil personas en 500 fábricas, sufre una caída de demanda del 50%, presionado por costos en alza y competencia importada. Las zonas más afectadas son Cañada de Gómez y Esperanza.
Los reclamos laborales son diarios en las principales ciudades del país.
En Córdoba, también se evidencian conflictos severos:
- Lácteas en crisis: ARSA detuvo operaciones, despidió personal y pidió concurso de acreedores. La vinculación con Vicentin, su principal accionista y acreedor, agrava el cuadro. La Lácteo y SanCor también enfrentan bloqueos gremiales, caída productiva y reducción de personal.
Región NOA: tensiones en el azúcar y la salud
- Industria azucarera: En Jujuy, el Ingenio Ledesma despidió a 235 empleados. El gremio denuncia que la empresa busca imponer contratos flexibilizados.
- Residuos patológicos: En La Rioja, la empresa Sana despidió a cinco trabajadores. El conflicto pone en riesgo el servicio de recolección hospitalaria, lo que podría derivar en una crisis sanitaria.
Región NEA: economías regionales bajo amenaza
- Sector yerbatero: En Misiones, tras la desregulación, productores protagonizan protestas y cortes. Exigen que el INYM recupere su rol regulador y aumentos en el precio de la hoja verde.
- Sector maderero: AMAYADAP declaró emergencia sectorial. La paralización de la obra pública y la caída del consumo interno generan un cuello de botella financiero. En Corrientes, la Forestadora Tapebicuá suspendió a 200 trabajadores y pidió procedimiento preventivo de crisis.
La crisis productiva en ciernes se intensifica en el marco de una crisis financiera precipitada.
Región Cuyo: la recesión golpea a los históricos pilares productivos
- Industria alimenticia: En San Juan, la planta Dilexis (Tía Maruca) enfrenta dificultades para pagar salarios. Su CEO reconoce que la crisis afecta de lleno a las pymes.
- Vitivinicultura: En Mendoza, los productores denuncian pérdida de rentabilidad, apertura de importaciones y falta de poder de negociación. Aseguran estar en el “eslabón más débil” de la cadena.
- Minería y energía: Aconcagua Energía entró en default, arrastrando una polémica por vínculos financieros con el presidente del Banco Nación y su hijo, intermediario de la colocación de deuda.
Región Patagónica: derrumbe de proveedores clave de Vaca Muerta
- Minería no convencional: En junio, Aconcagua se declaró en default. También lo hizo NRG, proveedora de arena para fracking, que acumula más de 170 cheques rechazados y despidió a más de 300 trabajadores entre 2023 y 2025.
Provincia de Buenos Aires: crisis transversal en sectores estratégicos
- Agroindustria: Molinos Río de la Plata reportó pérdidas y anunció despidos en su planta de Esteban Echeverría.
- Pesca: En Mar del Plata, la falta de zarpes provocó reducciones salariales del 40%.
- Construcción y alimentación: En Luján, la firma LIPO SA ofreció pagar sueldos con un recorte del 40%, desatando un paro por tiempo indeterminado. La producción cayó de 2 millones a 400 mil unidades diarias.
- Industria papelera: Kimberly-Clark cerró su planta en Pilar y despidió a 200 operarios. El traslado a San Luis fue sorpresivo y el sindicato denunció la maniobra ante el Ministerio de Trabajo.
Cada uno de estos focos regionales responde a una lógica propia, pero confluyen en una trama común: el deterioro de las condiciones de sostenibilidad productiva presenta su contrapartida en un aumento profundo de la conflictividad laboral.
La crisis productiva en ciernes se intensifica en el marco de una crisis financiera precipitada, por la que el Gobierno no logra maniobrar para garantizar el financiamiento del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, al menos más allá de mediados de 2026. Como se viene advirtiendo el programa monetario requiere una baja del “riesgo país” para que sea posible el ingreso de divisas por emisiones de deuda en dólares del Tesoro.
Pero el “riesgo país” no cede y se mantiene por encima de los 600 puntos básicos, al tiempo que los grupos concentrados y el capital financiero internacional que sostienen y son tributarios del programa económico, exigen que la coyuntura electoral refuerce el poder del Gobierno y cree las condiciones para relanzar un ciclo de endeudamiento que será́ presentado como un puente hasta la aparición en escala de la renta energética y minera.
La debilidad financiera del Gobierno, el clima de conflictividad creciente con despidos y cierre de empresas, y la amalgama peronista ante la proscripción de Cristina terminaron de conformar un cambio en el estado de cosas, en contra de la pretensión normalizadora que el poder económico había pensado: un claro triunfo electoral del gobierno como aval al plan de ajuste. Final abierto.
*Publicado en la edición impresa 58 de Contraeditorial, julio de 2025.
