La Comisión Bicameral del Congreso finalmente convocó a concurso público para designar a una nueva autoridad al frente de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y ya se reciben candidaturas. En su última reunión, se dio un paso clave: la aprobación por mayoría del cronograma del proceso, que estableció como fecha límite el 22 de septiembre para definir al o la candidata y elevar la propuesta a las Cámaras.
Luego de demoradas y dilaciones en la conformación de la Bicameral, en el encuentro realizado el 10 de junio se votó para establecer los plazos que permitirán definir la nueva conducción del organismo. La presidenta de la comisión, la diputada radical Natalia Sarapura, destacó que este avance fue el resultado de “un trabajo colectivo”, frente a las críticas de los libertarios –los únicos que votaron en contra–, que pretendían dilatar los tiempos.
La decisión se tomó semanas después de que la Bicameral resolviera el cese de funciones de la defensora Marisa Graham y su adjunto, Facundo Hernández, cuyos mandatos habían vencido en febrero, y prorrogados ante el riesgo de acefalía. Hasta que se concrete el nuevo nombramiento mediante concurso, se designó a Sebastián Medina, actual jefe de Gabinete de la Defensoría, para continuar con sus tareas y asumir también la coordinación administrativa y financiera del organismo. Además, se autorizó al secretario Legal y Técnico, Nicolás Sipioni, a actuar como representante en juicio.
En un país donde la mitad de las infancias son pobres y muchas crecen sin protección, la Defensoría es el único organismo nacional con capacidad de intervenir frente al Estado y a actores privados para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso, no solo resulta fundamental su funcionamiento, sino también que se designe a una autoridad con mirada federal, interseccional, inclusiva y con perspectiva de derechos humanos. En algunos ámbitos circulan rumores sobre que hay un interés particular del gobierno nacional de que se elija un perfil “pañuelo celeste”.
Desde el colectivo Infancia en Deuda, celebraron la convocatoria y pidieron a la Comisión que garantice que la elección de la nueva autoridad ocurra efectivamente en 2025. También subrayaron que “el proceso debe ser transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos”.
La inscripción de postulantes comenzó el 19 de junio y permanecerá abierta hasta el 3 de julio. Luego, se publicará la nómina de aspirantes y se abrirá el período para impugnaciones y adhesiones. Se tomará un examen escrito, cuyos resultados se publicarán el 8 de agosto. Tras completar otras instancias obligatorias, se desarrollarán las audiencias públicas entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, donde se formularán preguntas previamente recibidas. Finalmente, se realizará la evaluación final, la publicación del dictamen, la definición del candidato/a y la votación en la Comisión Bicameral, prevista para el 22 de septiembre.
La importancia de este rol radica en que, según la Ley 26.061, se trata del único organismo del sistema de protección integral con capacidad de representar colectiva e individualmente a niñas, niños y adolescentes cuyas garantías han sido vulneradas.
La Defensoría recibió más de 2.600 requerimientos solo entre 2023 y 2024, que derivaron en 310 casos, 463 actuaciones administrativas y 20 acciones judiciales (amparos, hábeas corpus, denuncias y querellas), de las cuales 14 se encuentran activas. Las principales intervenciones estuvieron vinculadas a alimentación, acceso a becas escolares, construcción de centros de primera infancia y medicamentos. También se destaca que el 25% de los casos atendidos corresponde a situaciones graves de violencia, incluyendo abusos sexuales.
Teniendo en cuenta los antecedentes —se tardaron 14 años en designar a la primera Defensora de Niñez—, desde Infancia en Deuda presentaron una nota a la Bicameral para exigir que la elección se concrete en 2025. Este colectivo integrado por Aldeas Infantiles, ACIJ, Cippec, ELA, FEIM, Asociación Civil Haciendo Camino, Fundación Kaleidos y Fundación Sur Argentina, entre otras organizaciones, también propuso medidas para incluir en el plan de trabajo: la creación de un Comité Asesor para colaborar en el armado y corrección del examen (que constará de 70 preguntas de opción múltiple y dos preguntas a desarrollar); la elaboración de una tabla de puntajes para antecedentes y trayectoria (que representan el 10% de la calificación total); y el compromiso de difundir toda la información del concurso (antecedentes, exámenes, puntajes, etc.), así como asegurar la participación de la sociedad civil.
El 24 de junio está prevista una audiencia con defensorías provinciales y organizaciones sociales. Las personas que trabajan hace años en la promoción de derechos de la infancia piden ser escuchadas, para que sus aportes sean tenidos en cuenta a la hora de evaluar el perfil de las y los postulantes.