Organizaciones que velan por el cuidado de chicas y chicos presentaron un amparo para impedir que la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes quede acéfala.
El próximo 28 de febrero vence el mandato de la actual Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las chicas y chicos de nuestro país quedarán aún más desprotegidos ante la pobreza y las políticas del gobierno de Javier Milei.
La acefalía de la Defensoría a partir del 1 de marzo implicaría la pérdida de su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones para proteger los derechos de la infancia. Para evitarlo, organizaciones de la sociedad civil acaban de presentar un amparo que solicita una medida cautelar para que el Congreso de la Nación finalmente desarrolle el concurso y designe a las nuevas autoridades con la mayor celeridad posible.
La ley 26.061, que creó la Defensoría, fue aprobada en 2005, pero recién en 2020 asumieron Marisa Graham como defensora y Facundo Hernández como defensor adjunto, luego de ganar el concurso de oposición y antecedentes. Por eso, a 20 años de la creación del organismo y con 14 de vacancia hasta que se puso en marcha con sus autoridades, preocupa tanto que terminen ambos mandatos y todavía no se haya avanzado en la renovación de cargos para el periodo 2025/2030.
El amparo solicita de forma expresa que, como ya lo hizo Diputados, también el Senado nombre a las y los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de celebrar el concurso público para cubrir el cargo de Defensor o Defensora. A la vez, hasta tanto eso no ocurra, se pide garantizar el normal funcionamiento de la Defensoría.
La acefalía de la Defensoría a partir del 1 de marzo implicaría la pérdida de su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones para proteger los derechos de la infancia.
Quienes impulsan la acción judicial son integrantes del Colectivo Infancia en Deuda, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Previamente, varias de estas organizaciones habían cursado cartas exigiendo el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y al titular de la cámara baja, Martín Menem.
Desde su puesta en marcha, el organismo conducido por Graham intervino en más de 2500 casos, el 25% de ellos relacionados a violencias graves contra las infancias. También inició o participa de acciones judiciales colectivas, como amparos en reclamo de alimentos a comedores, por falta de medicamentos a niños con enfermedades graves, o falta de agua y por mortalidad infantil en la comunidad Wichi del Chaco Salteño. Todas acciones que quedarían sin impulso o podrían cerrarse. Por ejemplo, la Defensoría lleva un reclamo por el acceso a becas escolares que puede impactar en más de 1,2 millones de adolescentes en situación de pobreza. También presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, entre otras instancias internacionales.
Tanto la prórroga como la convocatoria a un nuevo concurso público dependen del Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya conformación no se logró en todo 2024, desoyendo lo fijado por la ley.
La cautelar pide que el Senado complete la Comisión Bicameral encargada del concurso para cubrir el cargo de Defensor o Defensora. Y que, hasta tanto, se garantice el funcionamiento del organismo.
Si bien Diputados designó a las cinco diputadas integrantes de la Comisión –Eugenia Alianiello, Nadia Márquez, Natalia Sarapura, María Sotolano y Brenda Vargas Matyi–, la Cámara Alta sigue sin nombrar a sus representantes. El Artículo 3° del Reglamento Interno de la Comisión Bicameral establece que quienes la conformen “deben ser designados/as por la Presidencia de cada Cámara a propuesta de los bloques parlamentarios”. Es decir, en gran medida depende de la voluntad política de Villarruel.
Como se señaló, el escrito solicita que, hasta tanto no se celebre el concurso público, se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños. Por eso, demanda la designación de una o más personas para ejercer las funciones de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde el cese del mandato de la actual defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad conforme a la ley vigente.