La recaudación tributaria volvió a encender señales de alarma en febrero y confirmó una tendencia que ya no puede atribuirse a factores aislados. Los ingresos fiscales alcanzaron los $16,2 billones, con una suba nominal del 20% interanual, pero al descontar la inflación la caída real fue cercana al 9%. Se trata del séptimo retroceso consecutivo en términos reales, un dato que expone la persistencia del freno económico y el estrechamiento de las cuentas públicas.
El argumento oficial apunta a cuestiones técnicas y coyunturales: menos días hábiles, mayor adhesión a planes de pago y una base de comparación exigente tras el salto de importaciones de comienzos de 2025. Sin embargo, la magnitud y la generalización de la caída sugieren un problema más profundo: la actividad no repunta y el consumo continúa debilitado.
El retroceso del comercio exterior fue uno de los factores más relevantes. Los derechos de exportación se desplomaron casi 40% en términos reales, con ingresos por $434.294 millones y una variación nominal negativa de 19,7%. La reducción de alícuotas para productos como soja, trigo y maíz explica parte del fenómeno. Es decir, no se trata solo de menores volúmenes, sino también de decisiones de política tributaria que resignaron recursos en un contexto de fragilidad fiscal.
Por el lado de las importaciones, los aranceles recaudaron $444.088 millones, con una baja nominal de 2,5% y una contracción real de 26,7%. Más allá del efecto estadístico por la elevada base de comparación, el dato refleja la desaceleración de las compras externas y, en consecuencia, la menor dinámica productiva y comercial.
El desempeño de los principales impuestos vinculados al mercado interno refuerza el diagnóstico. El IVA, que funciona como termómetro del consumo, recaudó $5,4 billones y registró una caída real de 13,7%. El componente asociado a la actividad doméstica creció 28,9% nominal, por debajo de una inflación estimada en torno al 32%, lo que implica una contracción efectiva. El IVA aduanero, a su vez, cayó 16% nominal, afectado tanto por decisiones administrativas como por la menor demanda.
El Impuesto a las Ganancias mostró un leve retroceso real de 1,3%. Aunque se elevaron los anticipos de sociedades, la actualización de escalas y deducciones moderó el impacto. El impuesto a los Débitos y Créditos bancarios —otro indicador clave del nivel de actividad— totalizó $1,2 billones y cayó 7,7% en términos reales, confirmando el enfriamiento del circuito económico. Incluso los recursos de la Seguridad Social retrocedieron 5,5% real, pese al aumento de la remuneración bruta promedio, en parte por la mayor utilización de planes de pago.
El único tributo con crecimiento real fue el Impuesto a los Combustibles, que subió 18,8%, impulsado por actualizaciones del monto fijo. Se trata, sin embargo, de un incremento asociado a ajustes impositivos y no a una expansión de la actividad.
En el acumulado del primer bimestre, la recaudación habría caído 8,7% real frente al mismo período del año anterior. Si se excluyen los tributos ligados al comercio exterior, la baja ronda el 7%. El IVA neto de devoluciones —el principal pilar del sistema— acumula un retroceso de 12,5%, consolidando un escenario de menor dinamismo económico.
Más allá de las explicaciones técnicas, los números muestran una realidad difícil de relativizar: la economía continúa sin recuperar volumen y eso impacta de lleno en la caja del Estado. La combinación de alivios impositivos sectoriales, menor consumo y actividad estancada tensiona el equilibrio fiscal y limita el margen de maniobra. La recaudación no solo refleja el pulso económico; hoy se ha convertido en uno de los indicadores más claros de la profundidad de la desaceleración.