La segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo en Perú confirmó buena parte de las tendencias estructurales que venían atravesando el escenario político del país. La disputa entre Keiko Fujimori, heredera política del fujimorismo, y Roberto Sánchez, dirigente de Juntos por el Perú y continuador del espacio político que emergió alrededor de Pedro Castillo, terminó reproduciendo las fracturas sociales, territoriales y políticas que caracterizan a la sociedad peruana desde hace décadas.
Sin embargo, lo ocurrido durante la jornada electoral y en los días posteriores permite afirmar que la elección no debe ser interpretada simplemente como una competencia entre dos candidatos. Lo que se encuentra en juego es la forma en que Perú intentará procesar una crisis política e institucional que lleva más de una década abierta y cuyos efectos siguen condicionando la gobernabilidad del país.
Más aún, el resultado electoral aparece como un nuevo episodio de una disputa más profunda sobre el modelo de desarrollo, la representación política de las mayorías populares y la inserción geopolítica de América Latina en un contexto internacional cada vez más atravesado por tensiones entre las grandes potencias.
Una elección al límite: de los boca de urna a una ventaja mínima de Sánchez
La jornada electoral del domingo confirmó desde las primeras horas el escenario de extrema paridad que anticipaban las encuestas.
Durante las semanas previas a la elección, la mayoría de los sondeos mostraban una ventaja leve para Keiko Fujimori. Sin embargo, esa diferencia se encontraba sistemáticamente dentro de márgenes de error que impedían cualquier pronóstico concluyente. La experiencia peruana reciente ya había demostrado las dificultades de las consultoras para captar adecuadamente el comportamiento electoral de un país profundamente fragmentado desde el punto de vista territorial y social.
Los primeros boca de urna difundidos al cierre de la votación otorgaban una leve ventaja a Keiko Fujimori. Aunque la diferencia era reducida, el dato parecía confirmar la capacidad de la candidata de Fuerza Popular para concentrar detrás de su candidatura a la mayor parte del electorado conservador y de centroderecha.
Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse pocas horas después.
Cuando se difundieron los conteos rápidos realizados sobre mesas testigo estadísticamente representativas, la tendencia se revirtió. Tanto las mediciones de Ipsos como las de Datum mostraron una ventaja mínima para Roberto Sánchez, con diferencias inferiores a un punto porcentual y técnicamente compatibles con un empate estadístico.
A partir de ese momento, el escrutinio oficial comenzó a reproducir una dinámica que ya forma parte de la historia electoral reciente del Perú. Las primeras actas computadas, provenientes principalmente de Lima y de los grandes centros urbanos de la costa, favorecieron inicialmente a Keiko Fujimori. Sin embargo, a medida que fueron incorporándose las mesas correspondientes al interior andino, las regiones rurales y el sur del país, la distancia comenzó a reducirse progresivamente hasta revertirse en favor de Sánchez.
La secuencia electoral volvió a poner de manifiesto la profunda fractura territorial que atraviesa a la sociedad peruana. Mientras Lima y los principales centros urbanos continúan siendo el núcleo de apoyo del fujimorismo y de las fuerzas conservadoras, las regiones andinas y rurales siguen constituyendo la principal base electoral de las expresiones nacional-populares surgidas durante los últimos años.
Al cierre de esta edición, el escrutinio oficial muestra una ventaja reducida pero persistente para Roberto Sánchez. Sin embargo, el resultado definitivo permanece abierto.
Aún resta procesar parte del voto emitido en el exterior y, sobre todo, resolver un número significativo de actas observadas e impugnadas que deberán ser revisadas por las autoridades electorales. Debido a ello, distintos especialistas y observadores estiman que la proclamación oficial del próximo presidente podría demorarse entre una y tres semanas.
La prudencia que han mostrado ambos candidatos refleja precisamente esa incertidumbre. Roberto Sánchez sostuvo que los resultados permiten vislumbrar la apertura de una nueva etapa política para el país, pero evitó proclamarse vencedor. Señaló que corresponde esperar la culminación del proceso electoral y destacó la necesidad de garantizar la transparencia del escrutinio.
Keiko Fujimori adoptó una actitud similar. Aunque durante las primeras horas de la noche electoral aparecía beneficiada por los boca de urna y por los primeros resultados oficiales, posteriormente llamó a esperar el recuento definitivo y evitó realizar denuncias anticipadas o desconocer la evolución del escrutinio.
Esta cautela no es casual. La experiencia de 2021 continúa muy presente en la memoria política peruana. En aquella oportunidad, Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori por una diferencia igualmente estrecha y el país atravesó semanas de cuestionamientos, impugnaciones y disputas judiciales antes de que pudiera proclamarse oficialmente al ganador.
Por esa razón, más allá de la tendencia favorable que hoy exhibe Roberto Sánchez, el escenario continúa abierto y la política peruana probablemente seguirá transitando varios días —e incluso semanas— de incertidumbre antes de conocer formalmente quién ocupará la presidencia a partir del 28 de julio.
Una crisis que lleva más de una década
La elección constituye un nuevo capítulo de una crisis política e institucional que atraviesa al Perú desde hace más de diez años y que ha convertido al país en uno de los casos más paradigmáticos de inestabilidad política de América Latina.
El país llega a esta instancia después de haber tenido nueve presidentes en diez años, sucesivas crisis institucionales, enfrentamientos entre poderes del Estado, movilizaciones sociales masivas y una creciente pérdida de legitimidad del sistema político.
La destitución y posterior encarcelamiento de Pedro Castillo en diciembre de 2022, seguida por una fuerte represión de las movilizaciones que exigían elecciones anticipadas, dejó una herida abierta que continúa organizando buena parte del escenario político actual.
La inestabilidad peruana no constituye un fenómeno coyuntural ni puede explicarse exclusivamente por errores de liderazgo o deficiencias institucionales. Expresa una crisis más profunda de representación política. Los mecanismos tradicionales mediante los cuales las élites económicas, políticas y territoriales procesaban los conflictos sociales han perdido eficacia, sin que haya emergido todavía un nuevo equilibrio capaz de reemplazarlos.
Por eso, más allá del resultado electoral, la cuestión central sigue siendo la misma: cómo reconstruir una legitimidad política capaz de estabilizar un sistema institucional que parece haber agotado los mecanismos tradicionales de representación.
La fractura territorial que estructura la política peruana
La elección volvió a poner de manifiesto una de las características más profundas de la sociedad peruana.
Más que una clásica disputa entre izquierda y derecha, Perú expresa una fractura histórica entre Lima y las regiones del interior andino; entre una costa integrada a los circuitos económicos globales y un interior que continúa reclamando reconocimiento político, acceso a derechos y participación en la distribución de la riqueza.
Keiko Fujimori concentra sus principales apoyos en Lima, la costa y los sectores urbanos conservadores. Además, logró reunir detrás de su candidatura a buena parte de las fuerzas de derecha que habían quedado fuera de la segunda vuelta.
Roberto Sánchez, por el contrario, encuentra sus fortalezas en el sur andino, las zonas rurales y aquellos sectores populares que se identificaron con la experiencia política representada por Pedro Castillo.
La evolución misma del escrutinio confirmó esta realidad. Las primeras actas favorecieron a Fujimori porque provenían fundamentalmente de los centros urbanos costeros. La posterior incorporación de los votos del interior andino terminó inclinando la balanza hacia Sánchez.
No se trata simplemente de una distribución geográfica del voto. Lo que aparece detrás de esos resultados es una disputa sobre quiénes son los sujetos legítimos de la representación política y cuál debe ser el papel del Estado en la integración territorial del país.
En ese sentido, la elección vuelve a mostrar la persistencia de una tensión histórica entre un Perú oficial, concentrado en Lima y articulado a los circuitos globales de acumulación económica, y otro Perú popular, andino, rural y periférico que busca desde hace décadas una representación política efectiva.
La paradoja peruana: estabilidad económica e inestabilidad política
Durante las últimas tres décadas, Perú fue presentado como uno de los casos más exitosos del consenso neoliberal en América Latina.
Entre 2000 y 2019 la economía peruana registró una de las tasas de crecimiento más elevadas de la región, mantuvo bajos niveles de inflación, acumuló reservas internacionales y conservó indicadores macroeconómicos que organismos financieros internacionales continúan señalando como ejemplos de disciplina fiscal.
Incluso después de la pandemia, el país logró preservar buena parte de esos equilibrios macroeconómicos.
Sin embargo, detrás de esa estabilidad coexistieron profundas desigualdades territoriales y sociales.
Mientras Lima concentra cerca de un tercio de la población y casi la mitad de la producción nacional, vastas regiones andinas y amazónicas continúan exhibiendo elevados niveles de pobreza, informalidad laboral y déficit de infraestructura.
La informalidad afecta a más del 70% de la población económicamente activa y las brechas en salud, educación, conectividad y servicios básicos siguen reproduciendo una estructura territorial profundamente desigual.
La paradoja peruana consiste precisamente en que uno de los modelos económicos más elogiados por los organismos financieros internacionales coexistió con uno de los sistemas políticos más inestables del continente.
La estabilidad macroeconómica no logró traducirse en integración social, legitimidad política ni cohesión territorial.
Por eso, la elección actual expresa también una discusión sobre los límites de ese modelo y sobre la posibilidad de construir una legitimidad política capaz de integrar a sectores históricamente excluidos del poder.
El debate electoral y los fantasmas del pasado
La campaña volvió a mostrar otra característica de la política peruana contemporánea: la dificultad para discutir los problemas estructurales del país más allá de las identidades políticas enfrentadas.
Gran parte del debate público giró alrededor de los legados contrapuestos de Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
Sánchez buscó asociar a Keiko Fujimori con la herencia autoritaria del régimen instaurado durante la década de 1990. Fujimori, por su parte, intentó identificar a su adversario con la experiencia fallida del gobierno de Castillo y con la inestabilidad política que caracterizó aquel período.
Sin embargo, uno de los momentos más significativos del debate se produjo cuando Sánchez cuestionó directamente la concentración económica, la existencia de monopolios y oligopolios y las dificultades para distribuir socialmente los beneficios del crecimiento económico.
La relevancia de esa intervención reside en que puso en discusión un aspecto habitualmente ausente del debate público peruano: los límites sociales y territoriales del modelo económico construido durante las últimas décadas.
Mientras buena parte de la campaña se concentró en la seguridad, la corrupción o los liderazgos personales, la discusión sobre la estructura económica del país permaneció relativamente relegada.
El fantasma de Pedro Castillo
La sombra de Pedro Castillo estuvo presente durante toda la campaña y volvió a aparecer en las primeras interpretaciones de los resultados.
Castillo representó en 2021 la irrupción política de sectores históricamente marginados del sistema político peruano. Su victoria fue la expresión electoral de una acumulación de demandas territoriales, sociales y culturales que durante décadas habían permanecido insuficientemente representadas.
Sin embargo, nunca logró construir una correlación de fuerzas suficiente para sostener su gobierno frente a un Congreso hostil, una estructura estatal adversa y una coalición social heterogénea que rápidamente comenzó a fragmentarse.
Su caída se convirtió en un punto de inflexión para la política peruana.
La candidatura de Roberto Sánchez expresa, en buena medida, la persistencia de aquel bloque social, territorial y político que encontró en Castillo una primera expresión electoral.
Este aspecto resulta particularmente relevante porque demuestra que la destitución, el encarcelamiento y la posterior represión no lograron desarticular completamente las bases sociales que hicieron posible aquella experiencia.
Desde esta perspectiva, una eventual victoria de Sánchez tendría un significado político que excede a su propia figura. Representaría la continuidad electoral de una corriente social y política que muchos sectores del establishment peruano consideraban definitivamente derrotada después de la caída de Castillo.
Dos caminos para procesar la crisis
La cuestión de fondo no es solamente quién ocupará la presidencia sino qué tipo de salida política emergerá de una crisis que lleva más de una década abierta.
Antes de la elección podían identificarse dos caminos posibles para procesar esa crisis.
Un triunfo de Keiko Fujimori aparecía asociado a una restauración conservadora orientada a reconstruir gobernabilidad preservando los fundamentos económicos del modelo vigente. No necesariamente resolviendo las tensiones sociales y territoriales acumuladas, sino estabilizando el sistema mediante una mayor concentración de autoridad política y una recomposición de las élites tradicionales.
La alternativa representada por Roberto Sánchez expresa una lógica diferente. Supone la continuidad de las demandas surgidas desde las regiones periféricas y los sectores populares que irrumpieron políticamente durante los últimos años.
Sin embargo, una eventual presidencia de Sánchez enfrentaría un desafío igualmente complejo: construir capacidad política, ampliar su base social y modificar la correlación de fuerzas existente para evitar quedar atrapado en la misma dinámica de bloqueo institucional que terminó erosionando la experiencia de Castillo.
La diferencia fundamental es que mientras Fujimori podría estabilizar parcialmente el régimen político sin alterar sustancialmente sus fundamentos económicos y sociales, Sánchez necesitaría transformar parte de esas relaciones de poder para evitar que la inestabilidad continúe reproduciéndose.
En otras palabras, mientras una eventual presidencia de Fujimori supondría una solución conservadora a la crisis, una eventual presidencia de Sánchez abriría una disputa sobre las causas estructurales que la originaron.
¿Qué significa una eventual victoria de Roberto Sánchez?
Si la tendencia actual del escrutinio termina confirmándose, el dato político más relevante no será únicamente el cambio de signo ideológico del próximo gobierno.
La principal novedad radicará en que, cuatro años después de la victoria de Pedro Castillo y tres años después de su destitución, el bloque social que hizo posible aquella experiencia habrá demostrado una notable capacidad de persistencia política.
La narrativa que predominó en amplios sectores de poder después de 2022 sostenía que la caída de Castillo había clausurado definitivamente la posibilidad de una representación política nacional-popular con capacidad competitiva en Perú.
Los resultados de esta elección parecen indicar lo contrario.
La persistencia electoral de esos sectores revela que los problemas que dieron origen a aquella experiencia siguen presentes: la desigualdad territorial, la concentración económica, la distancia entre Lima y el interior del país y las limitaciones de un sistema político que continúa teniendo dificultades para integrar a amplios sectores de la sociedad.
Por ello, una eventual victoria de Sánchez no debería interpretarse simplemente como un triunfo electoral de la izquierda peruana. Constituiría también la evidencia de que las demandas que irrumpieron con fuerza durante los últimos años conservan capacidad de organización, representación y disputa política.
La dimensión regional y geopolítica
La elección peruana también debe analizarse en clave regional.
Perú ocupa un lugar estratégico en la disputa geopolítica contemporánea. La creciente presencia de inversiones chinas en minería, infraestructura y logística, junto con el desarrollo del puerto de Chancay como nodo fundamental del comercio transpacífico sudamericano, han convertido al país en un espacio de creciente relevancia para la competencia entre Estados Unidos y China.
En este contexto, el resultado electoral posee consecuencias que exceden ampliamente las fronteras nacionales.
No casualmente, uno de los primeros mandatarios en pronunciarse sobre la tendencia favorable a Roberto Sánchez fue Gustavo Petro. La reacción refleja la importancia regional que se atribuye a la elección peruana.
Además, el proceso coincide con una nueva secuencia electoral latinoamericana que tendrá uno de sus próximos hitos en Colombia. La región atraviesa una etapa de fuerte polarización política, en la que conviven gobiernos progresistas, derechas tradicionales y nuevas expresiones de derecha radical.
Lo que ocurre en Perú forma parte de una disputa más amplia sobre los modelos de desarrollo, las formas de representación democrática y la inserción internacional de América Latina.
Más allá del resultado
La principal enseñanza que deja esta elección es que la crisis peruana no se resolverá únicamente mediante el conteo de votos.
Quien finalmente asuma la presidencia heredará un país atravesado por profundas desigualdades territoriales, una representación política debilitada, instituciones cuestionadas y una ciudadanía crecientemente desconfiada de sus dirigentes.
Los próximos días definirán quién gana la elección. Las próximas semanas determinarán si el sistema electoral logra procesar con legitimidad una disputa extraordinariamente ajustada. Pero los próximos años definirán algo mucho más importante: si Perú logra construir una salida duradera a una crisis estructural que ningún gobierno ha conseguido resolver durante la última década.
La verdadera incógnita ya no es solamente quién será el próximo presidente. La pregunta decisiva es si el sistema político peruano será capaz de integrar las demandas sociales y territoriales que emergieron con fuerza en los últimos años o si continuará reproduciendo el ciclo de inestabilidad que se ha convertido en una de las características centrales de la política peruana contemporánea.
En definitiva, la elección peruana constituye mucho más que una alternancia presidencial. Es un nuevo capítulo de la disputa por la representación de las mayorías populares, por la distribución territorial del poder y por el rumbo político que asumirá América Latina en una etapa de profundas transformaciones regionales y globales.