Un comité panamericano que reúne a magistradas y magistrados “por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana” cuestionó la política de Donald Trump, señaló vulneraciones a normas globales de derechos humanos y alertó sobre el riesgo de una salida de Argentina de la OMS.
Con el foco sobre la política migratoria de Donald Trump y una mención al gobierno de Javier Milei, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) manifestó su “profunda preocupación ante situaciones y decisiones que evidencian vulneraciones a normas internacionales de derechos humanos”. Tanto es así que esta organización, que reúne a magistradas y magistrados de todo el continente referenciados en el Papa Francisco, se preguntó “si estamos asistiendo al final del orden jurídico internacional”.
En una declaración emitida este 19 de febrero, titulada justamente “¿Es el final del orden jurídico internacional?”, COPAJU comenzó por alertar sobre una serie de medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos: “El control migratorio como elemento central de una política de seguridad nacional, el despliegue militar en la frontera de México, las privaciones de la libertad por causas migratorias, las deportaciones masivas y un discurso estigmatizante hacia las personas migrantes –que son calificadas como amenazantes o criminales–”. Frente a estas acciones de la administración Trump, el Comité sostuvo que “generan un sufrimiento emocional y un trato degradante en las personas víctimas, como también representan una violación del derecho internacional humanitario, en cuanto a la movilidad humana y la migración”.
Citaron las palabras del Papa, quien a mediados de enero, en una entrevista con un medio italiano, había anticipado que esta política migratoria “será una vergüenza, porque hace que los pobres desdichados que no tienen nada paguen la cuenta”. Ya en febrero, durante la Cumbre Internacional de los Derechos del Niño, Francisco pidió proteger a los niños indocumentados en la frontera con Estados Unidos, “que son las primeras víctimas de ese éxodo de desesperación”.
Para COPAJU, la política migratoria de Trump “genera un sufrimiento emocional y un trato degradante en las personas víctimas, como también representa una violación del derecho internacional humanitario, en cuanto a la movilidad humana y la migración”.
COPAJU también se refirió a la situación de medio oriente y al accionar de Washington. Advirtió que “la propuesta del Presidente Trump para que su país tome el control en la Franja de Gaza, y que los residentes palestinos sean trasladados a otros países, aparece como una maniobra colonialista, con un desplazamiento forzoso de la población, que afecta principios elementales del derecho público internacional”. Remarcó que “los condenables actos de terrorismo contra la población civil israelí no justifican mayor violencia estatal de ese país contra la población civil de Gaza, ni la desocupación de ese territorio”.
Al respecto, las juezas y jueces recordaron que en su libro La esperanza nunca defrauda. Peregrinos hacia un mundo mejor, escrito en el marco del Jubileo de este año, el Papa Francisco sostuvo: “Según algunos expertos, lo que está sucediendo en Gaza tiene características de un genocidio. Debería ser investigado cuidadosamente para determinar si encaja en la definición temática formulada por juristas y organismos internacionales”.
“La propuesta del presidente Trump para que su país tome el control en la Franja de Gaza -señalaron los jueces-, y que los residentes palestinos sean trasladados a otros países, aparece como una maniobra colonialista”.
Otro eje de su crítica hacia Trump y el avance sobre el derecho internacional tuvo que ver con la orden ejecutiva del presidente estadounidense “para sancionar a la Corte Penal Internacional, y a quien colabore con ese Tribunal por acciones contra Estados Unidos y sus aliados”, en lo que constituye “otro evidente ataque al ordenamiento jurídico internacional”. A eso se suma la salida de EEUU de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que “pondría en riesgo a programas esenciales de la OMS”, además de significar “un duro golpe para la salud mundial”.
En este punto, agregaron que en la Argentina, de “forma análoga”, se asiste a “la decisión unilateral del presidente Milei de retirar al país de la OMS”, lo que pone al país “en una situación de riesgo (…), al aislarla de la coordinación de políticas y recursos de salud ante emergencias globales, como las pandemias”, además de los eventuales “conflictos judiciales dentro y fuera” que pudieran acontecer.
Frente a este escenario preocupante, COPAJU concluyó con un llamado a las magistradas y los magistrados del continente: “Tales situaciones y decisiones, en un contexto internacional de globalización, donde la representación de los Estados se debilita por parte de corporaciones internacionales que desarrollan y ejecutan nuevas tecnologías digitales y robóticas, no solamente nos debe generar preocupación por el profundo debilitamiento del orden jurídico internacional, sino que nos debe interpelar a las juezas y a los jueces para garantizar con mayor énfasis, a través de nuestras decisiones, los estándares internacionales de derechos humanos”.
La declaración lleva las firmas del presidente de la Junta Directiva, el juez argentino Roberto Andrés Gallardo; de la vicepresidenta, la jueza brasileña Ana Inés Algorta Latorre; el secretario Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar en Argentina; y los vocales Daniel David Urrutia Laubreaux, juez chileno; y María Julia Figueredo Vivas, jueza colombiana.
