En un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo, el precio de la carne vacuna volvió a registrar aumentos en los mostradores mientras marzo se inicia con una nueva ronda de incrementos en transporte, alquileres, medicina prepaga y servicios públicos, un escenario que profundiza la presión sobre los ingresos de los hogares y expone las dificultades del Gobierno de Javier Milei para contener el impacto de la inflación en rubros sensibles de la economía cotidiana.
Referentes de la cadena cárnica señalaron que el traslado a precios de las subas acumuladas en el Mercado Agroganadero aún no concluyó y que durante los próximos días podrían concretarse nuevos ajustes en carnicerías, con alzas que en algunos cortes alcanzarían hasta 1.500 pesos según la zona y la calidad del producto, consolidando una tendencia que se había moderado tras los fuertes incrementos de 2023 y comienzos de 2024 pero que en los últimos meses retomó impulso, incluso con variaciones mensuales por encima del promedio de alimentos.
El consumo de carne, que históricamente funcionó como un termómetro social, se mantiene en niveles bajos en términos históricos, por debajo de los 50 kilos por habitante al año, en un mercado atravesado por tensiones entre oferta y demanda y por la pérdida de capacidad de compra de amplios sectores que recortan cantidades o reemplazan cortes tradicionales por opciones más económicas ante la imposibilidad de sostener el gasto habitual.
Desde el Gobierno buscaron relativizar el impacto de las subas al atribuirlas a factores estructurales de larga data, y en ese sentido el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, sostuvo que el aumento del precio de la carne responde a la caída del stock ganadero acumulada durante las últimas décadas y afirmó que la situación “se va a revertir” a partir de un supuesto cambio de expectativas que impulsaría nuevas inversiones bajo el actual esquema de políticas, una explicación que fue recibida con escepticismo en el sector comercial y entre asociaciones de consumidores, que advierten que más allá de las proyecciones oficiales el traslado a los mostradores es inmediato y el deterioro del poder de compra ya es un hecho concreto para millones de familias.
A la presión sobre los alimentos se suma un esquema de actualización tarifaria que impacta de lleno en los servicios esenciales, ya que el boleto de los colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense tendrá un nuevo incremento a partir de la segunda quincena del mes, acumulando subas significativas en pocas semanas dentro del nuevo sistema de ajustes impulsado por la administración nacional.
En el mercado de alquileres, los contratos alcanzados por la normativa anterior registrarán en marzo un incremento superior al 30 por ciento según el índice oficial de actualización, mientras que quienes firmaron acuerdos hace un año enfrentarán ajustes acumulados que reflejan la elevada inflación del período, una dinámica que complica la situación de inquilinos en un contexto de salarios que no acompañan la velocidad de los precios.
Las cuotas de la medicina prepaga también mostrarán aumentos en torno al tres por ciento, con impacto adicional en los copagos, y en paralelo se aguardan definiciones sobre nuevos cuadros tarifarios en el servicio eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires, al tiempo que en la provincia se oficializaron subas que pueden alcanzar hasta el 17 por ciento según el segmento de consumo, y la empresa de agua y saneamiento aplicará otro tramo de su esquema de actualización mensual, elevando el valor promedio de las facturas.
La combinación de mayores precios en alimentos básicos y sucesivos incrementos en transporte, vivienda, salud y servicios públicos configura un inicio de mes con fuerte incidencia en la estructura de gastos de las familias y suma interrogantes sobre la evolución de la inflación de marzo, en un escenario en el que la estrategia oficial de liberalización y quita de subsidios continúa trasladando costos a los usuarios sin que se verifique, por el momento, una recomposición sostenida de los ingresos que permita amortiguar el impacto sobre el consumo y la actividad económica.