Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Valim, Javier Borrego y Carlos Beraldi, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron los pasos a seguir para presentar el caso de la exmandataria frente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese marco, los letrados detallaron que interpusieron además una medida cautelar con el objeto de suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la dirigente, lo que habilitaría su retorno a la competencia electoral.
Al referirse a la estrategia judicial de la presentación ante el organismo internacional con sedes en Ginebra y Nueva York, Valim precisó: “Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del Comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas. Pero pediremos la revisión total de la sentencia”.
El equipo legal fundamentó la elección del órgano de la ONU debido a las facilidades procedimentales en comparación con el sistema interamericano. “En el Comité hay un acceso directo y todo ciudadano que tiene sus derechos violados puede acceder directamente”, señalaron los abogados sobre la ventaja respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige el trámite previo ante comisiones.
Asimismo, los defensores hicieron hincapié en el carácter vinculante de las determinaciones del organismo internacional para el ordenamiento jurídico local. “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, remarcó Valim. En esa línea, puntualizó que “el dictamen del Comité es una decisión que debe ser respetada por el Estado argentino. El comité puede condenar al Estado argentino a que revise las decisiones, que reconozca las violaciones (de derechos humanos) y que cumpla las cautelares que pedimos”.
Por su parte, Borrego inscribió la pertinencia de la presentación dentro del sistema jurídico del país. “Argentina ratificó el pacto de derechos civiles y políticos, que según la reforma (de la Constitución Nacional) del ‘94 tiene jerarquía constitucional”, sostuvo el letrado, para luego definir que la presentación del recurso “es la democracia, es el estado de derecho”.
En tanto, Valim descartó que la presentación implique una afrenta institucional contra la administración local. “No es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”, aclaró el abogado brasileño, agregando: “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina, no queremos un tratamiento excepcional. Por eso ponemos bajo escrutinio de un organismo internacional cuyas decisiones son vinculantes en Argentina para que evalúen lo que han hecho los fiscales y autoridades argentinas en este caso”.
El equipo técnico remarcó el carácter estrictamente legal de la iniciativa internacional. “Es necesario reconocer que en el Caso Vialidad tuvimos gravísimas violaciones a los dichos y garantías de Cristina Kirchner. Estamos aquí como abogados, no como militantes políticos, estamos para defender los derechos de una ciudadana”, manifestó Valim, quien calificó en duros términos el fallo condenatorio de la justicia argentina: “La presidenta Cristina Kirchner jamás podría haber sido condenada por los cargos imputados, es un escándalo lo que hicieron”.
Para argumentar su postura sobre el expediente, el especialista en derecho explicó que en la denominada Causa Vialidad hay “un ente autárquico que firmó un convenio con una provincia y luego la provincia