La fórmula propuesta de movilidad jubilatoria, enviada al Congreso por el Ejecutivo, presenta un binomio relacionado a una fórmula ajustada en un 50 % a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en función de los trabajadores formales del MTEySS.
De esta manera las jubilaciones se moverán al ritmo de los salarios del sector formal, y estos le ganarán a la evolución de los precios. Este método resulta más transparente y otorga suficiencia, garantizando en momentos de crecimiento, y favoreciendo a los beneficiarios ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación.
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El RIPTE en el segundo semestre de 2020 aumenta un 11,4% y un 15,3% en el primero de 2021.
Se estima en marzo de 2021 una suba del 11,9% y en septiembre, del 18,2%, con una inflación proyectada del 29%.
Una fórmula que incorpora a los salarios implica que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos, produciéndose una suerte de equilibrio.
La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios. En este aspecto, lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas.
Y el otro 50% son los recursos de la Anses (Tributarios y Totales) y la evolución de los beneficios de la Anses. Este supuesto es que, con esta variable, el gobierno contempla números para una economía post pandemia, por lo que no hay gastos como el IFE o el ATP.
Entre 2021 y 2023 la nueva fórmula propuesta generará un aumento promedio de 5 puntos porcentuales más que con la ley suspendida.
Incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento, y al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal.
Una fórmula atada a la inflación, como la actual, no es deseable en la Argentina, porque los ingresos de los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos.
En cuanto al tiempo, la fórmula planteada permite achicar el “rezago”, mientras que a la vez se reduce la indexación de la economía. Hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, disminuye la volatilidad y reduce la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019. Entre los indicadores vinculados con la evolución salarial, el RIPTE es el más adecuado.
Incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento, y al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal.
Se trata de un índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas. En cambio, las mediciones del Indec de la fórmula actual del 30% no sólo es desproporcional, sino que se basan en encuestas que incluyen trabajo informal.
Por último, se incorpora una cláusula de “legislación constante” que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad. Esta cláusula permitirá reducir el déficit previsional en forma más efectiva y rápida que sin ella y además protege a los jubilados y pensionados de los cambios legislativos que afectan de un año a otro en forma sustancial la evolución de las variables que componen la fórmula.
En conclusión, se estima en marzo de 2021 la suba del 11,9% y en septiembre del 18,2%, con una inflación proyectada del 29%; los 7 millones de jubilados recuperarían, por segundo año consecutivo, su poder adquisitivo. Entre 2021 y 2023 la nueva fórmula propuesta generará un aumento promedio de 5 puntos porcentuales más que con la ley suspendida.
*Abogado (UBA). Doctrinario Laboralista.
