Si bien durante la primera semana de vigencia de la oferta argentina a los acreedores extranjeros se habló mucho respecto de los resultados posibles de la negociación, poco se exploró en las condiciones legales de la oferta y el amplio abanico de posibilidades que abre la presentación ante la Security Exchange Commission.
Para empezar, existen dos canastas de bonos a canjear/reestructurar: 2005 Indenture Eligible Bonds (los resultantes de los canjes 2005-2010) y 2016 Indenture Eligible Bonds (Globales emitidos en la gestión de Cambiemos).
La principal diferencia entre ambas canastas es que cada grupo tiene una Cláusula de Acción Colectiva distinta. Esto es, para que el canje sea compulsivo y haya reestructuración hay que cumplir determinadas condiciones.
Dichas condiciones son ampliamente más agresivas (difíciles de lograr) en los bonos 2005, que en los 2016. Sin embargo, producto de la presentación que realizó el Gobierno argentino, la imposibilidad de llegar a cumplir dichos requisitos no invalida la posibilidad de un canje (que, en este caso, sería voluntario).
Un “as bajo la manga” del gobierno es la potestad de convertir la reestructuración en un canje voluntario.
Aquí es donde la oferta argentina guarda un “as bajo la manga”: si no se alcanzan los niveles de aceptación requeridos por las CACs, el Gobierno tiene potestad de convertir la reestructuración en un canje voluntario. Incluso podría tomar esa postura sólo para los bonos 2005 y avanzar con una reestructuración de los 2016 (esto es por el tipo de cross-default entre los distintos grupos y entre las distintas series).
Por otro lado, el Gobierno también se guardó la posibilidad de definir los bonos que van a canjearse efectivamente sobre esa lista de “elegibles”. Esto que parece un detalle, es algo clave: dado que le permite al país sacar de la negociación bonos en los que tenga bajo nivel de aceptación y mejorar el denominador para cumplir las CAC (asimismo, puede tomar el total sumando ambas canastas).
Pese a aún no conocer el camino que tomará la negociación es claro que, en todos los casos, la oferta del Gobierno apunta a “aplanar la curva” de vencimientos para hacerlos más sustentables.
Finalmente, la oferta tiene un sesgo hacia la mejora de los niveles de liquidez, pero no es tan efectiva para mejorar los indicadores de solvencia en el mediano plazo. En algún punto, la oferta argentina trabaja con el supuesto de que el país volvería a los mercados internacionales de financiamiento voluntario luego del período de gracia (el nuevo perfil de vencimientos a partir de 2026 así lo exige). En esta línea, la oferta es un buen instrumento para comprar tiempo en el marco de una coyuntura financiera global sumamente apremiante.
Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
