El avance de la estanflación y el impacto del ajuste económico profundizan la crisis social en la Argentina, con indicadores que reflejan un deterioro acelerado de las condiciones de vida en amplios sectores de la población mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene que el reordenamiento macroeconómico sentará las bases de una recuperación futura. A la caída de la actividad, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo se suma ahora un fuerte crecimiento de la pobreza, confirmado por mediciones académicas independientes que contradicen el discurso oficial sobre una supuesta mejora en los ingresos reales.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Di Tella, el índice de pobreza urbana alcanzó en enero de 2026 al 45,8 por ciento de la población, lo que representa un incremento de casi siete puntos porcentuales en apenas un año y ubica a más de 21 millones de personas en hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica.
El mismo informe señala que la indigencia llegó al 11,9 por ciento, reflejando el crecimiento sostenido de los hogares que no logran acceder siquiera a una alimentación básica y exponiendo el deterioro más severo en niños, jubilados y trabajadores informales.
El relevamiento atribuye el aumento de la pobreza a la combinación de inflación persistente, caída del empleo formal y licuación salarial en el marco de la política de ajuste fiscal y liberalización económica. Durante 2025, los salarios reales acumularon una pérdida superior al 15 por ciento, mientras que jubilaciones y programas sociales quedaron muy por debajo de la suba de precios, profundizando la brecha entre ingresos y costo de vida.
En paralelo, el consumo masivo registró caídas interanuales superiores al 12 por ciento en supermercados y comercios barriales, según datos privados del sector, lo que refleja la contracción del mercado interno y la pérdida de capacidad de compra de los hogares.
Desde distintos sectores académicos y sindicales advierten que el modelo económico vigente traslada el costo del reordenamiento macroeconómico a los sectores populares y a la clase media, en un contexto donde la apertura comercial y la desregulación avanzan sin mecanismos de compensación social.
El informe de Di Tella sostiene que “se está consolidando un esquema de empobrecimiento estructural” y remarca que, sin políticas activas de empleo, recomposición salarial y protección social, los niveles de pobreza podrían seguir en ascenso durante 2026.
El estudio también subraya el carácter desigual del impacto del ajuste y señala que, mientras sectores financieros y exportadores lograron mejorar su rentabilidad en el último año, trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes enfrentan un deterioro constante de sus ingresos reales.
En ese marco, el crecimiento de la pobreza aparece como uno de los indicadores más sensibles de la crisis social, en contraste con la narrativa oficial que relativiza los costos del ajuste y promete beneficios futuros cuya materialización aún no se refleja en la vida cotidiana de millones de argentinos.