Vivimos bajo un régimen político de raíz liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones que regulan nuestra vida social se reparten el poder en tres dimensiones: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el discurso estándar de la república liberal, esto es así –la división de poderes – para garantizar que nadie acumule un poder institucional tal que ponga en riesgo las libertades individuales. El cuadro se completa con la idea de la soberanía popular, en donde los poderes ejecutivo y legislativo representan a la población, que ejerce su soberanía votando cada lapso predeterminado de tiempo.
Pero –siempre hay un pero – esta perspectiva que podríamos llamar “oficial” sobre la naturaleza de nuestras repúblicas liberales, deja en las sombras la verdadera razón por la cual se construye el edificio institucional liberal: sostener, permitir y garantizar la reproducción del capital. Porque nuestras repúblicas liberales no se constituyen dentro de cualquier sistema, forman parte del orden social capitalista.
Y es aquí –en la naturaleza capitalista de nuestras repúblicas latinoamericanas – en donde está el origen de las limitaciones de la tan mentada democracia.
La democracia liberal tiene así – desde su origen – un brazo izquierdo (el de la división de poderes, el ejercicio del voto universal y los derechos individuales y sociales) y un brazo derecho (el de la defensa y sostén del capital). Los dos brazos tensionan permanentemente a las democracias liberales: la presión popular contra una sociedad naturalmente desigual se canaliza a través de la idea de la representación política siempre y cuando ésta, no afecte verdaderamente al despliegue y expansión del capital.
El edificio institucional de las democracias liberales representativas admite así ciertas construcciones democratizantes desde la lógica de los derechos siempre y cuando no se afecte al capital y su indiscutible correlato: la ilimitada vigencia de la propiedad privada.
Esta contradicción inherente a la naturaleza misma de las repúblicas liberales está en el origen de las luchas político-sociales de nuestra América Latina y, obviamente, Argentina. Para los pueblos latinoamericanos la democracia adquiría sentido si mejoraba las condiciones económicas de las mayorías mientras que, para las elites, la democracia adquiría sentido si permitía la expansión del capital y la transferencia de la riqueza nacional hacia las elites.
En nuestro país será el peronismo quien corra el velo de esta contradicción inherente a la república liberal e intente superarla. Para el peronismo –el primer peronismo- el problema a resolver era precisamente cómo construir una sociedad cada vez más equitativa en un orden económico-social capitalista. Para el peronismo –como para socialistas y comunistas – el problema lo generaba el capital. Socialistas y comunistas plantearon su disolución – el peronismo propuso su control y direccionamiento de la mano de un Estado que condujera el conjunto de la vida económico-social ampliando incluso (vía Constitución de 1949) los límites que proponía la democracia liberal tradicional a partir de la participación creciente de las organizaciones sociales y sindicales y poniendo en entredicho inclusive, el valor absoluto de la propiedad privada.
La respuesta del orden republicano liberal fue brutal: Golpe de Estado de 1955, proscripción del peronismo durante diez y ocho años, represión, encarcelamiento y muerte de militantes y líderes.
El peronismo experimentó (entre 1955-1973) durante décadas los límites que la institucionalidad republicana le ponía a todo intento de democratización real proponiendo la intervención y el control sobre el capital. La institución encargada de “domesticar” al peronismo fueron hasta 1983 las Fuerzas Armadas. ¿Su modalidad preferida? El golpe de Estado.
El kirchnerismo como el peronismo del siglo XXI y la persecución a Cristina Fernández
Pocos –propios y extraños – podrían desconocer que el período 2003-2015 resultó el mayor intento –después de aquel primer peronismo – por buscar construir una sociedad argentina basada en la mejora constante de las condiciones de vida de las mayorías lo que –en el esquema que hemos venido analizando – implicaba grados crecientes de intervención estatal sobre el gran capital nacional e internacional.
Como en el primer peronismo, el problema seguía siendo el rol disociador y empobrecedor de un capitalismo (ahora globalizado) que reproducía la pobreza y la exclusión si no se intervenía desde la institucionalidad estatal.
Durante doce años la conducción del Estado en manos de Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner mantuvo un ciclo económico de crecimiento a la vez que mejoraban todos los indicadores de la inclusión y las condiciones de vida.
Nótese que –nuevamente- se buscó no eliminar al capital sino controlarlo, direccionarlo, limitarlo en sus aristas más perversas y garantizar –vía diversos programas estatales – mejoras sustanciales en el ingreso, en materia de salud y educación y de las condiciones de acceso a derechos económico-sociales básicos.
La agenda del kirchnerismo colisionaba así con el principio fundante de las repúblicas liberales: garantizar la reproducción ilimitada del capital y despreocuparse de las cuestiones sociales.
Sólo eso, la limitación del capital – no su eliminación – bastaron para que la institucionalidad republicana liberal retomara su verdadero sentido: La proliferación de denuncias habilitó la intromisión del Poder Judicial en la lucha política. La judicialización de la política –que notoriamente afectaba a los/as lideres populares y no a los representantes de la elite – se vio acompañada por una despiadada ofensiva mediática (corregida y aumentada por ser, en el caso argentino, un oligopolio mediático-empresarial).
En vez de la apelación a las Fuerzas Armadas como última instancia para salvaguardar el funcionamiento incontrolado del capital, este peronismo del siglo XXI ha estado sometido y atacado por la articulación entre políticos de ultraderecha, servicios de inteligencia, Poder Judicial y muy en particular el rol hegemónico en la construcción de sentido a cargo de los monopolios mediáticos.
La causa judicial por la cual se encarcela a la ex –presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es otra cosa que el brazo judicial proscriptivo de un entramado político-mediático-judicial que busca remover a Cristina Fernández de Kirchner considerándola un obstáculo político que no permite la reproducción ilimitada de un capital descontrolado.
Hay dos modelos de país en pugna desde los orígenes mismos de nuestra Nación: una de lógica liberal, eurocéntrica, colonial, capitalista y antipopular y una de lógica nacional-popular, federal, anticolonialista , latinoamericanista y descreída de las bondades de un capitalismo sin control.
Todo líder o lideresa que se posicione con algún viso de éxito en el modelo nacional y popular tendrá que enfrentar tarde o temprano a la institucionalidad de la democracia liberal cuyas instituciones dejarán de lado “su mano izquierda” para buscar por todos los medios resguardar los privilegios del capital.
Por esa razón, Cristina, como Yrigoyen y Perón está presa y proscrita.