Los acontecimientos por los que atraviesa el país en estas horas, todos ellos dan cuenta de algo que se ha desencadenado de un modo muy difícil de medir. Solo retroactivamente podremos encontrarnos con sus consecuencias. Y aún no sabemos cuándo será eso. Pero sí sabemos que, en lo tocante al rasgo ético, una sociedad se reconoce a sí misma, entre otras cosas, por lo que hace con sus víctimas, por el tratamiento que les confiere.
En los últimos días, se constituyó una serie dramática y desencajada que va desde la provocación y reintroducción del dolor a las víctimas de violaciones de derechos humanos, hasta la exposición sin filtro de los acontecimientos de violencia que denuncia una mujer, que ocupó el lugar de primera dama hasta hace pocos meses atrás, por parte de su expareja, un expresidente.
Aquí dejamos de lado el tratamiento –también obsceno– sobre la desaparición de un menor de edad, que ocupó todos los portales pero ya se dejó de lado. Ya no es noticia, pero formó parte del universo de víctimas que llegaron a los medios en este último tiempo.
Ahora bien, en referencia a las primeras víctimas, estos días hemos visto cómo se traspasaban todas las vallas democráticas y, desde el propio Poder Ejecutivo, se organizaba una visita a quienes están cumpliendo condenas por los crímenes más atroces que una sociedad pueda concebir: los crímenes por delitos de lesa humanidad, los crímenes de Estado. Esas condenas que se cumplen fueron dictadas por jueces que vienen juzgando a los responsables desde hace casi 20 años. En ese acto reprochable e irresponsable, donde diputados nacionales visitaron a los represores para recibir una propuesta de morigeración de las penas a través de prisiones domiciliarias, entre otras medidas; se pasaron por alto varias vallas, no solo una, provocando así una severa reactualización del dolor y temor en las víctimas de esos crímenes. Un impacto que parece no tener inscripción, o tener una inscripción muy lábil en los diversos movimientos sociales y políticos, frente a la gravedad moral que implica para la sociedad en su conjunto.
Sí sabemos que, en lo tocante al rasgo ético, una sociedad se reconoce a sí misma, entre otras cosas, por lo que hace con sus víctimas, por el tratamiento que les confiere.
En relación al segundo caso, la imposición de dar a ver hasta el extremo todo lo que pueda ser mostrado y lo que no también, pone en evidencia el carácter perverso del tratamiento que en la actualidad esta sociedad –tragada por la espectacularización– da a las víctimas y el encierro al que quedan sometidas las víctimas frente a ello. Las redes sociales, los medios masivos, exigen más y más y ya nadie puede interceder sin ser acusado de cómplice con la violencia. Así, la víctima queda en soledad, debiendo responder a esa exigencia. Incluso antes que la justicia la designe como tal, la víctima ya está encerrada en el dispositivo que le pide mostrar y demostrar que lo es y donde ya no alcanza ser víctima de algo, sino que debe ser víctima de todo. Toda la vida, a partir de allí y retroactivamente, debe ser leída como un encadenamiento de victimizaciones, donde no existió sujeto alguno.
Pero si lo personal es político, lo es también en su reverso. Así leamos la consigna del derecho o del revés, el último reducto de libertad de un sujeto es no perder, no abolir, ni consentir en dejarse abolir la responsabilidad que le cabe en sus decisiones. Sin eso, es inimputable y ya nadie podrá escucharlo. Los otros hablarán por él. Es la salida más indigna, más fácil y más directa para la cancelación de toda ética deseante. De hecho, recordemos que la ley de salud mental, por la que tanto peleamos quienes nos interesamos por los derechos de las personas con padecimiento mental, abogó precisamente por restituir la decisión subjetiva en todos los casos, sobre todo en quienes dejaron de ser escuchados por causas de salud mental. Restituir ese derecho es hacer lugar a la responsabilidad deseante que le cabe siempre al sujeto hablante, donde pueda asumir, al menos, un acto en la vida. Allí se constituye el testigo. No antes.
Es, incluso, desde donde podemos tomarnos para sostener lo que, hace dos décadas atrás, impulsamos desde el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en nuestro país –como parte de una enorme política pública–, para dar voz a quienes nunca la habían tenido, a quienes la sociedad no había querido escuchar por décadas, y a quienes el gobierno de ultraderecha actual pretende acusar de responsables, invirtiendo la figura victimológica y así erigir a los criminales de Estado como sujetos victimizados.
Pero si lo personal es político, lo es también en su reverso. Así leamos la consigna del derecho o del revés, el último reducto de libertad de un sujeto es no perder, no abolir, ni consentir en dejarse abolir la responsabilidad que le cabe en sus decisiones.
Vemos que el terreno de una victimología sin mediaciones, sin un tratamiento ético y responsable, puede derivarse hacia sitios insospechados. Si la única consigna que se repite como un mantra es que a la víctima siempre se le cree, enunciada por políticos que demuestran la absoluta impudicia sobre todo el escenario democrático, pasando por encima de todas las víctimas que arrojan con sus políticas y amparándose en la reproducción vacía de ese mantra, sin consecuencias éticas o con consecuencias contrarias a esa enunciación, entonces hay algo que falta para anudar esa consigna –que tanto costó hacer valer y que surgió de mucho dolor y muchas muertes– a otra cosa. No se puede denigrar el peso de semejante construcción política. ¿Qué hacer, entonces? Es evidente que debemos dar una discusión importante al respecto, para impedir que advenga la impudicia.
Si es cierto que se quiere restituir la dignidad de una persona victimizada, sin exponerla como se dice hasta el cansancio, hay que renunciar a las exigencias de la pura victimización, porque desde allí solo se puede ser hablado/a por los dispositivos que exigen esa condición absoluta y sin fisuras.
Para poder hablar, para poder “tomar la palabra”, se tiene que interrumpir, suspender, la figura del exceso, porque a esa figura se le pide todo y se la hace entrar en un circuito ilimitado de demandas feroces e indignas a las que –como estamos viendo– ya no se puede dejar de responder. Si no establecemos la diferenciación entre tomar la palabra y responder a la demanda –de odio–, será muy difícil escuchar a la víctima, que como tal es singular y solo puede hablar en nombre propio.
Si es cierto que se quiere restituir la dignidad de una persona victimizada, sin exponerla como se dice hasta el cansancio, hay que renunciar a las exigencias de la pura victimización, porque desde allí solo se puede ser hablado/a por los dispositivos que exigen esa condición absoluta y sin fisuras.
La única forma de hacer lugar a lo traumático para cada quien es introducir una perspectiva del no-todo, dejar un resquicio donde la identificación masiva a esa figura no sea todo lo que está obligada a asumir. En el espectáculo al que asiste la sociedad en estos momentos, parece imposible agujerear, fragmentar, descompletar algo de ese discurso, y el riesgo es convertir esa totalidad en la única manera de soportar un nombre, un único modo de ser nombrada/o, sin ningún lugar posible para otro nombre, otro lugar, que dignifique la enunciación de quien habla. Y, por lo que vemos, bajo esta lógica se puede hablar todas las veces que sean necesarias, sin ser escuchada jamás.
En un recorte de la entrevista que en estos días le realizaron a la exprimera dama advertimos:
– Víctima: Me tuve que ir de madrugada a otra vivienda.
– Periodista: ¿Sentiste miedo?
– Víctima: No, pero no aguantaba más.
– Periodistas que analizan esa nota: La víctima se sintió aterrada.
Los dispositivos pueden producir a las víctimas, aunque el sujeto intente asumir su renuncia a ese lugar. Eso es lo que podemos leer de este breve extracto.
Es evidente que los medios no son el lugar más indicado para un acto tan serio, porque desde allí aún nadie dio lugar a la palabra de ninguna víctima, solo se habla por ella, sin cesar.
Pero si traemos la referencia a los sobrevivientes es porque quienes atravesaron por las impensadas experiencias concentracionarias hoy nos pueden orientar en algunas cuestiones, incluso dentro de los debates del feminismo: ¿Qué significa y qué consecuencias tiene para una persona asumir la posición de una víctima?, ¿y cuáles la de testigo?; ¿cuál es la diferencia determinante para una víctima entre tomar la palabra en un dispositivo sujeto a derecho que en otros ámbitos?; ¿qué estamos diciendo cuando sostenemos que la víctima habla cuando puede y no cuando quiere?[1]
También advertimos del desdoblamiento que existe en torno a las víctimas de esas experiencias cuando un gran caudal de ellas son mujeres sobrevivientes, compelidas desde hace casi 50 años a demostrar que han sido víctimas de crímenes insospechados; algunos de ellos ni siquiera son tipificables, por lo tanto quedan descartados del universo probatorio injustamente. Pero en la justicia no entra todo, en este sentido es un universo absolutamente administrado por la técnica.
Es evidente que los medios no son el lugar más indicado para un acto tan serio, porque desde allí aún nadie dio lugar a la palabra de ninguna víctima, solo se habla por ella, sin cesar.
La mayoría de estas mujeres tomaron la decisión de pasar por estos dispositivos que, muchas veces, también las revictimizan –otro significante que circula livianamente por los medios–, dado que asumen la complejísima relación entre el saber y la verdad, entre la (in)creencia y la justicia, soportando la tensión entre las pruebas objetivas que la justicia exige y los retornos subjetivos de todo acontecimiento traumático.
En una declaración testimonial habita una verdad objetiva y una verdad subjetiva que debe tener lugar para que el testimonio se produzca. Esa decisión es ética y siempre bajo la exigencia de que su palabra tome valor de verdad a partir de encarnar sus dichos, dejarse tocar por la ley y, a su vez, tocar el muro impenetrable de la ley objetiva, para garantir un escenario que ponga a las víctimas y sus victimarios en el contexto del rito jurídico, porque de este modo se sale de la imaginarización dual de uno contra otro, de una palabra contra otra, a la que intentaron apelar muchas veces los responsables.
Y, sobre todo, ellas han consentido a pasar por allí dado que cada testimonio en la justicia produce una sentencia que relata un fragmento de lo ocurrido, dejando un legado ante la sociedad.
Sería importante que los acontecimientos traumáticos que se desplieguen en el entramado social, poniéndonos a hablar a todas/os, nos interpelen en este cruce entre los derechos humanos, la política, la ética deseante y los feminismos como en este caso, dado que el nuevo sujeto político del feminismo debe sostener con responsabilidad los significantes ganados. Y, como vemos, hablar, dar testimonio, denunciar la violencia, implica el anudamiento de múltiples decisiones éticas para que la víctima no quede hablando sola o solo sea hablada por otros discursos.
* La autora es fundadora y exdirectora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
[1] Al respecto, cabe destacar que, precisamente, fue desde el Centro Ulloa que logramos impulsar el primer protocolo dirigido al Poder Judicial para la toma de testimonios, donde partíamos de la confirmación de que a las víctimas se les cree y allí fundamentábamos los motivos.