El proyecto del Pro y los libertarios podría profundizar el silencio frente al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y poner bajo sospecha a quienes intentan romperlo.
Con respaldo de La Libertad Avanza y PRO, el Senado avanzó con un proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada que busca endurecer las penas por “falsas denuncias” en “contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual”. La iniciativa –que obtuvo dictamen favorable en la comisión de Justicia y Asuntos Penales– vuelve a instalar en la agenda pública un debate recurrente: la sospecha sobre las denuncias de abuso y el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Desde sus defensores, el argumento es que estas causas saturan el sistema judicial y generan daños irreparables en personas acusadas. Pero los datos muestran otra cosa: la mayoría de las violencias y los abusos contra niñas, niños y adolescentes no se denuncian, las causas rara vez llegan a condena y la palabra de las víctimas sigue siendo sistemáticamente puesta en duda.
¿Por qué de aprobarse esta modificación del Código Penal, se desalentarían las denuncias en delitos que, por definición, son difíciles de probar y ocurren mayoritariamente en la intimidad? Once puntos clave para entender por qué penalizar la denuncia en un contexto de silencio estructural no protege a inocentes, sino que garantiza la impunidad.
1. El problema no son las denuncias falsas, sino la subdenuncia masiva
El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es altamente subreportado: solo se denuncia entre el 10% y 15% de los casos. Existe una enorme “cifra negra” de casos invisibilizados. Crear penas por denuncias falsas en este contexto desincentiva aún más la denuncia.
2. Las denuncias falsas son estadísticamente mínimas
Las falsas denuncias relacionadas con abuso sexual contra niñas, niños y adolescente representan menos del 5% de los casos que se denuncian.
No se justifica una ley específica para un fenómeno excepcional. Sin embargo, se visibilizan casos aislados como si fuese algo frecuente.
3. Las denuncias falsas pueden ser detectadas
Los expertos en salud mental infantil explican que no es posible crear recuerdos traumáticos falsos complejos, por lo que las denuncias falsas de abuso sexual en la infancia pueden ser rápidamente detectadas en la evaluación profesional.
Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la UBA y presidenta del Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI), explicó: “Una cosa es inducir a un niño a tergiversar una realidad. Eso no tiene nada que ver con el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). El supuesto síndrome, que no existe, parte de la base de que podemos implantar un recuerdo traumático. Está demostrado científicamente que eso no es posible”. Y agregó: “Lo traumático no se puede instalar en la memoria si no existió. La verbalización de lo traumático tiene características propias”.
4. Pocas condenas no equivalen a denuncias falsas
La baja tasa de condenas responde a dificultades probatorias, falta de perspectiva de infancia y abandono del proceso por parte de la víctima. Que una causa no prospere no significa que el hecho no haya ocurrido. Se calcula que de cada 1000 casos de abuso sexual, solo 100 se denuncian y apenas 1 recibe condena (Red por la Infancia).
5. La dinámica del abuso dificulta la prueba
Uno de los factores que más incide en la invisibilización de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es que el 80% de los casos sucede en el entorno cercano, es decir, en sus propias casas o en las de su círculo íntimo, sin testigos ni evidencia física. Un informe elaborado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en 2024 observó limitaciones en el impulso e investigación de las causas penales de abuso sexual, particularmente en lo que se refiere a la recolección y producción de pruebas, e instó a adoptar todas las medidas posibles para garantizar la amplitud probatoria, “a fin de que la producción y valoración de la prueba sea omnicomprensiva y no recaiga exclusivamente en la víctima, su testimonio y su cuerpo”.
6. La retractación no implica falsedad
Niños y niñas pueden retractarse por presión, miedo o dependencia económica. Forma parte de la dinámica del abuso.
7. El proceso judicial ya es revictimizante y adultocéntrico
Las víctimas son puestas en duda, deben demostrar que no mienten y atraviesan procesos largos y traumáticos.
8. Efecto disciplinador
Leyes como las que impulsa la senadora Losada intimidan a denunciantes, generan miedo y favorecen la impunidad. A mayor desconfianza en la capacidad del Estado de protegerlas y castigar a su agresor, menor es el incentivo de las víctimas a denunciar.
9. Impacto en madres protectoras
Esta ley busca criminalizar a quienes denuncian para proteger a sus hijos. Que ya suelen ser muchas veces criminalizadas. Cuando los abusadores son sobreseídos, muchas veces ellas reciben denuncias cruzadas por falsa acusación.
10. Base ideológica
El mito de las denuncias falsas responde a agendas políticas y no a evidencia. El Código Penal de la Nación ya castiga la falsedad con prisión de entre dos meses y un año, sin importar el delito denunciado, ¿por qué se busca agravar las penas en delitos vinculados a la agenda de género? El costo de denunciar ya es altísimo, muchas veces implica ruptura familiar, estigmatización y crisis emocional.
11. Reinstalar el falso SAP
El falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) sostiene que un progenitor, en general la madre, induce a su hija o hijo a que relate un abuso sexual que nunca ocurrió. No tiene validez científica ni respaldo internacional. Es una herramienta de impunidad que se utiliza para invalidar denuncias y proteger acusados. Pone el foco en el denunciante y no en el delito. Fue rechazado por la OMS en las clasificaciones de salud mental, por la comunidad científica mundial y por Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias. En nuestro país, fue rechazado por ambas cámaras del Congreso de la Nación y diversos organismos de Derechos Humanos. En su “Recomendación 2” (2020), la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, planteó la necesidad de terminar con prácticas judiciales que culpabilizan a la adulta protectora denunciante.