En el trasfondo de unas negociaciones interminables entre Irán y Estados Unidos, de la visita de Vladimir Putin a China inmediatamente después del viaje de Donald Trump, y de un mapa geopolítico que se redefine semana a semana, América Latina enfrenta el próximo domingo una de las elecciones más relevantes del año: las presidenciales en Colombia.
La importancia del proceso colombiano excede largamente sus fronteras nacionales. Lo que estará en juego es si el ciclo político abierto por Gustavo Petro en 2022 logra prolongarse o si asistiremos a una restauración de la histórica hegemonía conservadora colombiana —una hegemonía que, conviene recordarlo, fue una de las más duraderas y estables del continente—.
El significado histórico del gobierno de Petro
El gobierno de Petro representó un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia republicana de Colombia llegó al poder una fuerza de izquierda, tras décadas de persecución, criminalización y violencia sistemática contra el campo popular. Líderes sociales asesinados, partidos exterminados —como la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa—, dirigencias sindicales perseguidas: ese fue el costo histórico de pensar la política colombiana por fuera del consenso bipartidista y, más tarde, del uribismo.
La llegada del petrismo implicó la primera ruptura seria con el consenso político que dominó al país desde comienzos de los 2000, cuyos pilares fueron la militarización del conflicto interno, la criminalización de la insurgencia y de amplios sectores sociales movilizados, el modelo neoliberal de apertura y extractivismo, y el alineamiento irrestricto con Washington bajo el llamado Plan Colombia.
Durante casi dos décadas, Colombia operó como el principal aliado estratégico de Estados Unidos en la región, en el marco de una “guerra contra las drogas” que sirvió de paraguas conceptual para una doctrina de seguridad construida en torno al uribismo y a la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La llamada “Seguridad Democrática” nunca fue, en rigor, sólo una política pública: fue un régimen político-cultural que articuló militarización, neoliberalismo económico, alianza orgánica con Estados Unidos, criminalización de la protesta, fortalecimiento de los poderes regionales conservadores y construcción de un sentido común basado en el orden, el anticomunismo y la idea de guerra interna permanente.
Petro intentó desmontar —al menos parcialmente— esa arquitectura. Y aquí aparece la tensión central de su gobierno: logró romper la hegemonía narrativa del uribismo, pero no consiguió desarticular completamente su estructura material e institucional. Petro ganó el gobierno; no necesariamente el poder.
Paz total y agenda social
La principal apuesta del oficialismo fue la política de “Paz Total”, que retomó y amplió los diálogos iniciados durante la presidencia de Juan Manuel Santos con las FARC, pero extendiendo la estrategia de negociación a las distintas guerrillas y actores armados que aún operan en el territorio colombiano: el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y diversas estructuras criminales con incidencia territorial.
El cambio doctrinario detrás de la “Paz Total” fue profundo. Frente al paradigma uribista —que concebía el conflicto como un problema esencialmente militar a resolver mediante la derrota del enemigo interno—, el petrismo planteó un diagnóstico distinto: la violencia colombiana no es solamente criminal, sino consecuencia de desigualdad estructural, exclusión territorial, ausencia estatal y del propio fracaso histórico del modelo de guerra. La salida, entonces, no podía ser únicamente coercitiva sino política, social y territorial.
Los resultados fueron desiguales. Petro logró deslegitimar discursivamente la lógica de guerra total y reabrir canales de negociación, pero no consiguió estabilizar un nuevo modelo de seguridad. El narcotráfico siguió siendo una fuerza estructurante en regiones enteras, los actores armados se fragmentaron y la capacidad estatal territorial mostró sus límites históricos.
A esa agenda se sumó un paquete de reformas sociales y económicas que apuntaban a desplazar el eje del Estado colombiano de un dispositivo securitario a un dispositivo social. La transformación más importante que logró aprobar el gobierno fue la reforma del sistema previsional, que fortaleció el componente público y amplió la cobertura. Sin embargo, no corrió la misma suerte con las reformas laboral y de salud, bloqueadas por la fuerte fragmentación del Congreso, la resistencia del establishment empresarial, las aseguradoras del sistema de salud y los sectores corporativos tradicionales. La reforma agraria avanzó lentamente, condicionada por la estructura concentrada de la propiedad rural y por la persistencia de la violencia en el campo. Y la transición energética, anunciada como una de las grandes banderas, chocó con la realidad de una economía estructuralmente dependiente de los hidrocarburos y la minería.
La elección del domingo: continuidad o cierre del ciclo
Las elecciones presidenciales del próximo domingo aparecen, entonces, como un verdadero punto de inflexión. Lo que se discute es si habrá continuidad del proceso popular encabezado por Petro —con eje en la pacificación, las reformas sociales y el cuestionamiento parcial del modelo neoliberal— o si el gobierno progresista habrá sido apenas una breve interrupción dentro de la larga hegemonía de la derecha colombiana.
El candidato apoyado por el oficialismo es Iván Cepeda, dirigente histórico de derechos humanos, referente de las víctimas del conflicto armado y figura cercana al núcleo duro del petrismo. Cepeda llega como favorito y ronda el 44% de intención de voto según las encuestas. Es una cifra muy alta para el sistema político colombiano —fragmentado, regionalizado y tradicionalmente esquivo a las mayorías nacionales—, pero conviene recordar que para ganar en primera vuelta se necesita superar el 50% más uno de los votos válidos. La distancia entre ese 44% y el umbral de victoria directa es, justamente, lo que ordena toda la estrategia electoral.
Los candidatos opositores
Frente a Cepeda aparecen dos expresiones distintas —y en buena medida competitivas entre sí— de la derecha colombiana.
Por un lado, Abelardo de la Espriella, abogado mediático y figura outsider que irrumpe con un discurso extremadamente conservador, agresivo y polarizante. El propio Cepeda llegó a caracterizarlo como un candidato “fascista”. De la Espriella expresa un fenómeno ya familiar en otras geografías latinoamericanas: nuevas derechas radicalizadas que combinan antipolítica, discurso securitario, conservadurismo cultural extremo y una estética de ruptura con el establishment. Hay puntos de contacto evidentes con el bolsonarismo brasileño, con el mileísmo argentino y con los sectores trumpistas regionales. Su narrativa central es sencilla y eficaz: Colombia necesita “orden” y hay que frenar el “experimento de izquierda”.
Por el otro lado, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y representante más orgánica del uribismo tradicional. Valencia es la heredera política del modelo construido alrededor de Uribe, el Plan Colombia y la doctrina de la Seguridad Democrática, pero busca presentarse como una versión renovada e institucional de esa tradición. Su campaña apunta a ocupar el lugar de “derecha responsable” frente al desorden percibido del oficialismo y frente a la radicalización discursiva de De la Espriella. El problema central de Valencia es doble: el uribismo conserva una fuerte estructura territorial pero arrastra un rechazo social significativo, y compite por el mismo electorado conservador que De la Espriella le disputa con mucho más volumen mediático.
Una campaña atravesada por la polarización
En el cierre de campaña, Cepeda realizó actos multitudinarios en distintas ciudades del país y eligió una estrategia clara: profundizar la polarización política en lugar de moderar el discurso para disputar el centro. La apuesta del oficialismo es consolidar el voto propio, reunir a todos los sectores desencantados con el uribismo y con el modelo tradicional, y construir una mayoría a partir de la movilización y no de la convergencia hacia un electorado supuestamente moderado —que, en buena medida, en Colombia nunca terminó de existir como bloque autónomo—.
La hipótesis estratégica es que la única forma de evitar la segunda vuelta pasa por capitalizar al máximo el voto antiuribista en una elección concebida como plebiscito entre dos modelos de país.
El cierre de campaña de Iván Cepeda estuvo marcado por actos multitudinarios en Bogotá, Cali y Barranquilla, donde el oficialismo apostó deliberadamente a profundizar la polarización política antes que a moderar el discurso para disputar el centro. Rodeado de organizaciones sociales, sindicatos, juventudes y movimientos populares, Cepeda planteó la elección como una disputa histórica entre la continuidad de las reformas sociales y el regreso del viejo régimen uribista. La campaña buscó consolidar el voto popular y transformar la elección en un plebiscito sobre la paz, la justicia social y el legado de Gustavo Petro.
Por su parte, Abelardo de la Espriella cerró su campaña con una estética agresiva y confrontativa, muy apoyada en redes sociales, caravanas y actos con fuerte impronta antipolítica. Su discurso estuvo centrado en la inseguridad, el rechazo al petrismo y la promesa de “recuperar el orden” frente al supuesto caos institucional y económico. De la Espriella buscó interpelar especialmente a sectores urbanos conservadores, clases medias desencantadas y votantes radicalizados contra el gobierno, construyendo una narrativa de “salvación nacional” frente a lo que define como una deriva socialista de Colombia.
En tanto, Paloma Valencia apostó a un cierre más institucional, apoyada en la estructura territorial del uribismo y en la figura todavía gravitante de Álvaro Uribe Vélez. Sus actos combinaron apelaciones a la estabilidad económica, defensa de la seguridad democrática y críticas al deterioro de la situación de seguridad bajo el gobierno de Petro. Valencia intentó presentarse como una opción conservadora “responsable”, diferenciándose tanto del progresismo oficialista como del tono más disruptivo y outsider de De la Espriella.
Los cierres de campaña dejaron así una postal muy clara de la polarización colombiana. Mientras el petrismo buscó nacionalizar la elección alrededor de la disputa entre reformas o restauración conservadora, las derechas oscilaron entre una versión radicalizada y antisistema y otra ligada al tradicional aparato uribista. La campaña mostró un país atravesado por clivajes profundos: paz o securitización, inclusión social o neoliberalismo, autonomía regional o alineamiento con Washington. Más que una elección convencional, Colombia llega al domingo con una disputa abierta sobre el sentido histórico del ciclo político iniciado en 2022.
Escenarios posibles
Aun con esa estrategia, el escenario más probable sigue siendo una segunda vuelta el 21 de junio. La gran incógnita es quién acompañará a Cepeda en el ballotage: si De la Espriella, representando a la nueva derecha radical y antipolítica, o Paloma Valencia, como expresión de una derecha conservadora más tradicional, institucional y vinculada al aparato uribista.
La diferencia entre uno y otro escenario no es menor. Una segunda vuelta Cepeda–De la Espriella plantearía un enfrentamiento prácticamente plebiscitario entre el progresismo y una derecha radicalizada, en términos similares a otras polarizaciones latinoamericanas recientes. Una segunda vuelta Cepeda–Valencia, en cambio, reordenaría la disputa en clave más clásica: reformismo de izquierda frente a restauración conservadora institucional, con un grado menor de radicalización discursiva pero con un aparato político y territorial probablemente más sólido del lado opositor.
Existe también un tercer escenario, menos probable pero no descartable: que el progresismo logre, mediante una participación electoral excepcionalmente alta y la unificación del voto antiuribista, ganar en primera vuelta. Ese resultado consolidaría a Cepeda como sucesor político de Petro, aunque lo dejaría gobernando con un Congreso adverso, élites económicas hostiles y una fuerte presión mediática y judicial. Y, por supuesto, está el escenario de una victoria conservadora —en cualquiera de sus dos variantes—, que abriría un ciclo de restauración: endurecimiento securitario, reversión parcial de las reformas, acercamiento estrecho a Washington y reconfiguración del lugar de Colombia en el mapa regional.
Las advertencias de Petro
En las últimas horas, el propio presidente Petro alertó sobre posibles irregularidades en el sistema de conteo de votos, administrado por una empresa de capitales estadounidenses. El mandatario pidió especial atención a lo que pueda ocurrir durante la madrugada electoral, particularmente si la definición sobre la existencia de segunda vuelta resulta ajustada.
El presidente colombiano apuntó específicamente contra las empresas privadas vinculadas al sistema de preconteo y escrutinio electoral colombiano, en particular contra la firma ASD y su relación con Thomas Greg & Sons. Cuestionó que el procesamiento informático de los votos continúe en manos de contratistas privados y no bajo control tecnológico directo del Estado colombiano.
El presidente sostuvo que el software utilizado para el preconteo electoral presenta “vulnerabilidades” y recordó antecedentes polémicos asociados al sistema de escrutinio. En distintas declaraciones públicas, Petro afirmó que el mismo esquema tecnológico habría estado involucrado en cuestionamientos sobre los procesos electorales de 2014 y 2022, e incluso mencionó denuncias de irregularidades vinculadas a sistemas utilizados en Honduras. También exigió que se hiciera público el código fuente del software electoral administrado por Thomas Greg & Sons para permitir auditorías independientes.
Una elección con impacto regional
La importancia de estas elecciones desborda largamente lo nacional. El gobierno de Petro modificó significativamente la política exterior colombiana: restableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, cuestionó el alineamiento automático con Washington, recompuso los vínculos regionales con Brasil y México, criticó frontalmente la “guerra contra las drogas” como estrategia fracasada, e intentó reposicionar a Colombia como actor protagónico en la agenda ambiental global, especialmente en lo referido a la Amazonia y a la transición energética.
Esa reorientación produjo una ruptura con décadas de política exterior subordinada y convirtió a Bogotá en una referencia para el progresismo latinoamericano. Pero también es cierto que Estados Unidos conserva una influencia estructural enorme: la cooperación militar no desapareció, los vínculos económicos siguieron siendo decisivos y Colombia continuó integrada, en términos estratégicos, al esquema norteamericano. La autonomía fue real, pero relativa.
Por eso el resultado del domingo será observado con atención en toda la región. Lo que se discute en Colombia no es solamente el futuro de un gobierno: es también una pregunta más amplia sobre el futuro de América Latina. La continuidad o el agotamiento de los ciclos progresistas. La capacidad de las nuevas derechas de capitalizar el desgaste de los gobiernos transformadores y de reorganizarse —entre versiones radicales y versiones institucionales—. Y el tipo de vínculo que la región mantendrá con Washington en los próximos años, en un contexto internacional marcado por la disputa entre Estados Unidos y China y por la pérdida de centralidad de Occidente en el orden global.
Colombia aparece, en ese sentido, como un laboratorio continental: el lugar donde se está probando si los gobiernos progresistas latinoamericanos pueden consolidar un bloque político para sostener transformaciones estructurales en contextos de fragmentación social, ofensiva conservadora y bloqueo institucional. La respuesta a esa pregunta empezará a conocerse el domingo por la noche.
*El autor es politólogo y profesor de Política Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director del Observatorio del Sur Global.