El juez Andrés Gallardo dictó una cautelar sobre la autonomía porteña en materia de seguridad pública y estableció que el gobierno que encabeza Jorge Macri, y no las fuerzas federales, debe organizar el operativo para la manifestación del próximo miércoles. Además, recordó que CABA no adhirió al protocolo nacional “antipiquetes”.
El operativo de seguridad de la marcha de los jubilados del próximo miércoles frente al Congreso, que estará acompañada por sindicatos en vísperas del paro general del 10 de abril, deberá estar a cargo de la Policía de la Ciudad y no de las fuerzas federales. Así lo estableció una medida cautelar a la que hizo lugar el juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En el fallo, el juez porteño ordenó a Jorge Macri a que “despliegue, organice, planifique y ejecute el operativo de seguridad” y que “garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”. En síntesis, le exigió que “en razón de su autonomía constitucionalmente reconocida”, reasuma sus obligaciones en materia de seguridad pública” el 9 de abril.
A su vez, tras las sucesivas represiones desatadas por las fuerzas federales cada miércoles, le puso un freno a Patricia Bullrich, al ordenarle al Estado Nacional, específicamente al Ministerio de Seguridad de la Nación, que se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Cuidad en lo que a seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales. Gallardo también solicitó poner en conocimiento de lo resuelto a la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.
El magistrado dio lugar al amparo presentada por la Comisión de DDHH de la CGT y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes en su pedido citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la CABA, y los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059), que establecen cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito. Recordaron que el 12 de marzo –en la marcha que resultó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo– fueron detenidas y reprimidas ciento de personas en zonas lejanas al Congreso.
El juez le puso un freno a Patricia Bullrich, al ordenarle al Estado Nacional, específicamente al Ministerio de Seguridad, que se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Cuidad en lo que a seguridad pública respecta.
Entre los fundamentos invocados por Gallardo, se destacan que el gobierno de la Ciudad no adhirió al protocolo nacional y que esta requiere “un acto formal de adhesión por parte de las autoridades locales competentes”.
El fallo dejó en evidencia a Macri al destacar que “la omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes”.
Además, detalló que en los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación “han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”, por lo que existe “un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”. Por eso, el juez también alertó que el riesgo invocado, “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Entre los fundamentos invocados por Gallardo, se destacan que el gobierno de la Ciudad no adhirió al protocolo nacional y que esta requiere “un acto formal de adhesión por parte de las autoridades locales competentes”.
También detalló que se evidenció que “el despliegue de las fuerzas federales en el ámbito de esta Ciudad se extendió por arterias que se alejaban notoriamente de las inmediaciones de los edificios donde tienen asiento poderes federales”.
Tras conocerse la cautelar, desde el Consejo Directivo Nacional de la CGT advirtieron en un comunicado que “esta decisión judicial establece un marco normativo claro que debe guiar la planificación y ejecución de manifestaciones, garantizando que la responsabilidad operativa recaiga en las autoridades locales de la CABA, con pleno respeto a los derechos de reunión, expresión y participación democrática”. También hicieron “un llamado firme a todas las autoridades a actuar con responsabilidad institucional, evitando la criminalización de la protesta”.
Por ahora, no hubo respuesta oficial, habrá que ver cómo responden tanto el Gobierno nacional como el porteño. Solo a través de su cuenta de X, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, aseguró que “el juez Gallardo se extralimitó gravemente en sus funciones”. Y adelantó que “lo vamos a recusar, a plantear la incompetencia, la nulidad de todo lo actuado y vamos a apelar”. Además, dijo que van a denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura y que “lo decidido no es la resolución de un conflicto legal, sino una clara y directa decisión de gobierno. Y los jueces no gobiernan”.