El liberalismo ha sido y es –qué duda cabe- la ideología que sustenta al capitalismo. En realidad liberalismo y capitalismo se retroalimentan desde el momento mismo del surgimiento de la modernidad en los siglos XIV y XV . En ese entendido fue, inicialmente, una ideología europea, constituida como el modo de pensar que debilitaría las formas societales del mundo feudal considerado perimido ya por la aparición del “homo capitalista”. Ese mundo corporativo, religioso y del tiempo milenario debía darle paso al mundo en donde el tiempo es dinero, en donde el individuo es el nuevo sujeto social y donde el lugar de los individuos en la sociedad no tienen que ver con los derechos de nacimiento sino con lo que pudiera lograr como fruto de su esfuerzo individual.
Pero, derrumbar el orden feudal europeo no era tarea sencilla y los pensadores liberales propusieron tres grandes ejes que delinearán el deber ser de la nueva sociedad: una teoría económica, una teoría política y una teoría sobre el Estado. En términos económicos, desarrollaron la idea que el orden social era el resultado de la riqueza que generaran los individuos en la persecución del enriquecimiento personal. La clave de esa búsqueda del enriquecimiento personal estaba dado por la propiedad privada, algo que debía ser intocable para los hombres y para el Estado. En la búsqueda de la riqueza no debería haber límites en el acceso a la propiedad privada. En la teoría política liberal, la forma de gobierno debía descansar en el principio de la representación basada en la soberanía popular. Los gobiernos debían ser, por lo tanto, democráticos, esto es, basados en la elección libre de los representantes por parte de electores. En relación al Estado, los liberales desconfiaban profundamente del poder político por lo que postularon un Estado basado en el equilibrio de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
La ideología liberal contenía, sin embargo, una contradicción que – como prontamente descubrieron los propios pensadores y políticos europeos- podía resultar potencialmente “peligrosa”: la teoría política basada en la representación popular podía dar pie al surgimiento de movimientos políticos o partidos políticos donde las mayorías no propietarias y aún anti-propietarias alcanzaran el manejo del Estado. ¿Cómo conciliar democracia con propiedad privada entonces? Desarrollando diversas estrategias de limitación del voto popular: el voto censitario o propietario, el voto calificado, el voto a partir de edades cada vez mayores, el voto estrictamente masculino y el voto optativo.
Aleccionadas por la “era de las revoluciones” democráticas iniciada en la Revolución Francesa, las elites capitalistas europeas occidentales alcanzaron recién después de la Segunda Guerra Mundial cierta estabilidad política a partir de la expansión del Estado benefactor, logando conjurar el “riesgo” de una apropiación popular del Estado.
El liberalismo latinoamericano. ¿Una ideología sin sujeto social?
El liberalismo cumplió en América Latina el mismo rol que en Europa Occidental: sirvió como ideología “nueva” que criticaba y debilitaba –cuando no justificaba- el nacimiento de una nueva sociedad latinoamericana, que dejara atrás las formas económicas corporativas/mercantiles y las formas políticas monárquico-autoritarias de los Imperios Coloniales Español y Portugués.
Pero, a diferencia de Europa, el liberalismo latinoamericano se comportará de manera distinta en nuestro continente: siendo una ideología importada contó con propagandistas y admiradores durante la independencia y la post-independencia, pero careció de una base de sustentación popular y, sobre todo, de una burguesía que sostuviera un proyecto económico con grados crecientes de autonomía. El liberalismo fue así, una ideología que en América Latina fue antipopular y elitista.
Así, las nuevas repúblicas elitistas latinoamericanas abrazaron los principios liberales para sostener su proyecto oligárquico: a fines del siglo XIX la lógica económica liberal (propiedad privada, libre comercio, división internacional del trabajo) sirvió de sustento ideológico para el proyecto primario exportador y antiindustrialista. El camino inverso al seguido por el liberalismo en Europa.
La paradoja se completó con la adopción del formato republicano representativo de raigambre europea y la adopción de constituciones liberales que proponían el voto –masculino- y la división de poderes.
¿Democracias latinoamericanas? Sí, pero no tanto…
Para los inicios del siglo XX latinoamericano, todas las repúblicas elitistas latinoamericanas hacían gala de constituciones republicanas y democráticas, avaladas por la fe en el liberalismo como ideología económica y política.
Pero, en la práctica real, muy tempranamente, las elites latinoamericanas comprendieron que los principios liberales significaban una cosa en el papel y otra en la realidad misma: cumplir efectivamente con la agenda política liberal-democrática ponía en riesgo el estatus privilegiado de las elites terratenientes primario exportadoras. Dicho en otros términos: habilitar el voto a las mayorías populares podía poner en entredicho la posesión de la propiedad privada (y sus beneficios) en el nuevo orden latinoamericano.
Y allí comienza un siglo –casi todo el siglo XX – en el que las repúblicas latinoamericanas se debatieron permanentemente ente sus principios liberales constitutivos –república, voto, democracia – y su práctica antidemocrática concreta.
Los modos de esa práctica antidemocrática – que derivó en gobiernos cada vez mas autoritarios o directamente en dictaduras – fueron variados:
1. las dictaduras patrimonialistas/familiares donde el líder personalista gobernaba sin control durante décadas, seguido por sus familiares en la continuidad del poder.
2. Los golpes de Estado “correctivos” donde las FFAA y civiles de la elite removían por la fuerza un gobierno democrático –los tan temidos gobiernos populares – para llamar a elecciones buscando un nuevo gobierno que tuviera la aprobación de las elites propietarias.
3. Las dictaduras militares burocráticas autoritarias que arrasaron no sólo con gobiernos democráticos sino que postularon su permanencia en el poder por décadas y el fin del sistema republicanismo democrático de gobierno.
La situación se volvió grave –para las elites – a partir de la emergencia en la post-crisis de 1930 de los gobiernos nacional populares que alcanzaron el poder del Estado a partir de la incorporación de las otrora excluidas masas populares al proceso político. Gobiernos como el primer peronismo, el Cardenismo o el Varguismo (para señalar los tres mas notorios) mostraron en los hechos que, habilitado el voto efectivamente universal (también para las mujeres) la república democrática liberal podía dejar paso a gobiernos populares con una agenda antiliberal, anti imperialista y distributiva del poder y los ingresos.
El ciclo de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX fue la respuesta de las elites para retomar el control del Estado. Pero, esta “solución” anulaba la retórica liberal-democrática y generaba , además, procesos represivos cada vez mas extensos hasta llegar a las dictaduras genocidas de triste memoria en nuestra América Latina. Las dictaduras, pese a su profundo proceso represivo, no podían sostenerse frente a un cuestionamiento creciente de la sociedad, las organizaciones de DDHH y la movilización política en general.
De la transición democrática a las democracias amenazadas
El ciclo de las dictaduras de la seguridad nacional inició su declive en la segunda mitad de la década de los años 80 del siglo pasado, víctima del descrédito generalizado por las políticas genocidas , la crisis económica y el hartazgo social ante la inexistencia de mecanismos de participación política. A esta crisis interna se le sumará el colapso del campo socialista en el período 1989-1992. El fin del socialismo “real” dejó sin discurso a la lógica del enemigo externo que amparaba la emergencia de las dictaduras y, a la vez, habilitó un nuevo horizonte justificativo para las elites: el “fracaso” (en la lógica neoliberal) socialista dejaba un solo modelo económico exitoso: el capitalismo.
Así, lo que comenzó a llamarse la “transición democrática” tuvo dos características claves: el retorno de los sistemas democrático, republicanos de gobierno a la vez que se desplegaba –entre 1980 y el año 2000- el modelo económico neoliberal, nuevo proceso de profundización de las políticas desindustrializadoras, excluyentes y ajustadoras. Las propias elites –tradicionalmente recelosas y aún contrarias a la democracia – apoyaron el nuevo orden democrático-neoliberal.
Colapso neoliberal y retorno nacional popular
La década neoliberal colapsó –con diferentes matices – en el período 1998-2003. Las políticas privatizadores, endeudadoras y de ajuste estructural generaron un proceso de pauperización y desestructuración económica y social que condujeron a estallidos sociales y crisis políticas que llevaron a la emergencia de un ciclo nacional –popular como nunca antes en la historia latinoamericana: un breve repaso nos da cuenta de esta excepcional –en una historia latinoamericana en general balcanizadora- coincidencia de gobiernos nacional populares :
La Venezuela de Hugo Chavez (2002-2013); el Brasil , Lula Da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016); La Argentina de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernandez (2007-2015); la Bolivia de Evo Morales (2006-2019); el Ecuador Rafael Correa (2007-2017); el Paraguay Fernando Lugo (2008-2012); el Uruguay José Mujica (2010-2015); el Chile de Michelle Bachelet (2006-2010); y la Honduras de Manuel Zelaya (2006-2009).
Estos gobiernos nacional-populares accedieron al control del Estado Nación en modalidades estrictamente democráticas. Y, en general, no sólo se mantuvieron en el poder sino que ampliaron su base de sustentación política a través del voto popular. Con sus diferentes matices, estos gobiernos utilizaron al Estado en el sentido inverso que en la década neoliberal: las políticas públicas del período nacional popular tendieron a reducir la presencia extranjera en las economías nacionales o a limitar sus niveles de ganancia, se propusieron reestatizar las grandes empresa públicas que habían sido privatizadas, recuperar los recursos naturales y promover procesos de industrialización sustitutiva. Todo esto acompañado de la ampliación de la base de sustentación política por el despliegue de una batería de programas y propuestas sociales para sectores sociales históricamente relegados (en particular las políticas contra la pobreza , de género, de apoyo a las niñeces y las orientadas hacia los pueblos originaros.).
La respuesta elitista: democracias vulneradas
La consolidación de estos gobiernos nacional-populares generó preocupación creciente en las elites económicas y políticas latinoamericanas. Descartado el principal recurso histórico de las derechas elitistas –los golpes militares o las intervenciones norteamericanas – para conservar el poder político; la estrategia para finalizar con los gobiernos populares y democráticos – torciendo la voluntad popular y recuperando el poder político – se basará en un accionar a a dos puntas: el lawfare -la guerra judicial- y el periodismo de guerra y las fakes news.
¿Cómo despojar del poder sobre el Estado a los partidos/movimientos populares? ¿Cómo evitar el acceso al Estado de los partidos-movimientos populares? ¿Cómo dar respuesta a estas dos preguntas sin interrumpir aunque más no sea en términos formales, las frágiles democracias latinoamericanas?
¿Cómo encarcelar a los/as líderes populares de un modo “técnico”? (recordemos los casos de Cristina Fernandez de Kirchner , Lula Da Silva, Rafael Correa o Evo Morales ) encarcelados o perseguidos en causas judiciales articuladas con persecución periodística.
Lawfare y periodismo de guerra/fake news se constituyeron en una estrategia a la que recurrieron las elites liberales como medio de debilitar a los gobiernos nacional-populares o impedir su triunfo electoral.
Todos los gobiernos nacional populares del período 1998-2016 estuvieron sometidos a una constante y permanente exposición de noticias falsas o exageradas sobre sus gestiones y sus funcionarios/as. En otros casos la estrategia fue la de utilizar el sistema judicial como instrumento de persecución política. En otros varios casos la estrategia fue doble: periodismo de guerra y fake news junto a persecución judicial. Sobre esta estrategia debe incluirse también la emergencia de partidos/líderes de ultraderecha que, apalancados en el accionar permisivo –cuando no cómplice – del sistema judicial y los medios hegemónicos, aparecían como la respuesta y/o solución a los males del “populismo”.
Finamente, las elites habían encontrado el mecanismo para deslegitimar las gestiones de los gobiernos populares y al mismo tiempo bloquear el acceso al Estado en elecciones formalmente democráticas. Quedaba así abierta la posibilidad de lograr que los proyectos económico-políticos de las elites fueran finalmente instalables a través del voto popular.
Por primera vez en la historia latinoamericana, el proyecto liberal conservador autoritario llegaba al poder por vía eleccionaria. Nuevos desafíos también para los partidos/movimientos nacional-populares que ahora tenían/tienen que competir en el campo electoral con un liberalismo de ultraderecha con capacidad eleccionaria.
En esa coyuntura estamos hoy: democracias fortalecidas por la inclusión económico-social-cultural y mecanismos crecientes de democratización o democracias aparentes, convocantes al hecho electoral como único mecanismo de representación y asentadas en la consolidación de una construcción política neoconservadora que articula Poder Judicial, medios hegemónicos, organismos financieros internacionales y modalidades crecientemente represivas.
Entender esta disyuntiva es, además, clave para comprender el sentido actual de las políticas públicas, donde claramente el modelo elitista liberal-conservador promueve no ya su reducción sino la desaparición, confrontando a las lógicas nacional populares que proponen la recuperación y ampliación de políticas públicas en beneficio del conjunto de la población.
Esta disyuntiva se da ahora –como nunca antes- en la disputa por el voto popular. Desafío enorme para la construcción política del campo nacional popular.
