A dos años de la Masacre de Barracas, comenzó el juicio contra Justo Fernando Barrientos, acusado de atacar a dos parejas de lesbianas mientras dormían, en un contexto sostenido de hostigamiento y discriminación “por odio a su orientación sexual de lesbianas y mediando violencia de género”, según sostiene la acusación.
La audiencia
Este lunes comenzó, en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5 de Capital Federal, el juicio contra Justo Fernando Barrientos, acusado de haber arrojado “un elemento similar a una bola de fuego” en la habitación donde dormían Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque.
El tribunal está integrado por los jueces Adrián Augusto Pérez Lance, Cinthia Oberlander y Juan Manuel Grangeati. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi.
Las querellas son tres: la de Sofía, sobreviviente y pareja de Andrea, representada por Luciana Sánchez; la del hermano de Pamela y el hijo de Roxana, a cargo de la Defensoría Pública encabezada por Pablo Rovatti; y la impulsada por el equipo de abogades de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), representada por Samanta Pedrozo.
Por su parte, la defensa de Barrientos está a cargo del equipo encabezado por Ricardo Richiero.
La audiencia comenzó a las 9:50 y se desarrolló en una instancia formal, dado que aún no se inició la etapa probatoria. Durante la jornada se debatió la importancia de la publicidad del juicio, en tanto se trata del primero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se juzga el odio hacia la identidad sexual de lesbianas, un hecho considerado un aporte significativo para la democracia. En ese marco, se acordó no televisar las declaraciones de los vecinos para evitar una posible contaminación de la prueba.
Por su parte, la defensa de Barrientos, además de cuestionar la publicidad del juicio, intentó objetar la participación de la querella representada por Luciana Sánchez y también la exclusión de una pericia. Más adelante, el juez convocó al acusado al estrado, pero Barrientos se negó a declarar y sostuvo no recordar los requerimientos de elevación a juicio presentados por la fiscalía y las querellas, que habían sido leídos una hora y media antes, por lo que debieron ser leídos nuevamente en dos oportunidades.
Lesbicidios
El ataque ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en el Hotel California, un hotel familiar ubicado en Olavarría 1621, en el barrio porteño de Barracas. Justo Fernando Barrientos, de 67 años, ocupaba la habitación 12, lindera a la de las víctimas, y desde hacía meses mantenía conductas de hostigamiento físico y verbal hacia las dos parejas de lesbianas que residían allí.
Según la acusación, aquella noche arrojó un explosivo casero mientras las mujeres dormían, lo que provocó un incendio que rápidamente se extendió por la habitación y sectores aledaños del hotel. Las víctimas intentaron resguardarse y escapar de las llamas, pero Barrientos habría continuado agrediéndolas físicamente y obstaculizando su salida. El fuego avanzó hacia el pasillo y alertó al resto de los vecinos, quienes intentaron sofocar el incendio y auxiliar a las mujeres. De acuerdo con el expediente, el acusado también golpeó a una de ellas cuando ya se encontraba en el suelo, las persiguió hasta el sector de duchas y les arrojó baldes en llamas.
Pamela Fabiana Cobbas, de 52 años, murió pocas horas después del ataque. Su pareja, Mercedes Roxana Figueroa, también de 52 años, falleció el 8 de mayo. Andrea Amarante, de 43 años, murió el 12 de mayo; era sobreviviente de la tragedia de Cromañón, ocurrida veinte años antes durante un recital de Callejeros en el barrio porteño de Once. Sofía Castro Riglos, de 50 años y pareja de Andrea, es la única sobreviviente. Sufrió quemaduras en brazos, manos y rostro, y permaneció internada hasta el 3 de junio de 2024.
En la plaza
Desde temprano, en las afueras del tribunal, activistas, artistas y organizaciones realizaron una jornada de lucha que tiñó Plaza Lavalle de banderas lésbicas y carteles con consignas como “fue lesbicidio motivado por discursos de odio”.
Al finalizar la audiencia, Samanta Pedrozo se acercó al micrófono de la radio abierta montada frente a tribunales y remarcó el carácter colectivo y político del caso: “Lo que nos impulsa ahora y nos va a seguir impulsando es que este no es un hecho aislado, es un hecho contextual. No fue un ataque solamente contra cuatro víctimas, sino un ataque hacia ellas en tanto mujeres y lesbianas; atacaron su proyecto de vida y eso nos afecta a todes como comunidad”.
A pocos metros, sentada en un banco junto a un grupo de lesbianes que jugaba al básquet, Luciana Sánchez —envuelta en una bufanda con los colores del Orgullo LGBTTINB+— repasó, en diálogo con Contraeditorial, la genealogía de la violencia contra las lesbianas en Argentina. “La Justicia argentina tiene una deuda con las lesbianas, una deuda que se hizo evidente desde el caso de Pepa Gaitán, donde nunca se reconocieron los prejuicios y la violencia discriminatoria hacia las identidades lesbianas como agravante de un homicidio”, sostuvo.
También recordó el caso de Higui: “Fue criminalizada y no se tuvo en cuenta que actuó en legítima defensa después de haber sido atacada por ser lesbiana. El tribunal tampoco reconoció eso en los fundamentos de su absolución. Este es un reconocimiento social: Higui fue absuelta por la duda”.
Junto al escenario improvisado, Miriam Djeordjian, vocera de la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más, destacó la importancia de la movilización dentro y fuera de los tribunales. “Más allá de que esto pueda terminar con una condena a perpetua para una persona de 70 años, lo que importa es la capilaridad de la violencia que estalló en este caso. Lo que está en juego son los discursos de odio y sus consecuencias, no solo para las lesbianas y la comunidad LGBTTINB+, sino para la sociedad en general”, señaló.
Tras recordar el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina —establecido en conmemoración del asesinato de Pepa Gaitán— y el lesbicidio de Erika Videla en los años ‘90, enfatizó: “Justicia es que no vuelva a pasar. Justicia es que como sociedad podamos ponerle un límite al odio y a la naturalización con la que se corrieron esos límites”.
La artista Paloma Ardeti intervino la plaza con una lesboperformance. Sobre el suelo armó una cama con telas naranja, blanca y rosa, invitando al público a acostarse como forma de visibilizar, abrazar y hacer duelo colectivo. Cuatro lesbianas participaron de la acción, acompañadas por un cartel que en letras cursivas explicaba: “Un hombre tiró una molotov a cuatro lesbianas mientras dormían”.
La performance, que Ardeti realiza desde hace dos años y propone replicar en distintos espacios públicos, nació durante un cacerolazo en La Plata contra el gobierno de Javier Milei. “Es una invitación a posicionarse en ese territorio simbólico que es la cama: un espacio de placer, intimidad y descanso, y pensar qué significa que te ataquen simplemente por ser quien sos. Porque el ataque fue ese: las incendiaron por lesbianas”, explicó.
La legisladora porteña Delfina Vázquez también participó de la jornada y cuestionó el rol de los gobiernos nacional y porteño frente al crecimiento de los discursos de odio. “Tenemos un gobierno nacional que promueve discursos de odio hacia la comunidad LGBT desde que asumió, incluso llevándolos a instancias internacionales. Y un gobierno de la Ciudad que no solo no hace nada al respecto, sino que además degrada las áreas dedicadas a diversidad”, denunció.
Para cerrar, advirtió: “Los discursos de odio llevan a crímenes de odio. Tenemos que ser conscientes de eso”, y vinculó ese clima de violencia con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que “también estuvo precedido por años de discursos de odio”.