El poder económico no perdona la redistribución.
Durante los doce años de gobiernos kirchneristas (2003-2015), la Argentina atravesó un proceso de transformación económica, social y política que representó un punto de inflexión frente al paradigma neoliberal financiero instaurado durante la década de 1990. Bajo las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se consolidó un modelo centrado en el fortalecimiento del mercado interno, la reindustrialización, la ampliación de derechos, la recuperación del rol del Estado y la afirmación de la soberanía política frente a los organismos multilaterales de crédito y las grandes corporaciones transnacionales.
Uno de los pilares fundamentales de este modelo fue la recuperación del empleo formal, acompañada por una política de ingresos que permitió recomponer el salario real y reducir de forma sostenida la pobreza y la desigualdad. Entre 2003 y 2015 se crearon alrededor de tres millones de puestos de trabajo en el sector privado, y la tasa de desempleo general descendió del 21,5 % en 2002 al 6 % en 2015. De este modo, los gobiernos de Néstor y Cristina constituyeron las gestiones que más puestos laborales privados generaron por año en la historia argentina.
El crecimiento económico iniciado en 2003 se sustentó en un modelo que combinó dinamismo macroeconómico con una clara orientación hacia la producción nacional. Durante los primeros años, la economía creció a un promedio anual del 7,5 %, acumulando un incremento del 76 % a lo largo de los tres mandatos. Este proceso estuvo impulsado por el consumo interno, la inversión y la reactivación industrial, con la reapertura de fábricas, el fortalecimiento de las pymes y una participación activa del Estado en la recuperación de la capacidad productiva. Como resultado, el PBI en dólares pasó de 337.000 millones en 2002 a 595.000 millones en 2015.
En este contexto, el Estado implementó políticas de desarrollo productivo que priorizaron sectores estratégicos. A través de herramientas como el Banco Nación, el BICE, el Pro.Cre.Ar, el FONDEAR y el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, se orientó el crédito hacia la inversión y la generación de empleo. La sanción de la Ley de Promoción Industrial y la recuperación de empresas clave —como YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA y las AFJP— consolidaron una lógica de planificación estatal con mirada federal, orientada a recuperar soberanía económica y fortalecer el entramado productivo nacional.
En términos distributivos, la participación de los asalariados en el ingreso volvió a niveles cercanos al 52 %, luego de haber caído por debajo del 32 % durante la convertibilidad. Este avance no fue un efecto colateral, sino una manifestación de un modelo económico que concibió, desde sus cimientos, a la distribución del ingreso como un eje estructurante. Se reinstauraron las paritarias libres, se fortaleció el salario mínimo y se protegió el empleo mediante políticas anticíclicas que apuntalaron la demanda agregada y defendieron el mercado interno ante las crisis internacionales.
Paralelamente, la política de desendeudamiento impulsada desde 2005, con la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la reestructuración con el 93 % de los acreedores privados, permitió recuperar crecientes márgenes de soberanía económica. Esto habilitó una planificación autónoma de las políticas públicas, que se tradujo en una expansión del gasto en infraestructura, educación, salud, ciencia y tecnología, cultura y seguridad social. Entre 2003 y 2015 se construyeron más de 1.800 escuelas, se crearon 16 universidades nacionales y se federalizó el sistema científico con el fortalecimiento del CONICET y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La política social fue otro de los pilares fundamentales del modelo. Se implementaron programas de inclusión como la Asignación Universal por Hijo, la movilidad jubilatoria automática, la ampliación de la cobertura previsional mediante moratorias, y se multiplicaron las políticas habitacionales y educativas. Estas medidas incorporaron a millones de ciudadanos al acceso a derechos básicos, previamente cercenados por los años de ajuste estructural y retracción del Estado.
La estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en 2008 marcó un punto de inflexión en el sistema previsional argentino. Esta decisión puso fin a un régimen privatizado que había fragmentado el sistema, debilitado la cobertura y expuesto los ahorros de los trabajadores a la lógica especulativa del mercado financiero. La recuperación de los fondos por parte del Estado no solo garantizó el pago de jubilaciones presentes y futuras, sino que también dio origen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), instrumento clave para canalizar recursos hacia la inversión productiva y el desarrollo nacional, con un criterio de interés público.
Simultáneamente, las moratorias previsionales promovidas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ampliaron drásticamente la cobertura del sistema, reconociendo el derecho a la jubilación de millones de personas (en su mayoría mujeres) que no contaban con los años de aportes formales requeridos. Esta política permitió que el 97 % de los adultos mayores accediera a un haber previsional, convirtiendo al sistema argentino en uno de los más inclusivos de América Latina. Entre 2003 y 2015, el ingreso real por jubilaciones se duplicó, producto de una política sostenida de mejora del haber mínimo y recuperación del poder adquisitivo. Ambas medidas respondieron a una misma concepción: el sistema previsional como pilar de justicia social, no como instrumento de lucro financiero.
A pesar de todos los avances en el plano económico y social, este modelo no estuvo exento de conflictos. La confrontación con el poder económico concentrado, los grandes medios de comunicación, los sectores agroexportadores y parte del sistema judicial evidenció los límites estructurales de la democracia argentina. Desde 2008 se desplegó una ofensiva sistemática contra el gobierno, que no cesó con la finalización del mandato presidencial. Por el contrario, desde 2016 se profundizó una estrategia sostenida de persecución judicial, mediática y política contra Cristina Fernández de Kirchner, convertida en una de las principales víctimas del fenómeno conocido como lawfare.
Las causas judiciales sin sustento, el uso arbitrario de la prisión preventiva, la manipulación de testimonios y la connivencia de sectores del Poder Judicial configuran un esquema de proscripción política cuyo objetivo no es administrar justicia, sino excluir de la competencia electoral a la principal referente del movimiento nacional y popular. La reciente condena a CFK, plagada de irregularidades procesales y carente de pruebas contundentes, confirma esta lógica: deslegitimar, disciplinar y excluir a quienes disputan el modelo de país.
No se trata solo de Cristina: se trata de proscribir a los millones de personas que fueron incluidas, reconocidas y empoderadas durante los doce años de kirchnerismo. Es un intento por restaurar una Argentina para pocos, basada en el endeudamiento externo, la precarización laboral, la contracción del Estado y la apertura comercial indiscriminada.
Por eso, frente a una restauración conservadora que busca consolidar un modelo de exclusión y subordinación, la memoria de los doce años de kirchnerismo se convierte en una herramienta de lucha. No como una evocación nostálgica, sino como una plataforma hacia el futuro. Reivindicar ese proyecto es defender la soberanía, la producción, el trabajo y la justicia social. Es recuperar la convicción de que otro país es posible, con el pueblo como protagonista y el Estado como garante de derechos.
La historia reciente demuestra que, cada vez que se amplían derechos, se tocan intereses. El kirchnerismo tocó intereses estructurales: el poder financiero, los monopolios mediáticos, los fondos buitre, las élites judiciales. Por eso la respuesta fue la persecución y la proscripción. Pero también demuestra que, cuando hay un pueblo consciente y organizado, ninguna proscripción puede frenar el deseo colectivo de una patria libre, justa y soberana.
