Discapacidad, derechos y la ilusión del hombre perfecto
Por Laura Sierra y Antolin Magallanes
Toda época encuentra una manera de clasificar a los seres humanos. Esta aquella que la hizo por la fuerza; otra, por la sangre; otras épocas por la etnia o la religión. La nuestra corre el riesgo de hacerlo por la productividad y la eficiencia.
La discapacidad fue leída como signo de falla, desviación o inferioridad. La lengua, la literatura y hasta la ciencia fueron construyendo imágenes que la asociaron con aquello que debía ser apartado.
En nuestra literatura, El jorobadito de Roberto Arlt, condensa algo de esa tradición: el cuerpo diferente convertido en metáfora de lo torcido, lo incómodo, lo indeseable. No es solamente un recurso estético: es también el eco de una sociedad que durante siglos confundió diferencia con inferioridad.
Se suele evocar a Esparta arrojando a los débiles. Más allá de la exactitud histórica de ese relato, su potencia está en lo que simboliza: una sociedad arrogándose el derecho de decidir quiénes merecen continuar y quiénes constituyen una carga inútil para el resto.
Muchos siglos después, esa antigua tentación encontró una palabra moderna y pretendidamente científica: eugenesia. Ya no se trataba de un precipicio, sino de clasificaciones, diagnósticos, instituciones, esterilizaciones y políticas públicas. La idea era inquietantemente sencilla: mejorar la sociedad seleccionando a quienes debían reproducirse y apartando a quienes eran considerados defectuosos, improductivos o una carga.
El nazismo llevó esa lógica hasta uno de sus extremos más criminales. Antes y durante el exterminio de millones de judíos y de otros grupos perseguidos, personas con discapacidad física, intelectual, psíquica y otras, fueron víctimas de esterilizaciones forzadas y asesinatos sistemáticos. Imponer.
La inclusión social estará determinada en función de la determinación médica de la capacidad de las personas.
La discapacidad ocupa un lugar tan profundo en la historia de los derechos humanos. Nos obliga a formular una pregunta que excede largamente a un colectivo: ¿puede el valor de una persona depender de su capacidad de producir, competir, desplazarse, comprender, comunicarse o valerse por sí misma?
Después de las grandes catástrofes del siglo XX, fueron los consensos alrededor de los derechos, los que abordaron otra visión. La discapacidad dejó progresivamente de ser entendida únicamente como una deficiencia individual para comenzar a pensarse como el resultado de la interacción entre una persona y las barreras que la sociedad coloca frente a ella.
Un sistema educativo que no cuenta con todo el personal necesario para ofrecer los apoyos que un/a niño/a requiere: por ejemplo, un servicio médico que no cuenta con intérprete de Lengua de Señas, puede convertirse en exclusión social para las personas con discapacidad. El prejuicio capacitista se cuela no solo en barreras urbanísticas, arquitectónicas sino también en tratos infantilizados, prejuicios y estereotipos sobre las posibilidades de estudiar, trabajar, tener pareja o hijos/as. También se materializan en leyes y en las instituciones de la sociedad.
La exclusión no es abstracta ni pertenece solamente al pasado. Tiene forma de vereda rota, de rampa inexistente, de ascensor que nunca llega, de escuela que no integra, de formulario inaccesible. En la ciudad, en los barrios, la exclusión se vuelve rutina.
Cuando se recortan pensiones, se demoran apoyos, se dificultan prestaciones o se restringen tratamientos, estamos ante políticas discriminatorias.
La historia regresa, cuando lo hace, mediante palabras nuevas, otras tecnologías y otros argumentos. Por eso conviene atender no solamente a los símbolos extremos, sino también a las ideas que lentamente pueden volver aceptable la clasificación de las personas entre útiles e inútiles, productivas e improductivas, fuertes y débiles, autónomas y dependientes.
Allí aparece una paradoja profundamente contemporánea. Mientras conquistamos derechos que reconocen la diversidad, la tecnología comienza a ofrecernos la fantasía de superar sus límites. Inteligencia artificial, robótica, biotecnología, ingeniería genética, prótesis cada vez más sofisticadas e interfaces entre máquinas y organismos abren posibilidades extraordinarias. Muchas de ellas pueden mejorar radicalmente la autonomía y la calidad de vida de millones de personas.
El problema no está en esas tecnologías. El problema comienza cuando la posibilidad de mejorar determinadas capacidades se transforma en un mandato de perfección.
Empieza entonces a dibujarse el sueño de un ser humano aumentado: más resistente, más veloz, más atento, permanentemente conectado, capaz de trabajar más, recordar más, producir más. Es el sueño transhumano del tecno fascismo y de los amigos supremacistas del presidente.
¿Y qué lugar ocupa la fragilidad dentro de ese sueño?
Si el modelo humano comienza a ser alguien cada vez más eficiente y menos vulnerable, la vejez, la enfermedad, la discapacidad e incluso la simple dependencia de otros pueden volver a aparecer como anomalías. Aquello que los derechos humanos enseñaron a reconocer como diversidad corre el riesgo de ser nuevamente interpretado como defecto.
En el trabajo territorial esto se ve con una nitidez. Se ve en escenas mínimas. Una persona en silla de ruedas que debe recorrer cuadras buscando una esquina accesible. Un adulto mayor que abandona un trámite porque el sistema digital no contempla su manera de relacionarse con la tecnología. Una familia que espera una prestación indispensable. Un joven cuya autonomía depende de una pensión que se demora. El subsidio que no llega o no alcanza para recuperaciones, estudios, etc.
Esas escenas no son excepcionales. Son estructurales.
Por eso la pregunta deja de ser qué tan eficiente es una sociedad y pasa a ser otra mucho más exigente: ¿qué tan capaz es de garantizar que ninguna vida sea descartable?
Quizá ahí se juegue una forma más honda de fortaleza. No en la ausencia de fragilidad, sino en la capacidad de alojarla. Porque todos, incluso quienes hoy se sienten invulnerables, hemos dependido o dependeremos alguna vez de otros. Nacemos absolutamente dependientes, podemos enfermarnos, accidentarnos, envejecer. La autonomía absoluta es probablemente una de las grandes ficciones de nuestro tiempo.
Una sociedad no se define por la perfección de sus cuerpos, sino por cómo abraza sus fragilidades.
Donde una persona con discapacidad encuentra una puerta abierta, una escuela que la recibe, una ciudad que le permite desplazarse, un Estado que garantiza sus apoyos y una comunidad que reconoce su autonomía, no hay caridad. Hay derechos. Y hay algo todavía más profundo: humanidad.
Por eso preocupa que el Congreso Nacional logre tratar la prórroga de la Ley 27.793. Se pide que se sostenga la emergencia en discapacidad, se garantice la continuidad de las prestaciones y se evite el colapso del sistema. En Argentina estamos en retroceso.
La Ley de Emergencia en Discapacidad vence el 31 de diciembre. El Congreso quiere prorrogarla hasta 2027. El gobierno no la cumple, no acepta la prórroga y manda un presupuesto que la vacía.
Si este miércoles, no sale el Dictamen de la Cámara de Diputados, se cae la prórroga y van a regir los artículos del Proyecto de Presupuesto 2027 que eliminan el valor universal de las prestaciones e impiden el trabajo formal a quienes reciben a Pensión no Contributiva, entre otras modificaciones.
En tiempos tan adversos, que solo eslabonan el dolor, como una cadena interminable de joderle la vida al prójimo, debemos entender esto como un producto de un orden social absoluta parido por este neoliberalismo brutal.
Acaso sea también, finalmente, la verdadera medida de nuestra humanidad. Entonces la respuesta estará en cómo nos cuidamos colectivamente.
El 23 de septiembre, nos vemos en las calles.