La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó la excarcelación de Alexia Abaigar, la funcionaria bonaerense detenida bajo la acusación de haber dejado excremento frente al domicilio del diputado José Luis Espert, el agresor verbal y político de Florencia Kirchner. En lugar de analizar el hecho como un acto simbólico de protesta —como lo entendió incluso parte de la prensa—, la jueza ordenó su traslado a la cárcel de Ezeiza.
Alexia fue detenida el miércoles pasado y permaneció incomunicada durante 48 horas por decisión de Arroyo Salgado. A seis días de su detención, la causa sigue bajo secreto de sumario y ni siquiera sus abogados pudieron acceder al expediente. También fueron detenidos su madre y un amigo, únicamente por tener la tarjeta azul de un vehículo presuntamente involucrado en la contravención. Ambos fueron liberados sin cargos. Aunque Alexia padece una enfermedad crónica, la jueza le negó el derecho a prisión domiciliaria.
¿Qué está pagando Sandra Arroyo Salgado? ¿Qué compromisos arrastra para actuar con tanto desprecio por el Derecho? No se comporta como una jueza de la Constitución, sino como una operadora de los servicios y del poder político al que responde. Su accionar judicial reproduce los métodos del lawfare: detención arbitraria, incomunicación, secreto de sumario, negación de la defensa, castigo por cercanía.
Y lo más grave: lo hace con el respaldo activo de Patricia Bullrich, la misma con quien tejió una trama de encubrimiento y manipulación política en el caso Nisman. Tras la muerte del fiscal, Arroyo Salgado impulsó públicamente la hipótesis del asesinato —a pesar de que la pericia oficial del Cuerpo Médico Forense descartó signos de violencia— y presentó como prueba concluyente un informe privado alineado políticamente. Bullrich, por su parte, exigió explicaciones al gobierno nacional y montó una ofensiva parlamentaria. El 25 de enero de 2015, apenas días después de la muerte de Nisman, Bullrich ya afirmaba en televisión: “A Nisman lo mataron para que no hable”. Esa sinergia entre justicia mediática y poder político no parece haber sido un accidente, sino, más bien, una estrategia coordinada. Hoy, como entonces, actúan en tándem: una desde los tribunales, la otra desde el Ministerio. Por eso no sorprende que Bullrich haya salido a respaldar a la jueza y a exigir —sin prueba ni juicio— la expulsión de Alexia del Estado.
Bullrich fue categórica: “Fueron, compraron la bosta que llevaron, hicieron una acción meditada. Son funcionarios públicos y eso es un agravante. Consideramos que cualquier persona que cometa un delito, sea de donde sea, tiene que pagarlas”. Y agregó: “Kicillof, con la familia y las casas particulares no. A esa funcionaria la tenés que echar. No puede haber más doble vara en el país”. Su furia, como de costumbre, no se dirige a quienes abusan del poder, sino a quienes lo cuestionan.
Por lo que se la acusa a Alexia Abaigar es por haber participado de un escrache: una forma de protesta directa, no violenta, que busca exponer públicamente a quienes ejercen violencia desde el poder. Ese accionar no rompió nada, no agredió físicamente a nadie. Fue un gesto simbólico, una interpelación política dirigida a un personaje que, con su banca de diputado y su altavoz mediático, ha promovido el odio, la persecución y el disciplinamiento social.
Espert no solo justificó la represión que mutiló a Facundo Molares en Plaza Congreso, sino que lleva años atacando con brutalidad a referentes del kirchnerismo: llamó “cerda” a Florencia Kirchner cuando atravesaba una enfermedad, y calificó de “mogólico” a Axel Kicillof. Su violencia no es metafórica: pide bala o cárcel para quienes protestan, banaliza el genocidio y sostiene con cinismo que la dictadura fue una “guerra justa”.
La violencia de Espert es política, institucional y concreta. Su accionar destruye, margina, mata. La acción por la que se la acusa, en cambio, incomoda, resiste, señala. No fue un delito: fue la resistencia justa frente a la violencia organizada desde el poder.
¿Qué buscan con esta detención? ¿Qué están diciendo, desde el juzgado y desde el Ministerio de Seguridad, cuando encarcelan a una mujer por ejercer su derecho a protestar, cuando la incomunican, la despojan de garantías, la envían a una cárcel de máxima seguridad y la exponen al escarnio público? El mensaje es claro: a los que se animan a señalar al poder, se los encierra. A los que protestan, se los quiebra. No salen. Se comen tres meses, como mínimo.
Esto no es justicia: es disciplinamiento. Es castigo ejemplificador. Es el uso del aparato judicial como herramienta de control social. No por lo que hiciste, sino por lo que representás. No por el hecho concreto, sino por el símbolo que encarnás: una mujer que, sin más armas que su cuerpo y su voz, enfrenta al poder con dignidad.
La estrategia es conocida: crear miedo, paralizar la protesta, inhibir la solidaridad. Quieren que todos pensemos dos veces antes de alzar la voz. Quieren que naturalicemos el abuso como parte del paisaje y que aceptemos el sometimiento como norma.
Pero lo más obsceno es que lo hacen en nombre de la libertad. Usan la palabra como bandera, pero la pisan con sus botas. Hablan de república mientras violan sus principios. Hablan de libertad mientras encarcelan al disenso.
No hay democracia sin derecho a la protesta. No hay libertad si hay presos y presas por ejercerla. Lo que vive Alexia hoy puede ser mañana el destino de cualquiera que se atreva a decir basta. Su detención no solo busca castigar un acto aislado, sino enviar un mensaje al conjunto de la sociedad: el disenso será perseguido, la protesta criminalizada, la resistencia disciplinada. En tiempos donde se naturaliza la represión como método y el encarcelamiento como advertencia, lo que está en juego es el límite entre democracia y autoritarismo. Porque frente a la violencia del poder, hay algo que sigue sin entrar presa: la dignidad de quienes luchan.