El gobierno de Javier Milei busca “quebrar toda resistencia popular” para llevar adelante “un plan de miseria planificada”, denunció la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), en respuesta a la oficialización de la suspensión de más de 9 mil cooperativas y la intimación a otras 7 mil de presentar documentación en los próximos días para poder seguir funcionando.
A través de un duro comunicado, la Fetraes planteó que el gobierno nacional busca “profundizar la estigmatización, la persecución y criminalización como modo de quebrar toda resistencia popular”, al tiempo que “pone en marcha un nuevo ataque a los sectores populares organizados de modo asociativo mediante cooperativas de trabajo”.
“Nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de un plan que consiste en la miseria planificada y de modo simultáneo el gobierno se propone la destrucción de cualquier atisbo de organizar modos de subsistencia mediante la eliminación de organizaciones y referentes”, sostuvo la entidad.
Su titular Eduardo Montes denunció la falta de información directa sobre las entidades suspendidas y explicó que van a “dar una mano a cada cooperativa en temas administrativos” para evitar que, al no ser notificados, se venzan los plazos y terminen dadas de baja.
Por su parte, el abogado de Fetraes, Luis Palmeiro, afirmó que la suspensión e intimación a miles de cooperativas “van de la mano con las medidas destructivas que Milei viene llevando a cabo desde su asunción”.
“En la mañana del 3 de Abril – precisó – el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones Nros. 878 y 879 de 2024. Ambas medidas tienen como fin último la persecución a las y los trabajadores que se organizan en Cooperativas, muchos de los cuales son Empresas Recuperadas por sus trabajadores”
“En las nuevas Resoluciones establecen fechas de carácter perentorio muy acotadas, bajo apercibimiento de dejar Cooperativas sin funcionamiento. Además, suspenden matrículas directamente y realizan sumarios a más de 7000 entidades y mutuales. Esta embestida responde a una actitud policíaca por parte del gobierno que utiliza al INAES para perseguir a las Cooperativas, como herramienta de boicot, lejos de realizar un acompañamiento y fomento de la organización asociativa, que es para lo que el INAES debería trabajar” sostuvo Palmeiro.
“Fuertes con los débiles pero simultáneamente débiles con los poderosos, ya que mediante un festival de Resoluciones de la Inspección General de Justicia (Resol Nros 3, 7 y 10 de 2024) eliminaron controles para todas las sociedades, en especial las constituidas en el extranjero, empresas vinculadas, empresas off shore y aquellas originadas en la inspiración macrista, Sociedades Anónimas Simplificadas, todas con objetivos inconfesados destinados a la comisión de delitos de todo calibre en materia de evasión, financiera y de lavado de activos. Atacan a los hombres y mujeres que trabajan mientras facilitan el fortalecimiento de sociedades con inclinación al negocio ilícito”, concluyó el abogado de la Fetraes
En este contexto, el Ministerio de Capital Humano y el Inaes siguen sin informar el número exacto de organizaciones afectadas por las resoluciones. Tampoco explicaron la forma o el tiempo en que éstas entidades serán notificadas.
La única información que brindaron al respecto es que en la página web del Inaes, las organizaciones podrán consultar el padrón y corroborar mediante el ingreso de Cuit o matrícula si se encuentran “vigentes” o “suspendidas”.
La resoluciones del apriete
Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la resolución 879/2024 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por la cual se suspenden las matrículas de más de 9.000 cooperativas y mutuales en todo el país “por incumplimiento al proceso de Actualización Nacional de Datos” y “falta de documentación asamblearia y estados contables”.
Mediante esta resolución las entidades suspendidas que aún no hayan completado el registro en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y adeuden documentación contarán con 10 días hábiles “para ejercer su derecho de defensa, siendo condición esencial acreditar haber efectuado la Actualización Nacional de Datos y presentado la documentación adeudada”.
Asimismo, la resolución 878/2024 también publicada en el Boletín Oficial insta a otras 7000 mutuales y cooperativas para que en los próximos 30 días presenten los documentos adeudados o se procederá “a la automática suspensión de la autorización para funcionar por obstaculización al ejercicio de la fiscalización pública”.