El Tribunal Oral Federal N°6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años y dos meses por el intento de magnicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.
Sabag Montiel fue hallado culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y su pena fue unificada con una condena anterior de cuatro años y tres meses por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, lo que elevó la condena total a 14 años. En tanto, Uliarte recibió una pena unificada de 8 años y dos meses, tras sumarse una condena previa por portación ilegal de documentos.
El veredicto fue leído por la presidenta del tribunal, Sabrina Namer, acompañada por los jueces Ignacio Fornori y Adrián Grünberg.
La fiscalía había solicitado penas de 15 y 14 años, respectivamente, aunque los magistrados descartaron agravantes como la alevosía y la violencia de género en modalidad de violencia política.
Durante la audiencia, el tribunal rechazó los planteos de inimputabilidad presentados por la defensa de Sabag Montiel y el pedido de suspensión del juicio realizado por la defensa de Uliarte, que alegó una “incapacidad sobreviniente”. Ambos condenados escucharon la sentencia sin incidentes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Tras conocerse el fallo, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, cuestionó en redes sociales la “levedad” de las penas y la falta de avances en la investigación sobre los posibles autores intelectuales del ataque.
De Pedro también denunció que “el Partido Judicial se encargó de encubrir toda esa trama” y sostuvo que, tres años después, “seguimos sin saber quién mandó a matar a Cristina”.
El intento de magnicidio, perpetrado cuando Fernández de Kirchner saludaba a militantes en la puerta de su casa, fue registrado por las cámaras de televisión y teléfonos celulares, que captaron el momento en que Sabag Montiel gatilló un arma a pocos centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta.
La condena conocida este miércoles cerró una etapa del proceso judicial, aunque persisten las críticas de la querella y de referentes políticos del justicialismo por la falta de investigación sobre los posibles vínculos financieros, logísticos y políticos detrás del atentado.