Tras el rechazo del veto y en medio del escándalo de las coimas, el sacerdote Pablo Molero, referente por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, repasa la lucha histórica del colectivo, las consecuencias del ajuste y la gravedad de que Milei insista en que no va a cumplir con la norma sancionada.
Hace más de treinta años que el padre Pablo Molero acompaña la lucha del colectivo de personas con discapacidad. Es una de las voces visibles contra los ajustes libertarios y parte del movimiento que acaba de lograr algo inédito: que el Congreso revirtiera un veto de Javier Milei y convirtiera en ley la Emergencia en Discapacidad. No es la primera vez que Molero se enfrenta a un gobierno: en 2017 fue uno de los que se plantó contra el intento de Mauricio Macri de recortar pensiones.
Pero para Molero el festejo no oculta la gravedad del presente: “El Presidente ya dijo que no va a cumplir con la ley. No piensa aplicarla”. Entonces, para el sacerdote lo que viene ahora es “conseguir que se reglamente y que llegue a las personas”. En su mirada, la discapacidad está íntimamente ligada a la pobreza estructural: “Hay 1.500.000 personas con discapacidad que viven en la pobreza. Por eso no es que ‘sobran pensiones’, sino que lo que hay son vidas enteras sostenidas con lo mínimo”.
El contexto político también atraviesa la lectura del párroco de la iglesia Santiago Apóstol –en el barrio porteño de Núñez–, que está al frente de la Comisión para Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y, desde 1997 y coordina el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tras los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucran a la hermana del presidente, Karina Milei; y la paliza que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, Molero planteó que es pronto para saber si el Gobierno modificará su postura, aunque dejó en claro que el mensaje social está dado: “El resultado sirve para mostrarle que así no se va”.
–El Presidente insiste en que la ley es “inviable” y amenaza con judicializarla. ¿Cómo lo interpreta?
–La ley genera claramente la obligación de tener que ocuparse. Es una ley de emergencia, con lo cual debería rápidamente cumplirse. Acá lo grave es que el Presidente dice que no la va a cumplir, la verdad que es preocupante. El espíritu del gobierno es voy a esperar a ir a la Justicia o que vayan a la justicia, todo para embarrar la cancha. Están buscando todo para seguir jodiendo la vida de la gente. Solo querían hablar de “los curros” porque eso les daba pie para hablar mal del gobierno anterior. Así de simple. Ahora, ¿cuál es el espíritu democrático de esta gente?
–¿Cree que los resultados de las elecciones bonaerenses pueden hacer que el Presidente escuche el reclamo de un cambio de rumbo en las urnas?
–La verdad es que todavía es muy apresurado. Habría que esperar las medidas que se tomen los próximos días para poder hacer una lectura más clara. Creo que el resultado sirve para mostrarle que así no se va, pero el Presidente dijo que el déficit fiscal no se negocia. Entonces, si bien muchos opinan que debería escuchar lo que expresaron las urnas, yo no veo indicios de un cambio. No hay medidas tomadas ni señales de reemplazos en el equipo, y así es difícil pensar que pueda haber un giro.
–¿Y qué piensan hacer frente a este escenario?
–Ya estamos trabajando para exigir al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley. Hay que presionar a los funcionarios para que la reglamenten, porque es su deber. Hay personas que no tienen resueltas las cosas mínimas de la vida. Cuando esperábamos la votación contra el veto yo pensaba: si esto nos sale, ¿qué hacemos? Por suerte salió. Por lo menos tenemos una ley, y eso hace que ya no sea tan fácil retroceder. Ahora hay que bajar normativas, poner dinero, dar la pensión creada, aumentarle a los trabajadores de talleres protegidos. Son medidas urgentes.
–¿Considera que es solo una cuestión de números o también ideológica?
–No es solo la guita, es “no te quiero ver, no te quiero atender”. Hay una cuestión ideológica: usan los números para justificar una mirada social. Dicen que no hay dinero, que la Argentina está mal y no pueden atender a esta gente. Spagnuolo nos repetía: “Díganme, ¿qué derecho hemos dado de baja?”. Y yo le respondía: “Lo que hacés es no poner dinero”. Es como decirle a alguien: no te niego el derecho a vivir, pero no vas a comer nada. Ese es el discurso: “arreglate solo”. Pero hay personas que no pueden arreglarse solas. Claramente, Spagnuolo nunca llevó adelante ningún tipo de políticas. Todo fue centrado en las críticas, en revisar, en auditar.
–¿Esas críticas se centraron sobre todo en las pensiones?
–Quisieron instalar que el 60% de las pensiones estaban mal otorgadas. Escuché a Spagnuolo decir que a un hombre le dieron de baja la pensión porque supuestamente le faltaba un brazo y tenía los dos, o lo de Adorni y las radiografías de perros. ¿Dónde estaban esos casos? ¿Dónde están las miles de pensiones truchas? Ahora no dicen nada de los que se presentaron y no había nadie para auditarlos, de los lugares falsos, de los médicos inexistentes o de citaciones que nunca llegaron. Estamos ante una situación grave: no se ocupan de la gente y, además, parecen ser ellos los que mienten, y los que deben ser investigados por la justicia.
–En 2017 usted se opuso a la baja de pensiones durante el gobierno de Macri. ¿Qué paralelismos encuentra con lo que sucede hoy?
–En ese momento se dieron de baja casi 200.000 pensiones de un día para otro, por entrecruzamiento de datos. La gente fue a cobrar y no tenía el dinero. Después tuvieron que devolverlas porque no se habían respetado los procesos. Uno puede tener una casa porque en algún momento le fue bien y hoy estar en situación de pobreza o necesitar apoyo. Este gobierno es más brutal. La Convención Internacional plantea que debe haber apoyos incluso económicos, como una pensión, para que las personas accedan a una cierta calidad de vida. La pensión nueva que se creó con la Ley de Emergencia en Discapacidad es de apoyo social, para personas con dificultades económicas. La mirada debe ser más amplia que la “incapacidad” laboral.
–¿Por qué es tan importante esta mirada social de la discapacidad?
–El cambio más importante fue establecer que la discapacidad no era beneficencia, sino justicia y derecho. Eso se ganó con la legislación y en la calle. Pero todavía hay quienes sostienen una mirada de caridad, del “pobrecito”. Muchos son más vulnerables por la pobreza que por la discapacidad. La discapacidad no impide necesariamente desarrollar la vida y ser parte activa de la sociedad si existen apoyos. Pero la pobreza pone a las personas con discapacidad en una situación muy compleja si se les quitan los recursos. La pobreza genera más enfermedad, accidentes, falta de rehabilitación, mala alimentación, niños sin desarrollo adecuado. Y es una película, no es una foto. Si hoy tengo a tantas personas, el año que viene, si la situación no cambia, voy a tener más.
“La decisión de Néstor Kirchner de dar pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza fue un paso adelante, porque esa gente no solo recibió dinero, sino también atención médica, medicamentos, rehabilitación, sillas de ruedas, audífonos, pudo encontrar respuestas a sus necesidades”
–Pero justamente lo que discuten es la cantidad de personas que reciben la pensión. ¿Cómo explicarle a los que cuestionan todo el tiempo que hay muchas personas que cobran la pensión?
–Todos estos genios, como en la época de Macri, dicen que no tuvimos ninguna guerra para tener tantas personas con discapacidad. Escuchaba en la sesión a un senador, me alegra que ahora haya cambiado su discurso, pero en 2018 salió a decir que en la Argentina teníamos más personas con invalidez laboral que si se sumaban los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Una gran mentira; al otro día le mandé una carta que nunca respondió. La pobreza es una guerra silenciosa: la gente se muere lentamente, con vidas de sufrimiento. No es enorme la cantidad de pensiones (1.200.000): supongamos que hay un 10% de personas con discapacidad, un número bajo porque a nivel mundial se considera casi 15%. Eso da 5.000.000 de personas con discapacidad. Con 30 años de pobreza estable, con un piso de entre 20 y 30%, hay 1.500.000 de personas con discapacidad en situación de pobreza. No es solo tener más dinero en la mano: es poder acceder a bienes sociales como alimentación desde la infancia, educación, rehabilitación, medicación, que permiten desarrollarse. Entonces, cuando dicen que han sacado 12 millones de la pobreza, ¿en qué se basan? Cuando dicen que hay muchas personas con discapacidad que recibieron pensiones, yo no sé si no tendrían que haber sido más, muchas más.
–Fue Kircher el que amplió las pensiones con una mirada que iba más allá de la invalidez laboral, ¿es lo que hoy se cuestiona?
–La decisión de Néstor Kirchner de dar pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza fue un paso adelante, porque esa gente no solo recibió dinero, sino también atención médica, medicamentos, rehabilitación, sillas de ruedas, audífonos, pudo encontrar respuestas a sus necesidades. Esto es lo que hay que ver también. Trabajé para que haya más pensiones. En la época De la Rúa tuve montones de reuniones pidiendo que se saliera del cupo de 18.000. Si en la época de Kirchner se hubiera creado explícitamente una pensión por discapacidad y situación de pobreza, no habría margen para que ahora digan que las pensiones entregadas no respetan la letra de la incapacidad laboral. Pero en ese momento hubo una decisión política. El primero en establecer un criterio más amplio escrito fue Alberto Fernández. No niego que pueda haber habido errores ni que haya gente que pueda haberlo usado con criterio arbitrario, pero alguien miró a esa gente.
–¿La decisión política de este gobierno es bajar la cantidad de pensiones sin importar las consecuencias?
–Discutí muchas veces con Spagnuolo. Le decía: “Lo que usted hace está mal. Ustedes no ven toda la película”. Hubo gobiernos que dieron pensiones a personas con discapacidad por su situación social, no solo por incapacidad laboral. La respuesta era: “Eso no respeta la norma”. Pero no se puede culpar a la gente: alguien consideró que merecía una pensión. Nos olvidemos que este gobierno presentó en el presupuesto de la Nación de este año, que después no lo trató, la baja de 270.000 pensiones. Ese ya era el espíritu, dar de baja pensiones. No es que empezaron diciendo: “Toda pensión que no corresponda se dará de baja”. ¿Qué pasa si todas las personas auditadas cumplen con la normativa?
–¿Qué pasó con las auditorías? Muchas personas ni siquiera supieron que querían auditarlas y hay denuncias de irregularidades.
–En uno de los audios atribuidos a Spagnuolo dicen que la estrategia en vez de hacer un entrecruzamiento de datos, como se planteaba, era impulsar que la gente no llegue a hacer las auditorías. Entonces me está diciendo que hay una decisión ya sobre el tema, que no les importa si estaba bien dada la pensión o no, no les importa la gente. Lo que le importaba era bajar el número. El presidente le dio entidad a los audios diciendo que le iba a llevar a Spagnuolo a la justicia porque era un mentiroso, con lo cual está diciéndonos a todos que esos audios es la voz de él. Le pedimos a la justicia que investigue porque no sea que el funcionario que decía que había que cuidar los recursos resulta que veía que había curro en su área y no hizo la denuncia que correspondía, o que el presidente que dice que le preocupa el equilibrio fiscal, cuando se enteró de que alguien robaba no se preocupó del equilibrio fiscal.
–Después de que estalló el escándalo y Spagnuolo fue corrido de su cargo, ¿el interventor Alejandro Vilches convocó a reunión al Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral?
–No. Presentamos una nota pidiéndosela los dos representantes del directorio de la sociedad civil que somos Daniel Lipani (vicepresidente de Aiepesa) y yo, pero no tuvimos respuesta.
–En la Comisión de Discapacidad de Diputados se presentó un proyecto para cambiar la estructura de la Andis para que sea colegiada, integrada por la sociedad civil, ¿cómo ve esta propuesta?
–Creo que hay que sentarse a analizar. No estaría mal que haya una mayor y mejor participación de la sociedad civil en la agencia. Pero desde sus inicios lo tiene. Hay dos representantes de la sociedad civil que votan en igualdad de condiciones, yo soy uno. Pero había un funcionario que hacía nueve meses que no llamaba a reunión de directorio. Lo que pasa es que después, cuando se empieza a preguntar, a mirar, los funcionarios se ponen nerviosos. Lo que se quiere buscar es que el organismo de discapacidad esté en el órgano de más alto posible del Estado. En su momento estuvo en Jefatura de Gabinete, ahora está dentro del Ministerio de Salud e intervenido. También se podría discutir si realmente las pensiones por discapacidad deben ser administradas por la ANDIS. En su momento le dio poder, porque tener dinero significa poder. Pero tal vez debería manejarlas ANSES, como el resto de las pensiones.
–¿Cuáles serían esos ejes prioritarios para tener una verdadera política de inclusión con perspectiva en discapacidad y derechos humanos?
–La discapacidad no es tan difícil de abordar. Hay temas centrales: el acceso a la rehabilitación, la prevención y la accesibilidad. La diferencia entre que un niño tenga asistencia temprana o no, puede marcar si se rehabilita o queda condicionado de por vida. Aunque se avanzó, todavía no tomamos en serio que todos los espacios deben ser accesibles. La gente tiene derecho a trasladarse, educarse y comunicarse de acuerdo a sus posibilidades. Las viviendas sociales deben construirse con esos criterios. No podemos seguir creando barreras. No todas las políticas dependen del Estado nacional: gobernadores e intendentes también tienen responsabilidades. Agradezco el apoyo que dieron a la ley, pero también deberían mirarse al espejo y ver qué hacen.Hay mucho por hacer, y no son cosas imposibles, el tema es querer ocuparse. Entiendo que no se pueda hacer todo de un día para el otro, pero lo que sí se debe evitar es destruir lo que ya se logró. Hoy tenemos gente que se dedicó a destruir.