El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante esta semana nuevas audiencias en el juicio contra Justo Fernando Barrientos, por el ataque a dos parejas de lesbianas en el hotel familiar de Olavarría 1621, un hecho que se conoce como la Masacre de Barracas.
Barrientos está imputado por haber arrojado “un elemento similar a una bola de fuego” en la habitación donde descansaban Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, esta última única sobreviviente del ataque.
Durante las jornadas del lunes y el miércoles comparecieron vecinos del hotel, efectivos policiales que intervinieron tras el incendio y personal de la Defensoría del Pueblo.
Tensión y contradicciones
En la jornada del lunes declaró Nélida Gimena Alvarado, una masajista de 38 años y vecina del establecimiento. Alvarado, quien relató que pasaba la Navidad con el acusado, tildó a las víctimas de “psiquiátricas”. Su testimonio generó el momento más tenso de la audiencia cuando las querellas expusieron contradicciones respecto a sus declaraciones previas, lo que motivó la intervención del presidente del tribunal, el juez Adrián Augusto Pérez Lance.
Posteriormente declaró Magalí Sosa, psicóloga del equipo de intervención en violencia de género de la Defensoría del Pueblo, quien asistió al Hospital del Quemado la misma mañana del crimen para asistir a las víctimas.
“Fuimos a ver a Sofía que estaba en una habitación, le explicamos quiénes éramos, nos pidió una manta y hablar. Nos contó que había vivido situaciones de hostigamiento, que este hombre estaba siempre en los lugares comunes, que no se animaba a ir al baño sola, que la acompañaba Andrea. En los espacios comunes le daba miedo circular y cuando hacía iba acompañada porque estaba este varón”, testificó Sosa.
Además agregó: “en relación al hecho puntual, ella dijo que estaban en la pieza y dijo que les tiró un artefacto. Ella trabajó en cocina y tenía cierta manipulación de fuego pero no pudo porque era un fuego muy fuerte”.
El miércoles, la actividad judicial continuó de forma presencial y remota con la declaración de otros dos residentes del inquilinato.
Ernesto Rafael Pardo, vendedor ambulante y pintor de 67 años que reside allí desde hace quince años, explicó que su vínculo con Barrientos se limitaba a charlas de fútbol y política. Al referirse a las víctimas, señaló: “me enteré después que eran lesbianas” y que “algunos decían que eran medio conflictivas, se corría ese run run, pero yo no puedo constatar eso”.
Pardo también recordó que el acusado le había comentado que “hay unas chicas que son medias raras”. Al ser interrogado por el fiscal general, Juan Manuel Fernández Buzzi, sobre el momento y la forma en que supo la orientación sexual de las mujeres, el testigo afirmó: “depués que pasó esto, vi una marcha y dije qué pasó acá. Antes del incendio yo no sabía que eran lesbianas, no les veía el físico femenino, eran grandotas, toscas”.
El siguiente testigo fue Horacio Roberto Ferreira, de 73 años y residente del lugar desde hace cuatro años, quien se expresó en términos hostiles: “Yo cuando vine la primera vez que acá había dos mujeres no más, después vinieron dos mujeres más. Y lo tenían pelotudo al chabón este. Las peruanas estas le rompían las pelotas y él les dijo no se hagan las pelotudas. pero el chabón se las había jurado a las minas”, señaló.
Y agregó: “acá vinieron las feministas o no sé qué mierda son y pusieron un cartel, que no sé como dice femicidio. Vinieron las mujeres y vienen todos los 6 de mayo a prender velas”.
Pánico heterosexual
La abogada Luli Sánchez, representante de la querella de la sobreviviente Sofía Castro Riglos, dialogó con Contraeditorial y ofreció un balance de lo acontecido en ambas jornadas.
“Se dio cuenta de la profunda precariedad y vulnerabilidad en la que vivían todas las personas en ese lugar, que fue varias veces desalojado, incluso por las malas condiciones de habitabilidad y también en distintas medidas se confirma la discriminación por orientación sexual, no solamente”, destacó la letrada.
En ese sentido, Sánchez remarcó: “había distintas formas de discriminación, pero fundamentalmente por orientación sexual de las cuatro víctimas. En la mayoría de las veces los testigos dieron cuenta de formas más bien indirectas de discriminación, miradas, comentarios, percepciones, rumores, y atribuirles a ellas determinadas conductas que no son reales y que tienen que ver justamente con este pánico heterosexual, con las fantasías discriminatorias o de contagio de enfermedad que que se levantan falsamente respecto de las personas con identidades lesbianas”.
Por último, la abogada Samanta Pedrozo, integrante del equipo jurídico de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), coincidió en la centralidad del componente de odio en el caso.
“Si hay algo que quedó claro es el elemento del odio, de cómo eran vistas las víctimas dentro del hotel”, subrayó Pedrozo.
“Se dijo que eran raras, se dijo que no eran femeninas, se dijo que eran toscas, eran complicadas, que eran peruanas, que eran chorras, se dijo tantas cosas prejuiciosas, cuando en realidad ninguno de esos hombres nunca se sentó a hablar con ellas, a preguntarles cómo eran, qué les pasaba. Claramente quedó acreditado que vivían en un lugar donde las maltrataban, donde las juzgaban”, concluyó.